DATOS QUE NOS DUELEN, REDES QUE NOS SALVAN - 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)

Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.

En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Desde sus respectivas particularidades, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se han caracterizado en la última década por la agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la militarización, el extractivismo, la penetración o profundización de la presencia del crimen organizado, el feminicidio/femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, así como por una crisis migratoria sin precedentes. Incluso en países en los que se han generado cambios electorales de signo progresista no se han podido superar las violencias y desigualdades estructurales.

Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.

Entre 2012 y 2023 hemos documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras que trabajan en la defensa de derechos humanos en Mesoamérica.¹

En el mismo período, 200 compañeras defensoras fueron asesinadas. A esta cifra se suman los 228 intentos de asesinato registrados, esto significa que de haberse materializado la intención de los perpetradores, en la actualidad estaríamos hablando de 428 compañeras aniquiladas por luchar por un mundo mejor.

Es importante destacar que de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, 40% fueron contra defensoras trans, con un total de 23 transfemicidios/transfeminicidios que se caracterizaron por la tortura y saña con que fueron cometidos.

LA SINDEMIA: UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS

En 2020 y 2021, en el marco de la sindemia por COVID-19, se dio un incremento exacerbado en el registro de agresiones que realizamos en la IM-Defensoras. En 2020 registramos 4,745 agresiones, cifra que representa el doble de agresiones que el año precedente. Mientras que en 2021 documentamos 6,943 agresiones, lo cual supone 46% más que en 2020. Muchas de estas agresiones están vinculadas de forma directa o indirecta con medidas autoritarias de control social que los gobiernos en sus diferentes niveles (nacionales/federales, estatales/departamentales o locales/municipales) implementaron durante la emergencia sanitaria.

Hoy la sindemia parece ser un tema del pasado, sin embargo, el avance de las medidas de control y restricción de la movilización por parte de los Estados de la región no se ha revertido. Por el contrario, durante la sindemia se sentaron las bases para implementar estrategias de control que se mantienen hasta ahora y que se han consolidado como la verdadera nueva normalidad.

1. Los datos de 2023 no contienen información sobre Guatemala. Por otra parte, es importante señalar que en los años previos al ajuste de la base de datos del sistema de registro en 2020, la suma anual tanto de defensoras como de organizaciones agredidas puede contabilizar más de una vez a las que fueron agredidas de forma reiterada durante ese mismo año. ↩︎︎

Como protectoras de la vida, las defensoras mesoamericanas defendemos una diversidad de derechos de forma simultánea. A continuación detallamos los principales derechos que, a nivel regional, estábamos defendiendo en el momento de ser agredidas, según los datos recabados en nuestro registro entre 2012 y 2022.¹

• 6,629 agresiones por defender el derecho a la verdad, justicia y reparación. Estas agresiones suponen 23% de las agresiones documentadas entre 2012 y 2022. A partir de 2020 identificamos un aumento constante y alarmante de las mismas. Esto es un reflejo del aumento de la violencia social generada por las prácticas totalitarias de los gobiernos y otros poderes fácticos como el crimen organizado, ante los cuales las mujeres (madres, hermanas, abuelas...) asumimos la búsqueda de la justicia y el acompañamiento a familiares y víctimas. Destacan las agresiones en contra de las colectivas de “buscadoras” en México, de las Madres de Abril en Nicaragua² o de familiares de las niñas asesinadas en la masacre del Hogar Virgen de la Asunción en Guatemala,³ todas ellas sujetas políticas que se enfrentan a poderosos actores estatales y no estatales articulados para preservar un sistema de impunidad.

• 4,504 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden la tierra, el territorio y bienes comunes de la naturaleza. Estas agresiones, que representan 15,6% del total de agresiones registradas, se dirigen principalmente hacia mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo y la explotación capitalista. A lo largo del período que abarca este informe identificamos tres momentos que apuntan a un repunte sustancial de agresiones de este tipo: en 2017, tras el asesinato de Berta Cáceres, en contra de defensoras que se oponían a megaproyectos y exigían justicia en Honduras;⁴ en 2020, en el marco de la sindemia por COVID-19,⁵ ante la cual los gobiernos respondieron habilitando la restricción de derechos y acelerando procesos de militarización para favorecer el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres; y en 2022, particularmente en Honduras, a través de agresiones relacionadas con la estigmatización, criminalización y desalojos violentos y racistas a comunidades indígenas que son expulsadas de sus tierras ancestrales⁶ para favorecer proyectos extractivos, ecocapitalistas o turísticos.

