FOTO (detalle): Rosario Ochoa
Desde hace varias décadas, el 8 de marzo millones de mujeres y feministas alrededor del mundo constatamos el peso de nuestras voces juntas. Nos movilizamos en plazas y otros espacios públicos para reivindicar nuestra determinación de transformar un mundo en crisis que impone sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios la violencia y explotación patriarcal, racista, capitalista y colonial.
El 8 de marzo es un momento de estar y sentirnos juntas, de construir un solo grito de rabia y esperanza y de hacerlo desde nuestra diversidad. El 8 de marzo nos reconocemos entre nosotras, honramos a nuestras ancestras y a quienes defendemos los derechos de todas.
Las multitudinarias movilizaciones de los últimos años nos han hecho aún más visibles y han hecho posible que, tímida o abiertamente, otras muchas mujeres se hayan sumado a nuestro llamado por la igualdad, la justicia y la libertad. Esta expresión de fuerza es una terrible amenaza para quienes nos quieren sumisas, solas y en nuestras casas. Por ello, las marchas del 8 de marzo y de otras fechas emblemáticas protagonizadas por mujeres y feministas generan tanto miedo y rabia en quienes vigilan el orden patriarcal, siendo la violencia la única respuesta posible.
Desde la IM-Defensoras y las redes y articulaciones nacionales de defensoras que la integramos, hemos constatado la creciente violencia y represión cada vez que nos manifestamos, las cuales marcan una tendencia regional dirigida a callar voces y limitar nuestra presencia en los espacios públicos para la protesta, algunos de los patrones identificados son:
Limitar nuestro espacio de protesta y militarización de las marchas. En los últimos años cada vez más feministas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador han visto restringido su derecho a la libre manifestación por cuerpos policiales que establecen los límites de sus movimientos con la excusa de “cuidar” a quienes participan en las marchas. Con frecuencia son otras mujeres quienes presiden los cordones restrictivos como una estrategia para invisibilizar la violencia patriarcal.
En Nicaragua, desde 2019 toda manifestación y protesta ha sido prohibida, y ante cualquier intento de nuestras compañeras para juntarse y protestar son rodeadas por policías o paramilitares. Estos hostigamientos comúnmente continúan en sus casas y se extienden a sus familias. En Honduras las protestas son sistemáticamente reprimidas con gases lacrimógenos y otras formas de violencia policial.
Agredir y exponer nuestros cuerpos. Los golpes, empujones, tocamientos y otras formas de violencia sexual son parte de las vivencias relatadas por compañeras que han sido agredidas durante protestas en todos los países. Defensoras indígenas, defensoras de la tierra, transgéneros, lesbianas y jóvenes activistas de toda la región son quienes con mayor frecuencia se han enfrentado a los custodios de este sistema racista, machista, clasista y adultista al que nuestras voces incomodan.
A lo anterior se suman ejercicios de intimidación como seguirles en los recorridos de las marchas, fotografiarlas, grabarlas en videos y luego divulgarlos en redes sociales.
Para las periodistas y comunicadoras estos ataques incluyen además despojarles o destruir sus instrumentos de trabajo, como teléfonos y cámaras, los cuales con frecuencia acaban formando parte del botín de los agresores.
Discursos de odio desde las instituciones. Se ha incrementado el ataque sistemático contra feministas y sus organizaciones. “Feminazis”, “mareras”, “abortistas” “terroristas” y “vandálicas” son algunos términos utilizados desde los discursos oficiales para generar odio hacia nosotras, valiéndose del aparato estatal y las redes sociales para difundirlos. El terreno digital se ha convertido en otro campo de lucha, donde las feministas y líderes somos igualmente señaladas, hostigadas y agredidas, lo cual vimos incrementarse en 2020 sobre todo en países como El Salvador. Estas campañas de odio generan un impacto en nuestras redes de apoyo, en nuestras comunidades, organizaciones y familias y han llegado a materializarse en agresiones no solo por parte de cuerpos armados estatales, sino también de desconocidos o personas cercanas.
Criminalización de las luchas y la protesta. En todos los países hemos documentado procesos de criminalización a compañeras cuyo único delito fue manifestarse y levantar la voz, como un intento de desmovilizar e instaurar el miedo, para evitar que salgamos a las calles. Un ejemplo de ello son las notificaciones que han recibido en México feministas participantes en las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 por parte de la fiscalía, o la detención arbitraria de compañeras del Bajo Aguán y Guapinol en Honduras, o de defensoras jóvenes de Nicaragua y Guatemala por el simple hecho de manifestarse.
La pandemia al servicio de la represión. La pandemia de la COVID-19 ha sido una herramienta para imponer medidas totalitarias que limitan nuestras protestas y nuestro derecho a informar e informarnos. La imposición de toques de queda y aislamiento obligatorio han sido las excusas para agredirnos, criminalizarnos y asesinarnos.
Es por todo ello que este 8 de marzo, como todos los días del año, las mujeres exigimos vivir sin violencia y poder expresarnos, reunirnos y manifestarnos sin miedo.
Exigimos a nuestros Estados reconocer y responsabilizarse de la grave situación de violencia y desigualdad que enfrentamos las mujeres, y evitar cualquier acto de difamación u otra forma de violencia en contra nuestra.
Este 8 de marzo estaremos vigilantes de las actuaciones de las autoridades y otros actores que pretendan acallar nuestras voces y denunciaremos cualquier acto de violencia y represión en nuestra contra. Pero, sobre todo, seguiremos cuidándonos juntas, defendiendo la vida y construyendo el mundo de dignidad y derechos que todas merecemos.