Informe al Comité CEDAW sobre la situación de las mujeres defensoras en México

Presentamos este informe la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Ambas nacimos en el 2010. La RNDDHM está integrada por 434 defensoras y mujeres periodistas de 143 organizaciones articuladas con el objetivo de responder colectivamente ante las violencias que enfrentan periodistas y defensoras por la labor que realizan y por su condición de género. La IM-Defensoras, por su parte, es una articulación política que integra una estructura regional junto a más de 300 organizaciones y 3000 mujeres defensoras y disidencias sexo-genéricas de diferentes movimientos sociales y feministas de Mesoamérica con el objetivo de poner el cuidado y la sanación en el centro de la acción política y contribuir a sostener las vidas y las luchas de las defensoras de derechos humanos, aportando así a los procesos de transformación social feminista y contrahegemónica en la región.

La información que presentamos se elaboró a partir de los datos de nuestro Registro de Agresiones, una estrategia que hemos desarrollado desde 2012 a través del trabajo articulado entre redes de defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y en solidaridad con Nicaragua; y que ha permitido documentar, cuantificar y realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defienden derechos humanos en Mesoamérica.¹

La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que éstas viven tanto individualmente como en sus colectividades.

A continuación, y en el marco de la décima evaluación del Estado Mexicano ante el Comité de la CEDAW, presentamos información actualizada y recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de la protección integral feminista de las defensoras en México.

1. IM-Defensoras: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023, 2024. ↩︎︎

Después de la última evaluación de México ante el Comité CEDAW en julio 2018, las agresiones contra mujeres defensoras no han cesado. Lejos de ello, hemos documentado un incremento en la violencia y momentos de riesgo particularmente graves. En el transcurso de los últimos seis años, entre 2019 y 2024,¹ hemos registrado un total de 10,262 agresiones en contra de 2,303 defensoras y 143 organizaciones.  

La pandemia significó un momento de riesgo particularmente importante, con un aumento especialmente grave de las agresiones: entre 2020 y 2022 fueron registradas 5681 agresiones, lo que representa 55.3% del total documentado durante los seis años. El año 2022 fue el más violento con 2379 agresiones registradas.

En 2019 registramos 812 agresiones, mientras cinco años después, en 2024, se documentaron casi el doble con un total de 1622 agresiones. 

Algunas entidades federativas concentran la mayoría de estas agresiones. Durante los últimos cinco años,² más de la tercera parte de las agresiones (38,2%) fueron registradas en solo cuatro estados de la República: la Ciudad de México (18%), Chiapas (7%), Oaxaca (6.7%) y el Estado de México (6.5%)

1. Los datos presentados para el año 2024 y 2025 son datos preliminares. ↩︎︎
2. Datos del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2024 ↩︎︎

Las defensoras trastocan no sólo el sistema patriarcal, sino también el modelo económico, político y cultural de opresión y de despojo sistemático. Defienden, promueven y protegen una diversidad de derechos y, por desarrollar esa labor y hacerlo siendo mujeres, son agredidas.

Algunas de las luchas de las defensoras implican un riesgo mayor. Históricamente, en México¹ las defensoras que han enfrentado más violencia han sido quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión (29.9%), las defensoras del derecho a una vida libre de violencia (21.3%) y las defensoras de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los bienes comunes (12.8%).

Actualmente, las defensoras del derecho a la información y la libertad de expresión continúan enfrentando el mayor nivel de agresiones: 33% en 2023 y 37% en 2024. Las agresiones contra las defensoras del derecho a una vida libre de violencia representan a su vez 19% en 2023 y 21% en 2024. Mientras que las agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio, el medio ambiente y bienes comunes representaron 19% en 2023 y 10% en 2024.

Durante los últimos años también se ha visto agudizada la situación de riesgo de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación. A partir de 2022, las agresiones en su contra representan 15% o más del total de agresiones registradas en el país: 17% en 2022, 21% en 2023 y 15% en 2024

POR DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

En un país como México, que año tras año se encuentra entre los países más letales para quienes ejercen el periodismo y donde los medios pequeños y alternativos se enfrentan a la concentración mediática,² difundir información veraz y diversa se vuelve cada día más difícil, sobre todo para las mujeres, quienes nos enfrentamos además a prejuicios y discriminación machista.

