28 Septiembre: Resistimos, nos organizamos y nos cuidamos juntas frente a la ofensiva antiderechos.

En la región se ubican tres de los seis países de América Latina donde existe una penalización absoluta del aborto: Honduras, El Salvador y Nicaragua. En estos tres países, la prohibición total del aborto, incluso por causales excepcionales como cuando la vida corre peligro, violación o malformación grave, ha sido una estrategia para capitalizar el apoyo de sectores conservadores y de las jerarquías religiosas en contextos políticos clave como elecciones o crisis de legitimidad, evidenciando cómo los cuerpos y los derechos de las mujeres son utilizados como moneda de cambio en los pactos de poder patriarcal entre los poderes políticos y fácticos. 

• Un ejemplo paradigmático de este pacto se dio en Nicaragua en 2006, cuando Daniel Ortega pactó con la jerarquía católica para fortalecer su candidatura presidencial ante sectores conservadores. Este acuerdo derivó en una reforma penal que significó un grave retroceso normativo: el retorno a la penalización absoluta del aborto.

• En Guatemala, aunque la ley contempla la excepción cuando la vida de la mujer está en riesgo, en la práctica el aborto está prácticamente prohibido debido a las trabas burocráticas, el estigma y a las barreras estructurales en el acceso a la salud, sobre todo en las poblaciones más vulneradas. 

• En El Salvador (1999) y en Honduras (2021), las constituciones fueron modificadas con el objetivo de blindar la prohibición ya existente en los códigos penales, incorporando explícitamente la “protección de la vida desde la concepción”, disposición que también está presente en la constitución de Guatemala desde 1985.

Estos marcos normativos tienen consecuencias graves para mujeres, adolescentes y niñas mesoamericanas —sobre todo las que viven en pobreza— que son obligadas a ser madres sin haberlo elegido, enfrentan cárcel injusta por situaciones relacionadas con su salud reproductiva o emergencias obstétricas, o deben arriesgar su vida y su salud para ejercer su derecho a decidir. Al mismo tiempo, quienes las acompañan en la defensa de estos derechos viven bajo la amenaza constante de ser criminalizadas.

Las luchas históricas del movimiento feminista han logrado visibilizar la desigualdad de género y que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos en acuerdos internacionales, legislaciones y políticas públicas. Antes de la sindemia, las movilizaciones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así como por la educación sexual integral, se extendieron con esperanza a lo largo de América Latina. 

En México, estas luchas consiguieron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación despenalizara el aborto a nivel federal y ratificara que el acceso a un aborto seguro es un derecho humano, vinculado al derecho a decidir, la autonomía reproductiva, la salud, la igualdad y la no discriminación. En Centroamérica, el trabajo comunitario y la incidencia en medios de comunicación y redes sociales fortalecieron el debate social sobre la interrupción del embarazo y las barreras estructurales que persisten en el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Por su parte, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Salvadoreño en el marco del caso Beatriz y otros vs El Salvador generó un precedente legal y de movilización y lucha popular en la región. La sentencia reconoce la autonomía reproductiva como un derecho humano y la responsabilidad de los Estados de garantizar el acceso efectivo, seguro y oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso al aborto cuando la vida o la salud de la persona embarazada está en riesgo, inviabilidad fetal fuera del útero, o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. 

A pesar de los logros alcanzados, las defensoras de derechos sexuales y reproductivos enfrentamos una contraofensiva de grupos antiderechos que buscan contrarrestar las narrativas de igualdad y derechos humanos. Estos grupos utilizan la religión, la cultura y la tradición para legitimar y reforzar el patriarcado y el sistema capitalista.

El ascenso de líderes ultraconservadores, que bajo el discurso de “Dios, Patria, Libertad y Familia” intentan preservar el orden social de género y el modelo económico que se beneficia de él, representa un riesgo grave. Con posturas abiertamente racistas, xenófobas y misóginas, estos actores expanden la agenda antiderechos mediante su influencia en la opinión pública, la instrumentalización del Estado y la ocupación de cargos públicos. De esta forma, han impulsado políticas de “protección de los valores familiares” que se centran en la familia nuclear tradicional, promueven la sumisión de las mujeres y su permanencia en el ámbito doméstico, la maternidad como función social de la mujer, priorizan la vida del no nacido y excluyen la educación sexual integral con perspectiva de género.