• 4,062 agresiones por la defensa del derecho a la libertad de expresión. Representan 14.1% del total de agresiones registradas en la región y responden a los contextos particulares de cada país. En México⁷ la libertad de expresión se enfrenta al oligopolio mediático y a la complicidad y alianza que con frecuencia se da entre autoridades gubernamentales de diferentes niveles⁸ y el crimen organizado. En El Salvador, desde el inicio del período presidencial de Nayib Bukele en 2019, el periodismo no oficialista ha sido víctima de acoso sistemático, habiéndose utilizado la “Ley de ciberdelitos” y la “Ley de escucha telefónica y registro de llamadas” para vigilar y criminalizar la cobertura crítica con el gobierno. En Nicaragua, el cierre y criminalización de los medios de comunicación señalados como opositores a partir de la “Ley de ciberdelitos” ha acorralado a periodistas y comunicadoras no afines al gobierno, obligándolas a trabajar en la clandestinidad o en el exilio. Por su parte, en Guatemala la seguridad de quienes ejercen el periodismo se ha degradado en los últimos años, generando especial preocupación la persecución penal y censura a periodistas y medios de comunicación que investigan actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.⁹ La manipulación de los marcos legales y los sistemas de justicia para acallar voces y criminalizar a quienes defienden el derecho a informar y a expresarse libremente se ha hecho notoria y recurrente en toda la región.

• 3,000 agresiones contra defensoras u organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Estas agresiones, que representan 10.4% del total de las registradas en la región, afectan a defensoras y organizaciones que se enfrentan tanto a los agresores de las mujeres a las que acompañan y defienden, como a actores estatales y no estatales que pretenden proteger a estos agresores y mantener el orden y privilegios del sistema patriarcal. En México, las agresiones contra defensoras de este derecho representan 21.3% del total de agresiones documentadas en el país entre 2012 y 2022; entre éstas destacan las agresiones colectivas cometidas en el marco de movilizaciones feministas en protesta contra los feminicidios y otras violencias de género.

• 2,614 agresiones hacia defensoras de la participación política y comunitaria de las mujeres. Estas agresiones representan 9.1% del total regional, pero destaca el hecho de que más de la mitad de las mismas (1,475) fueron documentadas en Nicaragua. En este país, a partir de 2018 se ha dado un proceso de consolidación de un gobierno de carácter totalitario que sanciona y persigue cualquier acto de defensa de derechos e implementa estrategias de represión en contra de las defensoras o sus familias a través de hostigamientos, destierro o despojo de ciudadanía,¹⁰ detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas¹¹ y criminalización bajo los delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”.¹² Por su parte, en 2021 en El Salvador registramos un total de 185 agresiones contra defensoras del derecho a la participación política de las mujeres, representando el año con mayor número de agresiones contra estas defensoras en dicho país. Destacan las agresiones perpetradas contras defensoras participantes en manifestaciones feministas,¹³ o hacia quienes se pronunciaban en contra de la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele,¹⁴ siendo las más frecuentes: campañas de desprestigio y amenazas virtuales, vigilancia e intimidación policial e intentos de detención con uso de violencia.

• 540 agresiones contra quienes luchan por la defensa de derechos sexuales y reproductivos. En todos los países de la región, de la mano con el avance de discursos fundamentalistas y de ultraderecha y la intromisión de las jerarquías religiosas en los asuntos públicos, representantes de partidos políticos de diferentes banderas ideológicas han promovido políticas que, en nombre de la “protección de valores familiares”, vulneran los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Entre 2012 y 2022 documentamos campañas de desprestigio y estigmatización que incluyen calumnias, discursos de odio e incitación a la violencia contra defensoras y colectivas feministas que promueven derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto. Algunas de estas agresiones fueron promovidas a nivel local e internacional por organizaciones anti-derechos en el marco de la campaña “40 Días por la Vida” en El Salvador¹⁵ y México¹⁶. Otras se dieron en el contexto de la demanda de justicia que cristalizó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de El Salvador por la detención, condena y posterior muerte de “Manuela”, una mujer que fue sentenciada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstrética.¹⁷