Defender la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país significa luchar para que la población pueda tener acceso a información contrastada y verdadera; y también garantizar la facultad de poder expresar opiniones, ideas y pensamientos libremente y sin discriminación.³ Esta labor la desarrollan las periodistas, y también las comunicadoras, radialistas y quienes comparten información en el espacio público. Estas compañeras enfrentan riesgos diferenciados con base en los temas que cubren y difunden. Relacionado con ello, hemos documentado mayores agresiones en contra de quienes cubren temas relacionados con política, corrupción y colusión entre crimen organizado y actores políticos. Las periodistas que cubren manifestaciones, en particular marchas feministas, enfrentan también un riesgo particularmente elevado.⁴

En este contexto, hemos registrado durante los últimos seis años el asesinato de cinco defensoras de la libertad de expresión e información. El caso de una de ellas, M.L.M.L., ilustra de manera particularmente clara el vínculo que existe entre el tipo de cobertura periodística que se realiza y el nivel o situación de riesgo.

Al momento de ser asesinada, M.L.M.L. cubría temas relacionados con corrupción y política en la ciudad de Tijuana, situación por la que enfrentaba un nivel alto de riesgo y había sufrido agresiones previas. Había denunciado públicamente que temía por su vida y era beneficiaria de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California.

POR DEFENDER EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

En un país donde la vida les es arrebatada a alrededor de 10 mujeres cada día, defender el derecho a una vida libre de violencia es sumamente desafiante. Significa enfrentarse a un sistema patriarcal donde las agresiones no sólo vienen de los agresores de las mujeres que se acompañan, sino de toda la infraestructura institucional y fáctica que protege y perpetúa este orden patriarcal.

Las agresiones en contra de las defensoras del derecho a una vida libre de violencia se manifiestan por lo tanto en diversos ámbitos, tanto físico, virtual como simbólico. Uno de los contextos donde mayores agresiones enfrentan es el de las acciones colectivas como las protestas feministas.⁵

POR DEFENDER EL DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS BIENES COMUNES

Las defensoras de la tierra y el territorio en México son en su mayoría mujeres indígenas o afromexicanas que apuestan por la salvaguarda de la red de la vida, de la naturaleza, sus bosques y su agua.

Estas compañeras defienden el medio ambiente y una forma de vida arraigada en el territorio, en armonía con la naturaleza y las cosmovisiones ancestrales. Esta labor significa enfrentarse a los modelos hegemónicos de acumulación capitalista y de explotación extractivista, lo que es en sí intrínsicamente transgresor e implica riesgos particularmente elevados; sobre todo en un país como México, donde la lucha por el acaparamiento de los recursos y la depredación de los territorios se agudiza cada día más en medio de las múltiples crisis ambientales, mismas que se han traducido en, al menos, 211 conflictos ambientales en el país.⁶

El riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra, el territorio, el medioambiente y los bienes comunes se ha incrementado todavía más después de la sindemia por COVID-19. De 2022 a 2024 fueron registradas 860 agresiones en contra de las defensoras que se enfrentan, entre otros, a los grandes intereses económicos que se encuentran detrás de proyectos extractivistas o de infraestructura.⁷.

POR DEFENDER EL DERECHO A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Defender la verdad, justicia y reparación en México significa, entre otras cosas, acompañar y exigir justicia por las personas ejecutadas y por las privadas injustamente de la libertad, o luchar por la memoria y reparación de crímenes del pasado; pero durante los últimos años, defender este derecho en México significa sobre todo buscar personas desaparecidas. Actualmente, y con base en el Registro Nacional de personas Desaparecidas actualizado a 18 de mayo 2025, en México se encuentran reportadas como desaparecidas o no localizadas 128,596 personas.⁸ La magnitud de la crisis de desapariciones en el país es directamente proporcional al nivel de riesgo y agresiones que enfrentan las buscadoras, aquellas mujeres que se han organizado para encontrar a las personas de su familia desaparecidas.

