Alejandra Cabrera es una indígena tolupán, hija de Maria Enriqueta Matute, defensora asesinada el 25 de agosto de 2013 tras una manifestación en defensa de su tierras. Desde diciembre de 2013 cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Haideé Paz es una comunicadora popular de la zona Norte del país.

Ambas están en huelga de hambre junto con otros compañeros indígenas tolupanes e integrantes del movimiento de “las y los indignados”.

El pasado mes de Mayo, tras salir a la luz pública un caso de corrupción y desfalco masivo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el que se hallan implicados altos cargos del gobierno y del Partido Nacional, estalló en todo el país el movimiento de “las y los indignados”.

Tras las multitudinarias movilizaciones celebradas en las principales ciudades hondureñas, el 23 de junio se dio inicio a una huelga de hambre indefinida frente a la Casa Presidencial con el objetivo de exigir la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), la renuncia del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, y el sometimiento a juicio político al Presidente del Gobierno.

El 30 de junio, Alejandra Cabera se sumó a la huelga junto con otros 6 integrantes de la tribu de San Francisco Locomapa, añadiendo la exigencia del fin de la impunidad por el asesinato de su madre y otros defensores tolupanes del territorio, así como el respeto a los derechos colectivos de su comunidad con base al Convenio 169 de la OIT. Haideé Paz se unió a la huelga de hambre el 9 de julio.

La IM-Defensoras manifiesta total apoyo a sus demandas y exige al Estado Hondureño que ponga fin a la impunidad y garantice la integridad y debida protección a las huelguistas ante el constante acoso y hostigamiento que sufren por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, bajo permaente amenaza de desalojo y tras haber sido objeto de diversas agresiones.