1. A partir de ahora, los datos presentados comprenden el periodo 2012-2022, debido a que para 2023 no contamos con la información de Guatemala. Para información más detallada sobre el año 2023 pueden consultar el capítulo Una mirada preliminar a 2023. ↩︎︎
2. AMA es una de las entidades de referencia surgidas en el contexto de la crisis socio-política en Nicaragua, cuando madres y familiares de personas asesinadas en el marco de las protestas se organizaron para exigir justicia, verdad y reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en su mayoría por fuerzas policiales y parapoliciales afines al gobierno. ↩︎︎
3. IM-Defensoras: [Alerta Defensora] GUATEMALA / Presunto maltrato, explotación sexual, ejecución extrajudicial y femicidio de jóvenes internas en el “Hogar Seguro, Virgen de la Asunción”. 11 de marzo de 2017. ↩︎︎
4. IM-Defensoras: Informe tendencia en defensoras de tierra, territorio y justicia. Agosto 2021. https://im-defensoras.org/2021/08/informe-tendencia-en-defensoras-de-tierra-territorio-y-justicia/ ↩︎︎
5. En la IM-Defensoras decidimos usar el término sindemia para referirnos a la crisis profundizada por el Coronavirus. Este término refiere al impacto mayor que tiene una situación de salud debido a su interacción con condiciones sociales y ambientales que hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Fuente: IM-Defensoras. Julio 2021. Des-hilar la crisis, tejer futuros. Impactos de COVID-19 sobre las vidas y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechos humanos. ↩︎︎
6. IM-Defensoras: [Alerta Defensora] Honduras / Criminalizan a defensoras garífunas tras detenerlas en violento e ilegal desalojo de la comunidad de Punta Gorda, Roatán. 9 de noviembre de 2022. ↩︎︎
7. Red Nacional de Defensoras de Defensoras de Derechos Humanos en México: Datos y tendencias del registro de agresiones a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México. 12 de diciembre 2022. ↩︎︎
8. En las agresiones a defensoras que defienden el derecho a la libertad de expresión y la información en México se identifica con frecuencia a autoridades locales como perpetradores en alianza con expresiones del crimen organizado. ↩︎︎
9. El caso más emblemático es el de José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, quien está en prisión desde mediados de 2022. ↩︎︎
10. IM-Defensoras: NICARAGUA / Represión migratoria y destierro por defender derechos en Nicaragua. 13 de octubre de 2022. ↩︎︎
11. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] NICARAGUA / Presas políticas feministas enfrentan tortura y maltrato en la cárcel. 16 de diciembre de 2021. ↩︎︎
12. IM-Defensoras: Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua. Capítulo Nicaragua. 2022. ↩︎︎
13. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] EL SALVADOR / Organizaciones feministas enfrentan el 8M en un contexto de hostigamiento y difamación. 7 de marzo de 2021. ↩︎︎
14. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] EL SALVADOR / Acoso, estigmatización descalificativos y amenazas de muerte en redes sociales por protestar contra el autoritarismo presidencial. 7 de septiembre de 2021. ↩︎︎
15. IM-Defensoras: EL SALVADOR / Pronunciamiento de la Red de Defensoras ante agresiones contra defensoras de derechos humanos. 19 de Octubre de 2020. ↩︎︎
16. IM-Defensoras: [Carta pública] MÉXICO / Red Nacional de Defensoras de DDHH en México solicita intervención del gobierno de Yucatán ante expresiones fundamentalistas contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos. 14 de febrero de 2018. ↩︎︎
17. IM-Defensoras: EL SALVADOR / Grupos anti-derechos intensifican campañas de estigmatización y discurso de odio contra feministas y defensoras que acompañan el caso “Manuela”. 16 de abril de 2021. ↩︎︎

EL ESTADO EN ALIANZA CON PODERES FÁCTICOS

En Mesoamérica, casi la mitad (45%) de nuestros agresores entre 2012 y 2022 fueron actores vinculados al Estado, incluyendo cuerpos policiales (22.9%), autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17.2%) o fuerzas militares (4.9%). Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos (corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas, monopolios de la comunicación, etc.).