Casi la cuarta parte (22%) de las agresiones contra defensoras del derecho a la justicia, verdad y reparación registradas a nivel nacional se concentró en dos entidades federativas, ambas particularmente afectadas por la crisis de desapariciones: Jalisco y Guanajuato. En cada uno de estos estados se registró 11% de las agresiones documentadas a nivel nacional contra defensoras del derecho a la justicia, verdad y reparación, evidenciando nuevamente la relación directa entre las altas cifras de desapariciones y el nivel de riesgo de las buscadoras.

La situación del estado de Jalisco es particularmente alarmante. En esta entidad la violencia letal se sigue agudizándose. Según los datos preliminares para 2025 de nuestro registro, en dos de los cuatro asesinatos de mujeres defensoras documentados, las víctimas fueron buscadoras de Jalisco: T.G.M., quien perdió la vida el 2 de abril 2025 luego de sufrir un ataque armado el 27 de marzo; y M.C.M., asesinada el 24 de abril 2025 junto a su hijo. Este último asesinato fue perpetrado apenas unas semanas después del hallazgo de un campo de exterminio operado por el crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, campo que fue hallado por el mismo colectivo al cual pertenecía M.C.M.

1. Cifras corresponden a registros de agresiones de 2012 al 2022. ↩︎︎
2. RSF, 2025: Reporteros Sin Fronteras. México ↩︎︎
3. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 41. ↩︎︎
4. Ídem, p. 42. ↩︎︎
5. Ídem, p. 43. ↩︎︎
6. Mapa Mundial de Justicia Ambiental. ↩︎︎
7. IM-Defensoras, 2025: LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN. ↩︎︎
8. Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Búsqueda. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. ↩︎︎

Todas las formas de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos buscan “desarticular las expresiones de poder colectivo y acallar las voces de las mujeres y las disidencias sexuales, que desde diversos movimientos y territorios defienden los derechos humanos e impulsan procesos de transformación social".¹De ahí que la violencia contra de las defensoras, sus organizaciones y movimientos se exprese en una diversidad de agresiones, que se materializan en distintos ámbitos y a través de diversos tipos de violencia.

ÁMBITOS DE LAS AGRESIONES

Nuestro Registro de Agresiones distingue tres ámbitos en los que las defensoras, sus organizaciones y movimientos enfrentan ataques: el ámbito personal, el colectivo y el institucional; dependiendo de si los ataques se cometen en contra de una sola defensora, en el marco de acciones colectivas de defensa de derechos humanos o hacia las colectividades, organizaciones o grupos en los que las defensoras se organizan.²

En México, durante los últimos años hemos documentado cada vez más agresiones en el marco de acciones colectivas. Estas agresiones se llevan a cabo la mayoría de las veces en el contexto de acciones públicas como protestas, marchas, plantones y otras expresiones colectivas en el ámbito de lo público, particularmente en contra de movilizaciones feministas. Entre 2020 y 2022, y en el contexto de la sindemia, fueron registrados dos casos emblemáticos de esta modalidad de represión:

El 9 de noviembre 2020, en Cancún, Quintana Roo, policías del municipio de Benito Juárez dispararon al aire con arma de fuego contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas feministas, familiares de B.A.L.A. y otras personas manifestantes que se habían reunido frente al palacio de gobierno local para exigir justicia por el feminicidio de B.A.L.A.. En este contexto, un número indeterminado de personas manifestantes resultaron golpeadas, heridas y/o lesionadas, mientras otras ocho fueron detenidas.

El 8 de marzo de 2022, en Morelia, Michoacán, y en el contexto de una marcha por el Día internacional de la mujer, policías municipales detuvieron arbitrariamente a por lo menos 13 mujeres, entre ellas 5 menores de edad; asimismo este cuerpo policiaco hizo un uso excesivo de la fuerza, resultando lesionadas al menos 30 periodistas y manifestantes.

Con base en datos preliminares de 2024 podemos afirmar que esta tendencia sigue agudizándose. Efectivamente, más de la mitad de las agresiones registradas durante 2024 (51%) se dieron en contextos de acciones colectivas. Nuevamente en 2024, el 8 de marzo fue un momento de grave represión durante las manifestaciones en conmemoración del Día internacional de la mujer. Tan sólo en este contexto fueron registradas 295 agresiones en diferentes estados de la República Mexicana; destacan las ocurridas en Zacatecas, Puebla, San Luis de Potosí y Michoacán.  