A partir del análisis de los datos de agresiones entre 2020 y el primer semestre de 2025, identificamos las siguientes estrategias de agresión a defensoras y organizaciones de defensa de derechos sexuales y reproductivos: 

• Agresiones digitales 

Más de la mitad (56%) de las agresiones registradas contra defensoras de derechos sexuales y reproductivos se perpetraron por medios digitales. Estas agresiones buscan censurarnos y afectar nuestro activismo en el territorio digital; un espacio que ha sido fundamental para la difusión de campañas de sensibilización y generar debate social sobre la salud sexual y la autonomía reproductiva. Entre las agresiones digitales documentadas se destacan la divulgación de hechos falsos o manipulados (61), la generación de campañas de desprestigio (60), y la difusión de mensajes que ponen en duda la credibilidad o moral de las defensoras (52). La mayor parte se dieron en el contexto de fechas claves como el 28 de septiembre, o las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del “Caso Manuela y otros vs El Salvador” (2021) y el “Caso Beatriz y otros vs El Salvador”(2023), donde se difunden mensajes para estigmatizar a las defensoras que se movilizan como “delicuentes que vandalizan la ciudad” o a quienes acompañan los casos ante la Corte como “abortistas asesinas”, “manipuladoras” o “feminazis”. 

• Hostigamientos y vigilancia

Registramos 45 casos de hostigamiento y 15 de vigilancia a defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Mesoamerica. Uno de los casos más emblemáticos de intimidación es la campaña internacional “40 Días por la Vida”, en el marco de la cual registramos agresiones contra defensoras en El Salvador y México. 

La gravedad que pueden alcanzar este tipo de agresiones se hizo evidente en 2018, cuando la defensora mexicana Sandra Peniche sufrió un intento de homicidio con arma blanca cuatro días después de denunciar hostigamiento por parte de policías municipales tras una queja interpuesta por grupos antiderechos que, en el marco de la citada campaña, se plantaban en actitud hostil a “rezar” por la vida de los no nacidos frente a la clínica de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, organización que presidía esta defensora. En años posteriores, aun contando con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2018, Sandra Peniche fue víctima de recurrentes actos de hostigamiento e intimidación tanto por parte de particulares como de autoridades municipales y estatales de Yucatán.Lamentablemente, nuestra compañera falleció por problemas de salud el 14 de diciembre de 2022, sin que el proceso judicial de su agresión haya garantizado su derecho a la justicia con relación a todos los responsables, materiales e intelectuales. 

• Limitaciones a la libertad de expresión y asociación

En varios países de la región se han desarrollado medidas de control social que aumentan el riesgo de criminalización de la movilización social en defensa de diversos derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. En Nicaragua hay una prohibición general de manifestaciones públicas desde Septiembre 2018; mientras que en El Salvador y Honduras continúan renovando desde 2022 los períodos del régimen de excepción que limitan la libertad de asociación y reunión, mientras que habilita la detención arbitraria. Asimismo, en el 2020 en Nicaragua y, recientemente, en El Salvador se han aprobado leyes de “agentes extranjeros” que a través de diversos mecanismos, incluyendo medidas de terrorismo fiscal, buscan el control, desgaste y cierre de las organizaciones. Este contexto hostil, limita el trabajo territorial de acompañamiento y la posibilidad de articular acciones con instituciones claves para la promoción de derechos humanos, y en materia de sexuales y reproductivos, ha reducido casi en su totalidad las coordinaciones que se desarrollaban especialmente con el ministerio de educación y de salud, que permitían aumentar la efectividad de estos derechos en ciertas materias. En Nicaragua, desde 2018 al primer semestre 2025 hemos documentado la cancelación de la personería jurídica de 36 organizaciones que defendían los derechos sexuales y reproductivos. 