EL SISTEMA DE (IN)JUSTICIA

El modelo capitalista, patriarcal y racista que impera en nuestros países se apoya en un sistema de (in)justicia en el cual el poder judicial se ha convertido en un instrumento que nos agrede y que promueve y garantiza la impunidad de nuestros agresores. De esta forma, el mismo sistema judicial que se utiliza para criminalizar y judicializar la defensa de derechos humanos o despojar a las comunidades de sus bienes y territorios, también se usa para obstaculizar el acceso a la justicia a las defensoras, garantizando la impunidad de quienes nos agreden, sosteniendo el poder de las fuerzas militares y policiales y protegiendo a actores no estatales como empresas privadas, crimen organizado y otros poderes fácticos.

Nuestro acceso a la justicia ante las agresiones que vivimos como defensoras de derechos humanos se ve mermado por los altos niveles de impunidad, la falta de confianza en el sistema de justicia estatal y el miedo a que poner una denuncia pueda generar nuevas agresiones en contra de nuestra integridad personal o la de nuestras familias. En búsqueda de seguridad, las defensoras acudimos a mecanismos nacionales, regionales o internacionales de protección. Sin embargo, en muchos casos estos mecanismos no son efectivos: 19.2% de las agresiones documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua entre 2012 y 2022 fueron contra defensoras que contaban previamente con medidas de protección.

OTROS AGRESORES

Además del rol preponderante del Estado como agresor directo, otros perpetradores relevantes son:

• Desconocidos. 20.4% de los perpetradores no han podido ser identificados, tanto en agresiones directas cometidas de forma presencial como en las que se dan en el entorno virtual. En los últimos años, el anonimato que facilitan las redes sociales las ha convertido en un medio privilegiado para agresiones como campañas de desprestigio, expresiones de odio, incitación a la violencia, amenazas, intimidación y hostigamiento psicológico. Entre 2020 y 2022 hemos documentado 863 agresiones perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, los cuales representan 17.3% del total de agresores identificados en esos 3 años.

• Empresas. Son identificadas en 5.3% de las agresiones documentadas.El poder económico intenta detener la acción de las defensoras, organizaciones y comunidades que ponemos en evidencia los abusos y violaciones de derechos humanos que generan sus proyectos de acumulación de capital. Es importante señalar que en las agresiones documentadas se identifica sobre todo a empresas extractivistas transnacionales.

• Crimen organizado. Es responsable directo de 2.9% de las agresiones registradas. Debido a la naturaleza de su acción, basada en el anonimato, y al elevado riesgo que conlleva su denuncia y documentación, es muy difícil identificar con certeza cuando las agresiones son perpetradas por estos grupos que basan su negocio en la violencia, el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, muchas veces actores vinculados al crimen organizado son identificados en nuestro registro como principales sospechoso de las agresiones.

• Grupos fundamentalistas y anti-derechos. Identificados como responsables directos en 2.4% de las agresiones entre 2012 y 2022. No obstante, si nos focalizamos en los tres últimos años del periodo, entre 2020 y 2022, estos grupos representaron 20% de los perpetradores directos de las agresiones en contra de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Además, estos actores con frecuencia son identificados como los principales sospechosos de estar tras campañas impulsadas anónimamente o por usuarios virtuales desconocidos. El incremento en su influencia se debe tanto a la construcción de amplias alianzas transnacionales con iglesias, partidos políticos de extrema derecha y oscuras redes de financiación; como a su estrategia de buscar ganar legitimidad y movilizar adeptos a través de la construcción de un imaginario social de enemigo común —la llamada "ideología de género"— y de la reapropiación del lenguaje de la justicia social y de las formas organizativas de los movimientos sociales.

NOS AGREDEN DE FORMA REITERADA

Casi la mitad (46.3%) de las agresiones contra defensoras registradas en la región entre 2012 y 2022 son parte de una serie de eventos de violencia previos. Este porcentaje varía en cada país, oscilando entre el 31.6% de El Salvador y el 58% de Honduras. El carácter sistemático de las agresiones evidencia que estas violencias no son casos puntuales y aislados, sino que responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión con el objetivo de desgastarnos y detener nuestra labor de defensa.

ÁMBITO Y ALCANCE DE LAS AGRESIONES

• Agresiones directamente dirigidas contra la defensora, de manera personal. Entre 2012 y 2022 hemos registrado un total de 13,228 agresiones de carácter personal. Estas agresiones violaron sobre todo nuestro derecho a la integridad personal (31,9%), nuestro derecho al prestigio, a la imagen pública y a la vida privada y familiar (23,7%), así como nuestro derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión (14,1%). Durante el mismo período registramos 1,730 hostigamientos, 1,322 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad, 817 agresiones que implican algún tipo de violencia psicológica, verbal, física, tortura o tratos crueles, 730 vigilancias o prácticas de monitoreo o acecho de la vida cotidiana y 619 amenazas.