TIPOS DE AGRESIONES

La violencia contra las defensoras, sus colectivos y movimientos se manifiestan de diversas formas, algunas son más frecuentes y reiteradas. En México, la mitad de las agresiones registradas (51%) durante los últimos cinco años fueron la limitación, impedimentos y/o ataques por comunicar y/o recibir información (10%), las amenazas (9%), el hostigamiento (9%), la violencia física (9%), la violencia verbal (5%), la limitación, impedimentos y/o ataques por manifestarse pacíficamente (5%) y la vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho de la vida cotidiana (4%). Todas estas agresiones buscar desarticular el poder colectivo de las defensoras.

La limitación, impedimentos y/o ataques por comunicar y/o recibir información constituyen una de las manifestaciones más frecuentes de la violencia contra las periodistas y otras defensoras de la libertad de expresión y de información; son sintomáticas del cierre de espacios para ejercer esta labor.

El hostigamiento y las amenazas, son agresiones poco visibles en el ámbito de lo público y buscan disuadir de seguir con la labor; por lo general son las primeras expresiones de patrones de violencia que van escalando hacia agresiones de mayor impacto.³.

La violencia física, a su vez, se ejerce directamente en el cuerpo de las defensoras y busca causar daño, lesiones o sufrimiento a través de la fuerza corporal o de algún arma.⁴.

En cuanto a la violencia verbal, busca causar daño a través del discurso utilizando en la mayoría de los casos expresiones discriminatorias, humillantes y/o sexistas.⁵

Otro fenómeno que cobra cada día más relevancia para las defensoras en Mesoamérica es la criminalización. En nuestra región, al menos 1 de cada 20 agresiones es una detención arbitraria o una judicialización, y México no es una excepción. Los gravísimos impactos que este tipo de violencia tiene en las defensoras, sus espacios organizativos y sus familias, hacen necesario destacarlo. Un aspecto importante de la criminalización es que antes de ejecutarse la detención o judicialización, las defensoras, sus organizaciones y movimientos suelen enfrentar estigmatización. A través del señalamiento público de las defensoras se busca deslegitimar su labor y construir las condiciones para su posterior privación de la libertad o vinculación a procesos judiciales. Este proceso de deslegitimación se realiza a través de diversas estrategias de cuestionamiento o desprestigio como la divulgación de información falsa, rumores o incluso de señalamientos desde el ámbito de lo privado. Para las mujeres defensoras, el agredirlas desde el ámbito de lo privado no sólo está presente en la estigmatización sino en todos los tipos de agresiones en su contra; y es característica de la violencia clasista, racista y patriarcal.

El caso de la defensora indígena K.H., ejemplifica con total claridad como se desarrolla este fenómeno de la criminalización, siendo además uno de los casos en los que con más claridad se puede hablar incluso de ensañamiento penal. K. se encuentra privada de libertad desde hace más de cuatro años y medio, enfrentando 10 procesos penales de distinta naturaleza, por tomar casetas como forma de protesta por la liberación de presos políticos. Estos procesos han tenido en común la constante violación de sus derechos y enfrenta condiciones de reclusión que pueden ser consideradas tortura. Ha sido privada de libertad en un centro de máxima seguridad y ha enfrentado situaciones extremas de aislamiento, restricciones injustificadas a la atención médica y a las visitas de familiares y representantes legales, situaciones estas que llevaron a que la defensora se pusiera en huelga de hambre en dos ocasiones. Si bien el ex presidente de la República Mexicana mostró públicamente y en distintas ocasiones voluntad para resolver la situación jurídica de la defensora, no se ha logrado llegar al acuerdo reparatorio con la empresa pública que protagoniza las acciones penales en su contra, lo que hasta ahora ha impedido su excarcelación, evidenciándose que a través de K.H. se busca generar un castigo ejemplar de criminalización de la protesta social.

