La investigación evidencia la criminalización como una herramienta sistemática de control para impedir la defensa de derechos humanos en Nicaragua.
Este miércoles 2 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentaron en San José, Costa Rica, la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua. Capítulo Nicaragua”. En la presentación intervinieron Silvia Gutiérrez, activista política e hija de la presa política Evelyn Pinto, y algunas de las defensoras nicaragüenses participantes en la investigación, entre ellas Ana Quirós, Alexandra Salazar y Wendy Flores.
La criminalización como herramienta de control para impedir la defensa de derechos en Nicaragua.
En el marco de la deriva totalitaria emprendida desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, la criminalización ha sido uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación, desarrollada en 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, a partir de los testimonios de 28 defensoras nicaragüenses criminalizadas. Estos testimonios fueron recabados de manera virtual a través de 5 entrevistas individuales y la realización de 4 grupos focales que también contaron con la participación de abogadas encargadas de los casos, algunas de las cuales también han sido objeto de criminalización.
En la actualidad, en Nicaragua hay más de 200 personas presas políticas, 21 de las cuales son mujeres; entre ellas varias feministas y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Tamara Dávila, quien fue una de las defensoras participantes en la investigación y que,como el resto de presas políticas, sigue privada de libertad bajo condiciones inhumanas de incomunicación, aislamiento e insalubridad.
No obstante, el estudio refleja cómo desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el gobierno de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que estas apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez, hija de su esposa y actual vice-presidenta Rosario Murillo, y de que se opusieran a la penalización del aborto que Ortega pactó con la jerarquía católica. También fue usada contra quienes, como Doña Francisca Ramírez, alzaron su voz contra el macroproyecto del Canal Interoceánico que amenazó los territorios y las vidas de muchas comunidades campesinas.
La investigación también hace hincapié en cómo la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias.
La criminalización a defensoras en Mesoamérica: un fenómeno constante y creciente.
De acuerdo con las organizaciones, esta es la primera de tres publicaciones que reflejan los resultados de una investigación sobre un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región mesoamericana, como es la criminalización de las mujeres que defienden derechos humanos en Nicaragua, Honduras y México.
Las mujeres que participaron la investigación indicaron que la criminalización es consecuencia del avance del neoliberalismo, del desarrollo capitalista voraz, de los gobiernos corruptos, autoritarios y conservadores de sus países, así como de las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional, los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, esta modalidad de agresión tiene sobre las defensoras, sobre sus cuerpos, sus vidas y sus luchas.
Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, esta investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.