• Agresiones a personas cercanas. Las distintas violencias que enfrentamos no sólo se ejercen sobre nuestras personas y cuerpos, también buscan controlarnos y acallar nuestras luchas a través de narrativas y acciones que generan angustia y miedo en nuestro entorno inmediato: nuestras familias, organizaciones y comunidades. Entre 2020 y 2022 documentamos que en 39,5% de las agresiones personales vividas por las defensoras mesoamericanas se sumaron además ataques contra nuestras personas cercanas. Este porcentaje oscila entre el 11% y el 56% en los países de la región; resultando especialmente crítico el caso de Honduras y Nicaragua, donde supera el 50%.

• Agresiones colectivas. Entre 2012 y 2022 hemos documentado 13,340 agresiones de carácter colectivo.¹ Su evolución en el tiempo generalmente responde a hitos de protestas públicas y masivas que son objeto de una respuesta represiva por parte de los gobiernos. Es el caso de movilizaciones feministas contra la violencia machista y los femicidios/feminicidios, en particular en fechas emblemáticas como el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer); en movilizaciones estudiantiles en México;² o en acciones colectivas en exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres o el feminicidio bajo custodia policial de Keyla Martínez en 2021 en Honduras.³ Adicionalmente, identificamos un aumento de agresiones colectivas en Honduras a partir de 2020 relacionadas con los desalojos de comunidades que defienden su derecho a la tierra y al territorio; y en Nicaragua en 2021, perpetradas con el objetivo de obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación en el contexto de las elecciones presidenciales que se celebraron ese año.

Entre 2020 y 2022, en el marco de agresiones colectivas registramos 1,292 hostigamientos y 1,241 casos de violencia psicológica, verbal y/o física; así como 1152 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad de las integrantes de una organización o movimiento. Estas agresiones violentan principalmente el derecho a la integridad personal de las defensoras que participan en las acciones colectivas (37,2%), a la libertad de expresión, reunión y asociación (11,8%), a la imagen pública y la vida privada y familiar (11,6%), al acceso a la justicia (11%) y a la libertad personal y seguridad (10,9%).

• Agresiones contra organizaciones o grupos. Entre 2012 y 2022 hemos documentado un total de 2,295 agresiones contra 880 organizaciones o grupos⁴ de defensa de derechos humanos. Se ataca a las organizaciones como un intento de destruir los procesos organizativos y los cuerpos colectivos construidos para defender derechos. Estas agresiones evidencian las estrategias de instrumentalización del poder político y el sistema de (in)justicia, en complicidad o alianza con otros poderes fácticos, para erigir marcos normativos que institucionalizan y legalizan la criminalización de las organizaciones sociales.

Destacan especialmente las agresiones contra organizaciones o grupos en Nicaragua, donde se ha dado la cancelación masiva de la personería jurídica, cierre y confiscación de organizaciones. Entre 2018 y diciembre de 2022, se cancelaron en Nicaragua 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, niñas y juventud.⁵

Entre 2020 y 2022 identificamos que más de la mitad (52,2%) de las agresiones contra organizaciones o grupos limitan el derecho de libertad de asociación, reunión y expresión. Los principales métodos de agresión a nivel regional implican el uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones, ya sea para impedir u obstaculizar la identidad jurídica de las mismas (222), la libertad de asociarse (217) o el acceso o utilización de recursos financieros (178).

TIPOS DE AGRESIONES

Entre las 28,863 agresiones contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras documentadas destacan por su frecuencia los hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica,⁶ la vigilancia a las prácticas de nuestra vida cotidiana⁷ y el uso excesivo de la fuerza. Todas estas formas de violencia se pueden presentar en nuestras vidas de forma simultánea y van escalando de gravedad en contextos de impunidad o con débiles mecanismos de protección a nuestra labor.