Finalmente, otra tendencia de agresión que se ha ido fortaleciendo durante los últimos años en nuestra región es la de las agresiones digitales. Estas se cometen en el ámbito de lo virtual y las más comunes son las campañas de desprestigio, la divulgación de hechos falsos, amenazas y ciberacoso o ciberbullying.⁶

Este tipo de violencia creció de manera particularmente exponencial en el contexto de la sindemia por COVID-19. En México, de 2020 a 2022 fueron documentadas 1643 agresiones virtuales, lo que representa 29% del total de agresiones registradas durante este periodo. Las periodistas, defensoras del derecho a la información y libertad de expresión y las defensoras del derecho a una vida libre de violencia son quienes más agresiones digitales enfrentaron.⁷

Las agresiones digitales han continuado después de la sindemia; con base en datos preliminares de 2024, 299 agresiones digitales han sido documentadas, lo que representa 18% del total de agresiones registradas.

VIOLENCIA LETAL

La forma más grave e irreparable de agredir a las defensoras es arrebatarles la vida. Los asesinatos de las defensoras constituyen la última agresión que se materializa después de un patrón de agresiones, que en la mayoría de los casos se ha ido desarrollando desde mucho tiempo atrás.

En el transcurso de los últimos seis años hemos documentado un aumento de la violencia letal, con 51 feminicidios y transfeminicidios de defensoras entre 2019 y 2024. Con base en datos preliminares de 2025, puede afirmarse que esta tendencia sigue agudizándose, pues en apenas cuatro meses se documentaron los feminicidios de 4 defensoras, sumando un total de 55 defensoras asesinadas desde el 1 de enero de 2019 al 3 de mayo 2025.

Algunas defensoras enfrentan un riesgo mucho mayor a ser víctimas de feminicidio o transfeminicidio. 56% de las defensoras asesinadas eran buscadoras (16) o defensoras de los derechos de la población LGBTTTIQ+ (15); 13% defendía los derechos de las mujeres, incluido el derecho a una vida libre de violencia (7); 11% defendía el derecho a la tierra, el territorio, el medioambiente y los bienes comunes (6); 9% defendía el derecho a la información y libertad de expresión (5); otro 10% de las defensoras asesinadas defendían derechos de los pueblos indígenas (3), derechos laborales y de personas trabajadoras (1), derechos de la niñez y juventud (1) o derechos de personas con discapacidad (1).

• VIOLENCIA EXACERBADA CONTRA LAS "BUSCADORAS"

En base a datos del Registro de Agresiones, 16 de las defensoras asesinadas de 2019 a 2025 (el 29%) defendían el derecho a la justicia, verdad y reparación, todas eran buscadoras de personas desaparecidas. El feminicidio de las buscadoras se concentró en 9 estados, y el 62% de estos en cuatro entidades federativas: Guanajuato (3), Jalisco (3), Oaxaca (2) y Sonora (2). Durante los últimos 5 años, también hemos registrado 15 intentos de asesinatos contra buscadoras.

• TRANSFEMINIDIOS DE DEFENSORAS DE DERECHOS LGBTTTIQ+

Defender derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ es cada día más peligroso en nuestra región donde los discursos conservadores, fundamentalistas y trans-excluyentes están creciendo.

En México el odio y la discriminación contra la comunidad LGBTTIQ+ se traduce en una violencia letal contra quienes defienden sus derechos. Durante los últimos seis años fueron documentos 15 transfeminicidios de defensoras de derechos de LGBTTTIQ+. Los transfeminicidios se concentran en 8 estados: en Morelos (4), el Estado de México (3), seguidos por Chihuahua (2), Guanajuato (2) y los estados de Durango (1), la Ciudad de México (1), Tabasco (1) y Baja California (1).

1. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 62. ↩︎︎
2. Ibídem. ↩︎︎
3. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 75. ↩︎︎
4. Ídem, p.73. ↩︎︎
5. Íbidem. ↩︎︎
6. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 78. ↩︎︎
7. íbidem. ↩︎︎

En Mesoamérica, la mayoría de los perpetradores de agresiones contra las defensoras (45%) son actores estatales. Esto significa que el Estado, además de no garantizar la protección, en casi la mitad de las agresiones es también quien las comete.¹

Entre 2012 y 2022, según nuestro Registro de Agresiones, 34.9% de perpetradores en México fueron actores estatales; de estos 18.5% fueron autoridades públicas y 16.4% policías.