Por otro lado, en México el trabajo de registro nos ha permitido identificar un patrón de agresiones contra defensoras durante manifestaciones que responden a demandas de la agenda feminista, en este marco se ha identificado el 28 de septiembre, día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, como una de las fechas en que se generan estas agresiones. Expresándose con mayor intensidad en 2020, cuando registramos incidentes de violencia física, uso de gases lacrimógenos o detención arbitraria por autoridades policiales locales de Xalapa (Veracruz), Tijuana (Baja California) y la Ciudad de México. 

• Contenido misógino de las agresiones 

A nivel regional, identificamos discriminación por razones de género en el 35% de las agresiones a defensoras de derechos humanos entre 2020 y el primer semestre de 2025. Sin embargo, cuando nos referimos a las agresiones específicamente por la defensa de derechos sexuales y reproductivos el porcentaje aumenta a 81%. 

Las agresiones documentadas buscan descalificar a las defensoras y asegurar el control y sujeción de las mujeres y de toda persona disidente al orden establecido. El contenido de los ataques están cargados de expresiones misóginas que buscan ridiculizar el trabajo de las defensoras, su apariencia física u orientación sexual. Además, se difunden mensajes transfóbicos que niegan la identidad de género de defensoras trans y reproducen discursos que reclaman el retorno a un orden patriarcal en el que las mujeres son excluidas de la esfera política, con frases como “vayan a lavar los trastes” o “regresen a casa a atender a sus esposos e hijos”. También hemos documentado amenazas de violación utilizadas como castigo y mecanismo de control, lo que evidencia la violencia y objetivo disciplinador de estas agresiones.

Una de cada tres agresiones registradas contra defensoras y organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos en Mesoamérica entre 2020 y el primer semestre 2025 fueron perpetradas por desconocidos, incluidos usuarios virtuales que utilizan el anonimato que facilita las redes sociales. Sin embargo, se sospecha que pueden haber sido perpetradas por otros responsables frecuentes de las agresiones contra este grupo de defensoras: las autoridades públicas, integrantes de grupos antiderechos o fundamentalistas religiosos y partidos políticos.

Con el avance de la ultraderecha y el resurgimiento de la popularidad de discursos fascistas, se ha instalado una narrativa que posiciona a quienes defendemos derechos humanos, feministas y disidencias sexo-genéricas como enemigas centrales de sus agendas. En este escenario, los grupos antiderechos expanden su influencia, suman adeptos y destinan recursos, muchas veces públicos, al financiamiento de bots y granjas de troles con el fin de hostigar, estigmatizar y amenazar a quienes desafiamos las estructuras patriarcales y capitalistas exigiendo autonomía sobre nuestros cuerpos y territorios. 

En Mesoamérica, identificamos que estos grupos han pasado de ser promovidos principalmente desde las iglesias fundamentalistas en alianzas con partidos conservadores y poderes económicos, a controlar el aparato estatal a partir de acceder a cargos públicos y lograr una instrumentalización más directa del Estado a favor de sus agendas. Así, en algunos países de la región, la distinción entre agresiones perpetradas por estos grupos y las autoridades públicas nacionales, estatales o municipales se ha vuelto cada vez más difusa, ya que personas alineadas a las narrativas antiderechos estan ocupando cargos públicos relevantes en asambleas legislativa, ministerios y, en el caso de Nicaragua y El Salvador, la presidencia.

Nuestra lucha por los derechos sexuales y reproductivos en la región se enfrenta tanto al autoritarismo y políticas de control y criminalización de las luchas sociales, como a la penalización del aborto en centroamérica y los desafíos en Estados de México donde aún tipifican el aborto como delito o utilizan distintas figuras penales para criminalizar a mujeres que tienen emergencias obstétricas.

Sin embargo, seguimos tejiendo nuevos caminos de resistencia popular, comunitaria y colectiva para defender nuestros derechos a la educación sexual integral y la autonomía y justicia reproductiva. Ante los desafíos actuales, compartimos aprendizajes de las luchas de nuestros países, reinventamos nuestras estrategias de incidencia política, continuamos apostando por la transformación del imaginario social y fortalecemos nuestro trabajo territorial para continuar acompañando a mujeres, niñas y adolescentes.