Es un hecho preocupante que las agresiones sistemáticas que enfrentamos con frecuencia son parte de un proceso más amplio y complejo de criminalización de la defensa de derechos humanos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 849 detenciones arbitrarias y 858 inicios de procesos judiciales penales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos. Como proceso sistemático, la criminalización busca no sólo silenciar liderazgos que cuestionan a poderosos actores privados y estatales, sino también deslegitimar el trabajo de defensa de derechos humanos ante la comunidad y la sociedad en su conjunto.⁸ Además, reconocemos que en los procesos de criminalización, la defensa de derechos humanos se presenta como un delito que se castiga de forma diferenciada cuando es cometido por mujeres o disidencias sexo-genéricas rurales, indígenas o afrodescendientes. En el caso de las mujeres defensoras, las agresiones tienen un mensaje aleccionador en contra de nosotras y nuestros movimientos sociales que busca disciplinar y controlar a otras compañeras, preservando los mandatos patriarcales de género a través de la imposición de nuevas barreras para la participación política de mujeres y disidencias sexo-genéricas.

Adicionalmente, una de las manifestaciones más evidentes del patriarcado es el uso de la violencia sexual⁹ para transmitir mensajes de control, poder y soberanía sobre nuestros cuerpos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 475 agresiones de carácter sexual contra defensoras de derechos humanos. Tan sólo entre 2020 y 2022 registramos 12 casos de violación sexual, 60 de acoso sexual y 155 de abuso sexual.¹⁰

1. Llamamos agresiones en acciones colectivas a aquellas agresiones que van dirigidas contra varias defensoras al mismo tiempo, quienes pueden pertenecer o no a una misma organización o movimiento; o contra defensoras que se encuentran juntas en una acción colectiva (protesta pública, marcha, manifestación, plantón, etc.). ↩︎︎
2. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] MÉXICO / Agreden, detienen por cinco días y criminalizan a 74 jóvenes mujeres estudiantes, en su mayoría indígenas, por defender el derecho a la educación en Chiapas. ↩︎︎
3. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] HONDURAS/ Policía Nacional reprime con balas y gas lacrimógeno a manifestantes por feminicidio de Keyla Patricia Martínez. 8 de febrero de 2021. ↩︎︎
4. El conteo de organizaciones puede incluir de forma reiterada a una misma organización agredida en diferentes años o, previo al cambio del sistema de registro en 2020, en diferentes ocasiones el mismo año. ↩︎︎
5. IM-Defensoras: [Alerta Defensoras] NICARAGUA / Daniel Ortega cancela otras 29 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, sumando 176 desde 2018. 11 de octubre de 2022. ↩︎︎
6. Este tipos de agresiones los empezamos a documentar en 2020, por lo tanto la cifra de número de agresiones corresponde a las documentadas entre 2020 y 2022. ↩︎︎
7. Idem. ↩︎︎
8. IM-Defensoras: Documento interno sobre Criminalización en México. 2023. ↩︎︎
9. El registro de este tipo de agresiones se enfrenta a grandes desafíos debido a un contexto sociocultural patriarcal cargado de creencias, normas y prácticas que normalizan o minimizan la gravedad de las violencias sexuales. Asimismo, en ocasiones se guarda silencio por miedo al agresor o para evitar estigmatización o revictimización. ↩︎︎
10. El registro de forma separada de tres tipos de agresiones sexuales lo iniciamos en 2020, anteriormente se registraban como “violencia sexual” y “abuso sexual”. ↩︎︎

La violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras, constituyen instrumentos efectivos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social. En este sentido, la violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas.

Pese al desafío que supone la normalización social y cultural de la violencia machista, lo que provoca que no siempre la reconozcamos y denunciemos, logramos documentar situaciones específicas de discriminación basada en género en 39% de las agresiones. Este porcentaje oscila significativamente en cada país, representando el 22.4% en Nicaragua y el 76.3% en El Salvador.

Algunas de las situaciones registradas entre 2020 y 2022 fueron:

• En 19% de los casos las agresiones son una respuesta directa al trabajo de la organización o grupo que promueve la defensa de derechos de las mujeres y población LGBTTTIQ+.

• 18% son mensajes misóginos que menosprecian a las defensoras por el hecho de ser mujeres (frases cargadas de odio contra las mujeres como: perras, putas, zorras, feminazi, malparidas, etc.). Estas agresiones muchas veces son perpetradas tanto por usuarios virtuales desconocidos como, en el marco de casos de violencia represiva o detenciones arbitrarias, por actores vinculados al Estado.

• 16% de estas situaciones implican la descalificación del trabajo y/o logros de las defensoras. Generalmente se nos pretende descalificar divulgando información falsa o manipulada sobre nuestra vida privada, nuestra pareja o nuestra vida sexual.

