NICARAGUA NO NOS DEJA DE DOLER

Este 2024 presenta una tendencia al alza con relación a agresiones de carácter personal como la vigilancia y hostigamiento contra defensoras y activistas excarceladas, el patrullaje digital, los desplazamientos forzados y nuevos patrones de represión migratoria. También se han registrado agresiones de carácter colectivo — es decir, dirigidas de forma simultánea contra un conjunto de defensoras — como campañas de estigmatización y desprestigio en entornos digitales; así como la continuidad de los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las presas políticas.

En 2024 continúa la tendencia de 2023 respecto al incremento de agresiones digitales en contra de defensoras desterradas o exiliadas que mantienen su actividad de denuncia de la situación del país a través de las redes sociales. Así, 85% de las agresiones registradas en el transcurso de este año se han dado en entornos digitales. Entre éstas, destacan la divulgación de hechos falsos (292), los cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, profesionalidad o ética de la defensora (282), la ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan (151) y la violencia verbal (96) o psicológica (91). Estas agresiones son principalmente perpetradas por usuarios virtuales desconocidos, sin embargo, por su contenido se identifica como sospechosos tanto a personas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a integrantes de grupos de derecha, fundamentalistas religiosos y antiderechos.

En 58% de las agresiones por medios digitales documentadas en 2024, se identifican elementos de discriminación por género. Por ejemplo, se identifica violencia verbal, expresiones misóginas y mensajes de odio basadas en la sexualidad, orientación sexual, aspecto físico o edad de las defensoras (“gorda payasa”, “vieja bigotuda”, “perra golpista”, “zorra”, “tortillera”, “farsa de mujer”, “sexo cambiado”). Además, las agresiones en ocasiones reproducen el lenguaje de grupos de derecha ultraconservadores que buscan preservar el orden patriarcal refiriéndose a las defensoras feministas como: “feminazi”, “abortera”, “basura progre”, “femilocas”, entre otras.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, se han registrado 165 desplazamientos forzados de defensoras y mujeres activistas. Entre el 1 de enero y el 19 de julio de este año se han identificado 13 casos de mujeres defensoras y activistas desplazadas de forma forzada. Entre las causas de estos desplazamientos forzados destacan el aumento de la vigilancia y el hostigamiento en sus viviendas, la expulsión del país (apatridia) y el negarles el ingreso al territorio nacional.

Si tenemos en cuenta a las personas integrantes de la familia de defensoras y mujeres activistas que también se han visto obligadas a desplazarse, el total de desplazamientos forzados documentados durante este mismo período asciende a 20. También es importante señalar que tan sólo durante los primeros 19 días del mes de julio se documentaron 6 desplazamientos forzados, lo que representa un notable incremento de esta modalidad represiva con relación al mes anterior.

El desplazamiento forzado y el exilio genera en las defensoras y sus familias múltiples impactos, tal y como pone de relieve el reciente informe “Nadie se va porque quiere”.

A lo largo de los primeros 7 meses de 2024 se han documentado 16 incidentes de represión migratoria contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos e integrantes de sus familias; 11 dirigidas contra las propias defensoras y activistas y 5 contra sus familiares. 

Este año se ha identificado una diversificación en los mecanismos de represión migratoria. De estos 16 casos, 69% se corresponden con el “destierro de facto”, el cual consiste en la negativa de ingreso al país a una defensora y/o su familiar. En 25% de los mismos se observa un nuevo patrón de agresiones, el cual consiste en la utilización de mecanismos coercitivos y amenazas para que la defensora tome la decisión de no ingresar al país por miedo a represalias contra ella y/o integrantes de su familia. Esta modalidad incluye el monitoreo y vigilancia de sus publicaciones en redes sociales,  interrogatorios por parte de autoridades migratorias, la confección de listas en donde aparecen sus nombres subrayados, amenazas para que no publiquen en redes sociales información contra el régimen una vez que han efectuado su ingreso y pasado los controles migratorios de retorno, entre otras formas de intimidación. Además, se ha registrado un caso de  “destierro” a través de la expulsión formal por parte de las autoridades de migración de una activista/defensora. 

Mientras que las defensoras desplazadas o exiliadas continuan siendo agredidas de forma digital, tanto sus familiares como las ex-presas políticas y otras defensoras reconocidas por su liderazgo social y su trabajo territorial que permanecen en el país siguen enfrentando distintas agresiones. Durante 2024 se documentaron  65 incidentes de hostigamiento, 46 de vigilancia y monitoreo de las prácticas de la vida cotidiana, así como 23 amenazas en contra de estas defensoras. Las agresiones consisten en visitas periódicas por parte de agentes policiales a su casas con el objetivo de limitar su derecho a movilizarse libremente, controlar si se han comunicado con otras activistas en el exilio o si están participando en reuniones; también las obligan a firmar bitácoras o reportes acompañados de fotografías que la policía levanta para confirmar que están en sus viviendas, entre otras prácticas de control.