Datos preliminares para el año 2024 ilustran que la responsabilidad de actores estatales en las agresiones ha ido creciendo; fueron identificados los perpetradores como actores estatales en 47% de los casos: autoridades públicas estatales (11%), federales (10%), municipales (5%), policía estatal (11%) o municipal (6%) o fuerzas armadas (4%). Hemos documentado el uso del Ejército y la Guardia Nacional para intervenir en protestas y desalojos, particularmente en comunidades indígenas y rurales en territorios con conflictos socioambientales.

Adicionalmente, uno de cada cuatro (25%) de los perpetradores son desconocidos (incluyendo usuarios virtuales desconocidos).

1. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 10. ↩︎︎

Frente a los patrones de agresiones reiteradas en contra de las defensoras, sus colectivos y movimientos, una de las estrategias que han tenido que desarrollar para su protección ha sido el recurrir a medidas de protección otorgadas por instancias de Estado.

Al respecto, es importante recordar que desde 2012 existe en México el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que fue creado con el fin de garantizar la protección de personas defensoras y periodistas en el país. Este mecanismo está facultado para otorgar medidas de protección, así como medidas de prevención, para contrarrestar los riesgos que enfrentan las personas defensoras y periodistas.

En los párrafos 169 y 170 del décimo informe del Estado Mexicano al Comité CEDAW y en respuesta a la solicitud de información realizada por este Comité sobre la implementación del Mecanismo Federal de Protección, el Estado reporta como avance el incremento del número de personas defensoras incorporadas y beneficiarias de medidas de protección de dicho Mecanismo. Sin embargo, y reafirmando la importancia de la existencia de dicha instancia, el aumento de las personas beneficiarias de las medidas debería valorarse como un incremento en la situación de riesgo que las personas defensoras enfrentan, lo que evidencia que el Mecanismo y las demás instancias públicas no están desarrollando un trabajo en materia de prevención del riesgo.

Por otro lado, la mera incorporación y/o emisión de medidas no es ninguna garantía de protección. Con base en nuestro Registro de Agresiones documentamos que, durante los últimos cinco años, 15% de las defensoras agredidas contaba con medidas de protección en el momento de sufrir una agresión. Asimismo, registramos en este mismo periodo 54 casos de incumplimiento de medidas cautelares y 14 de retiro de medidas.

Estos datos dan cuenta de la insuficiencia y falta de eficiencia de las medidas de protección oficiales. En numerosos casos no han permitido prevenir ni tampoco mitigar las agresiones.

El caso de S.P., defensora de derechos sexuales y reproductivos, demuestra que las medidas de protección ni siquiera han permitido inhibir agresiones cometidas por actores del mismo Estado. Esta defensora, a pesar de contar con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2018, sufrió reiteradas agresiones por parte de autoridades municipales y estatales de Yucatán.¹ S.P. falleció el 14 de diciembre 2022 por problemas de salud sin tener acceso a la justicia por las agresiones que había sufrido.

El caso de la periodista M.L.M.L., mencionado más arriba, evidencia una situación aún más grave: la falta de eficacia de las instancias oficiales para proteger la vida, ya que la periodista fue asesinada a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección de Baja California.

1. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 45. ↩︎︎

La impunidad en México alcanza alrededor del 99% para todos los delitos, situación que reconoció el propio Fiscal General en 2019.¹

Con relación a la situación particular de acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos, la ONU-DH México ha señalado que en aproximadamente 66% de 138 casos de asesinatos de personas defensoras y periodistas que ha documentado, las personas defensoras y periodistas habían sufrido incidentes previos, y en más de 30% habían denunciado formalmente agresiones previas.²

Estos datos ilustran que el Estado Mexicano y, en particular, las instancias responsables de la procuración e impartición de justicia, en lugar de garantizar el acceso a ésta han sido más bien garantes de la impunidad, además de ejercer también como perpetradores de agresiones en contra de las defensoras en los casos de criminalización y judicialización.

En este contexto, las defensoras sienten desconfianza y también temor hacia el sistema de justicia, por eso en muchas ocasiones han decidido recurrir a otras instancias adentro de la propia sociedad civil y organizarse a través de sus propias colectividades para defenderse y asesorarse.³

1. Senado de La República, 2019: Versión del mensaje del Fiscal General de la República, durante la Presentación de la Reforma con y para el Poder Judicial, en Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado. ↩︎︎
2. ONUDH, 2024: Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 2024. p.17. ↩︎︎
3. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. p. 56. ↩︎︎

La violencia contra las defensoras en Mesoamérica se inscribe en un contexto sociocultural atravesado por la violencia, clasista, racista y patriarcal.