• En 13% de los casos se identifican situaciones de odio basadas en la sexualidad, identidad de género, edad, identidad étnica o racial, etc.

• En 9% se trata de agresiones en cuyos contenidos se señalan aspectos relativos a preservar un orden específico en la sociedad o comunidad; por ejemplo, lo que debe ser la familia, un hombre o una mujer (estar en su casa, ser buena madre, cómo vestirse, quien tiene la propiedad de la tierra, entre otros). Estos mensajes buscan disciplinarnos y controlarnos cuestionando nuestra participación en la esfera social y política. Además, a las defensoras que somos madres se nos reprocha que abandonemos nuestro rol de cuidadoras y se nos acusa de abandonar a nuestras familias.

• En 8% de las situaciones de discriminación por género identificamos violencia de carácter sexual: abuso sexual, violación, hostigamiento, campañas de desprestigio basadas en la sexualidad de la defensora, uso de fetiches, manipulación de ropa interior o dibujos sexualizados.

• Entre 2020 y 2022 Identificamos 68 casos en los cuales las defensoras fueron agredidas e incluso asesinadas por sus parejas o exparejas. En estos casos, el hecho de ser mujeres y defensoras de derechos humanos pudo exacerbar o exponerlas a una mayor violencia como castigo por subvertir el orden establecido.

LOS IMPACTOS SOBRE NUESTRO TRABAJO Y NUESTRAS VIDAS

Los datos registrados durante el período 2020-2022 también ponen de manifiesto los impactos de las agresiones que sufrimos sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. Estos impactos se agravan cuando somos agredidas de forma sistemática.

• En 59.5% de las agresiones personales y 32.7% de las colectivas identificamos como uno de los impactos la limitación a nuestros derechos y libertades fundamentales. Entre éstos, los relacionados con la libre expresión, asociación, movilización, participación política, educación y salud.

• En 12.6% de las agresiones personales y 36.8% de las colectivas registramos afectaciones físicas en las que identificamos como patrón el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como agresiones físicas cometidas por actores paraestatales, con el objetivo de impedir movilizaciones sociales.

• En 26% de las agresiones personales y 8.2% de las sufridas en acciones colectiva se reconocen riesgos y cambios en la vida cotidiana y en el entorno cercano de la defensora agredida.

• Hemos documentado 466 casos personales y 377 colectivos en los cuales las agresiones han sido identificadas como la causa de desplazamientos forzados internos o fuera de sus países.

• El uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones de la región ha impactado en el acceso a recursos financieros (10.2%), la suspensión o retiro permanente de la personería jurídica (12.9%) y, finalmente, el cierre temporal o definitivo de las mismas (45.2%). Además, la criminalización de las organizaciones comúnmente viene acompañada de campañas de estigmatización y/o la promoción de listas estigmatizantes.

El sometimiento a situaciones continuas de violencia e injusticia, tanto por los casos y contextos con los que nos relacionamos en el marco de nuestra labor por los derechos humanos como por las agresiones que enfrentamos a causa de ella, nos hace estar en constante cercanía con el horror, la muerte y la desesperanza. No obstante, las defensoras y nuestras organizaciones y comunidades seguimos resistiendo, multiplicándonos y defendiendo la esperanza, fortalecidas por nuestras ancestras y por la energía de las juventudes diversas que se suman a las luchas por la vida. Nos mantenemos en pie porque nos acuerpan nuestras redes y nuestras estrategias de protección colectiva, porque tenemos poder y experiencia para sobrevivir a las violencias y continuar con nuestras luchas. Esta convicción en el poder personal y colectivo que las mujeres defensoras tenemos para defendernos y protegernos es lo que hace más de trece años, a través del “pacto de cuidarnos”, nos articuló en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.¹ Desde entonces hacemos de la Protección Integral Feminista nuestra guía para cuidar nuestras vidas y nuestras luchas.

1. IM-Defensoras: El Pacto de Cuidarnos. 2010-2021: La protección integral feminista en Mesoamérica desde la IM-Defensoras. 2022. ↩︎︎

En 2023 registramos 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos¹ y 73 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.² En relación al año 2022, esto representa un incremento de 13% en las agresiones a defensoras y organizaciones o grupos. Siguiendo con la tendencia histórica de nuestro registro regional, durante 2023 las agresiones fueron principalmente perpetradas por actores vinculados al Estado (47,8%).