Otra agresión relevante a la que se enfrentan es la no renovación de sus documentos de identidad, lo que las coloca de facto en situación de muerte civil y las obliga a mantenerse en sus casas aisladas, incluso sin poder trabajar. Asimismo, se han identificado otras agresiones de índole administrativa/fiscal en las cuales se utiliza el aparato estatal para presionar económicamente a las defensoras y sus familiares.

Durante los meses de junio y julio de 2024 se registraron 8 casos de violencia contra periodistas y personas vinculadas al ámbito de la comunicación. Estas agresiones, que afectan a mujeres periodistas y comunicadoras, así como a defensoras del derecho a la libertad de prensa y libertad de expresión, incluyen casos de  desaparición forzada, allanamientos y amenazas que han obligado a muchas de ellas a desplazarse para resguardar su seguridad física. 

En la fecha de corte de este reporte, 19 de julio, había 25 mujeres presas por motivos políticos en Nicaragua, 15 de las cuales son mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. La mayoría de ellas fueron excarceladas y desterradas del país el 5 de septiembre, junto con más de un centenar de presos políticos, tras una negociación entre los Estados de Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos. Esta expatriación masiva se produce poco después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara un paquete de reformas de leyes para seguir criminalizando y judicializando a personas y organizaciones nicaragüenses y extranjeras, estén residiendo o no en Nicaragua, aplicando sanciones que incluyen el decomiso o confiscación de sus bienes, cuentas bancarias y otras afectaciones a sus patrimonio personal o familiar, entre otros abusos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya venía practicando. Además, tal y como sucedió con las presas políticas excarceladas anteriormente, a estas mujeres tras desterrarlas se les ha despojado de su nacionalidad y sus bienes han sido confiscados, con las graves implicaciones que ello supone tanto para ellas como para sus familias. Extremadamente preocupante es la situación de las presas políticas que siguen privadas de libertad en el país bajo condiciones de precariedad y tratos crueles, degradantes e inhumanos.

Entre el 1 de enero y le 19 de julio, con relación a las detenciones arbitrarias y procesos de criminalización, se identificó la continuidad de un patrón de desaparición forzada por el cual las defensoras son detenidas por las autoridades policiales sin que, durante semanas o incluso meses, se brinde información a sus familiares sobre su paradero. Asimismo, tal y como han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos, persistieron las violaciones de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, entre las que destacan la arbitrariedad en el cumplimiento del debido proceso, la falta de acceso regular al patio sol, así como negarles la recepción de paquetería y de visitas de sus familiares. Todas las mujeres presas política fueron recluidas en celdas de máxima seguridad y en situación de aislamiento y vigilancia permanente a través de cámaras, en una clara violación de su intimidad. Una de ellas permanece confinada en solitario desde el 1 de octubre de 2023, sin contacto alguno con otras mujeres.

La situación de salud de la mayoría de las presas políticas se agravó con el paso del tiempo. Son significativos el impacto de la falta de luz solar en la deprivación de los sentidos, así como las afectaciones sobre su salud física y psicológica. La falta de salubridad y de alimentación adecuada, la precariedad de las condiciones carcelarias y la violencia psicológica y verbal contribuyen al surgimiento de nuevas enfermedades y síntomas y al agravamiento de las preexistentes: ansiedad, insomnio, alergias, trastornos ginecológicos, diabetes, problemas de presión arterial, entre otras. Resultan especialmente preocupantes las afectaciones en la salud mental, sobre todo los cuadros de ansiedad y síntomas depresivos.

Cabe señalar que durante el periodo que cubre este reporte fue difícil documentar con exactitud la situación de estas mujeres, debido a la falta de privacidad en las visitas y a la autocensura generada por el miedo a que denunciar las agresiones que recibían pudiera provocar represalias contra ellas o sus familiares. No obstante, se recabaron indicios que apuntaban a que las familias continuaron experimentando asedio y vigilancia al momento de realizar las visitas, así como otras expresiones de violencia psicológica o verbal como la negativa a dar información, la prohibición de contacto físico o demoras injustificadas, entre otras. Todas estas condiciones de precariedad, tratos crueles, degradantes e inhumanos y vulneración a derechos de las presas y sus familiares están siendo corroboradas por testimonios públicos de presas excarceladas y desterradas el 5 de septiembre.

Diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado sobre los impactos que la prisión política tiene sobre las familias, las cuales se enfrentan en el día a día con la carga económica, la estigmatización social y el miedo del ser continuamente víctimas de vigilancia y hostigamientos. Estos impactos se manifiestan de forma diferenciada en las mujeres y en las personas menores de edad. La limitación del contacto físico y la separación prolongada de hijas, hijos e hijes de sus madres —sobre todo en sus primeros años de vida— les genera afectaciones a la salud física y emocional de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, la prisión política exacerba las brechas de género existentes al incrementar las tareas de cuidado de sus familiares, principalmente de las mujeres, quienes no sólo tienen a cargo a su familiar presa política, sino también a otras personas dependientes. De esta forma, sus vidas se ven afectadas por nuevos limites en su tiempo, en sus recursos y en sus proyectos vitales.