Las formas en las que las defensoras, sus colectivos y movimientos son agredidos reflejan también este contexto. Hemos documentado que en 39% de las agresiones registradas en Mesoamérica ha sido identificado algún componente de discriminación basado en el género.

Algunas de las expresiones más frecuentes se hacen tangibles en los casos de estigmatización, pero también en los de amenazas y criminalización. Se manifiestan a través de discursos misóginos y estereotipos de género que cuestionan su labor de defensa, labor que en sí misma es transgresora, al romper con los roles y mandatos tradicionales de género. Las agresiones incluyen en reiteradas ocasiones cuestionamientos sobre el incumplimiento de su rol tradicional de cuidadoras. Las expresiones discriminatorias son también campañas de desprestigio desde el ámbito de lo privado, dirigiéndose por ejemplo a sus familias –particularmente a sus hjjas/es/os– o refiriéndose a su sexualidad, otras veces se expresan a través de la violencia sexual.¹¹.

El caso de la defensora G.I.L.V. ilustra con claridad el carácter misógino y particularmente violento de las agresiones con componentes de discriminación basadas en el género. La defensora enfrentó una serie de agresiones durante 2021, entre éstas encontró un mensaje de amenaza junto a su mascota que había sido brutalmente desmembrada, el mensaje decía: “Te estás metiendo en cosas que no debes, dedícate a cuidar a tu familia”. Escrito con sangre también se leía: “Sigues tú”.

1. IM-Defensoras, 2024: Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10 + años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, 2012-2023. pp.91-93. ↩︎︎

Frente a la situación descrita consideraríamos relevante que el Estado Mexicano desarrolle acciones dirigidas a:

• Poner un alto a la violencia letal contra las defensoras a través de investigaciones diligentes que tomen en cuenta elementos basados en el género, factores sociales e interseccionales y garanticen la reparación integral del daño. Desarrollar también medidas para la prevención de los feminicidios y transfeminicidios contra defensoras en particular para quienes enfrentan el mayor riesgo: las buscadoras y defensoras de los derechos LGBTTTIQ+.

• Garantizar el derecho a la protesta pacífica en particular en los contextos de manifestaciones feministas, limitando la presencia de fuerzas de seguridad en estos contextos, al ser éstas una de las principales fuentes de riesgo para las manifestantes.

• Poner un alto a todas las formas de difamación, desprestigio y estigmatización en contra de las defensoras absteniéndose de perpetrar estas agresiones y depurando las responsabilidades de quienes las cometan, tomando en cuenta los impactos que generan en los ámbitos familiares, laborales y sociales, así como que generan un contexto de permisibilidad para agresiones de mayor impacto como la criminalización o el feminicidio.

• El cese de la criminalización de la defensa de los derechos humanos y la liberación inmediata de las defensoras injustamente privadas de la libertad.

• Garantizar la implementación eficaz de del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en prioridad mediante la adopción y debida implementación de planes integrales de protección que no revictimicen a las defensoras con amenazas infundadas de suspensión de las medidas; que superen lógicas individuales y urbanas e integren un enfoque intercultural y de género. Es necesario que estos planes y las medidas que incluyen transiten de visiones tradicionales, “securitistas”, de la protección que priorizan medidas duras de seguridad física (chalecos antibalas, aseguramiento de vivienda, etc.) hacia enfoques como la Protección Integral Feminista (PIF) y que incluyan acciones de protección ante agresiones en el ámbito digital

• Garantizar los derechos digitales de las defensoras mediante la prevención y desarrollo de medidas de garantías de no repetición de las agresiones digitales y la vigilancia.

• Garantizar la protección de las defensoras y comunidades defensoras de la tierra, el territorio y los bienes comunes a través del respeto al consentimiento libre, previo e informado y la cancelación de cualquier participación o apoyo a proyectos de carácter extractivistas a los que las defensoras y sus comunidades se oponen.