Diez compañeras fueron asesinadas durante 2023, entre ellas: tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género en México y Honduras, y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México. Otras 47 compañeras fueron objeto de intentos de asesinato que, afortunadamente, no se consumaron.

En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción. En Nicaragua, se mantuvo el cierre absoluto de todos los espacios de participación y la criminalización y desprotección legal de las defensoras, mientras se fortalecieron nuevas estrategias represivas como destierro, despojo de ciudadanía o permiso de residencia. En México, durante 2023 continuó aumentando el porcentaje y la gravedad de las agresiones contra defensoras de la verdad, justicia y reparación (21%); entre éstas destacan el seguimiento, amenaza y vigilancia a madres buscadoras y las agresiones perpetradas por policías estatales en el marco de manifestaciones en exigencia de la localización con vida de personas desaparecidas. 

Destacamos con preocupación que durante el 2023 hubo un aumento de nuestros registros de desplazamientos forzados y agresiones digitales. Documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados internos y externos, cuadriplicando las registradas en 2022. Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras (168) y Nicaragua (69). En el caso de Honduras los desplazamientos de defensoras se dieron principalmente a lo interno del país de forma colectiva ante los desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra. Por su parte, el 2023 fue el año con mayor cantidad de desplazamiento fuera del país de defensoras nicaragüenses desde el inicio de la represión Estatal en 2018.

Por otro lado, en 2023 identificamos un total de 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, lo que representa 20% del total de agresiones documentadas. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.

1. Total de defensoras: Para evitar duplicación el total de defensoras agredidas  se reporta como una a defensoras que recibieron agresiones tanto personales como colectivas, siendo un total de 84 defensoras en 2023. Igualmente, está cifra excluye a defensoras agredidas de forma colectiva que no fueron identificadas. ↩︎︎
2. IM-Defensoras: Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras: 2023 - Datos anuales preliminares ↩︎︎

Estos datos históricos, recabados a lo largo de de más de una década, muestran como a las defensoras mesoamericanas nos agreden de forma sistemática para silenciar nuestras voces y debilitar nuestra resistencia colectiva, generando entornos de terror que dejan mensajes aleccionadores para nosotras y nuestras comunidades. Esta violencia, lejos de ser consecuencia de Estados fallidos, se relaciona con opresiones históricas y estructurales que utilizan a los sistemas de justicia y a las fuerzas públicas de seguridad, entre otros actores, para sostener el capitalismo racista y patriarcal.

El análisis de los patrones de agresión nos permite identificar cómo la violencia sigue escalando y cómo a partir de la sindemia por COVID-19 se sentaron las bases para consolidar estrategias de control que se mantienen hasta ahora. También nos permite reconocer cómo la construcción social de género se manifiesta en las formas y contenidos de los hostigamientos, las campañas de desprestigio, la criminalización y la violencia física, psicológica y sexual que vivimos las mujeres y las disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en la región.

A pesar de ello, las defensoras continuamos apostando por la vida y construyendo esperanza. Para protegernos de las violencias que buscan silenciar nuestras luchas, desde la IM-Defensoras llevamos más de trece años impulsando la Protección Integral Feminista (PIF). La PIF es el pacto de cuidarnos entre defensoras de diferentes movimientos sociales, identidades y territorios para enfrentar juntas las violencias que nos afectan. Lo hacemos a través de la articulación en redes nacionales, una alianza regional y diversas estrategias de seguridad, autocuidado, cuidado colectivo y sanación.

Nuestras luchas por la conquista plena de los derechos humanos ameritan la garantía de nuestro derecho a defenderlos.

Por este motivo, demandamos:

• El reconocimiento y legitimación de nuestros aportes y nuestras luchas.

• El compromiso y la acción efectiva de Estados e instituciones para que dejen de atacarnos para proteger intereses privados.

• Mecanismos internacionales fuertes y con capacidad de respuesta ante el incumplimiento de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

• Apoyo sostenido y flexible a nuestros procesos de fortalecimiento y protección.

• El cese de las violencias que enfrentamos al interior de nuestros espacios organizativos, comunitarios y familiares.

• La garantía de disponer de marcos legales y políticos, así como de protocolos, que garanticen nuestra protección integral y la de quienes dependen de nosotras.