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Mesoamérica, 2 de septiembre de 2016 - Justicia es nuestra demanda. Han transcurrido ya seis meses del asesinato de Berta Cáceres, pero el crimen permanece impune.
Aunque el ministerio público de Honduras arrestó a cuatro hombres por su presunta responsabilidad, estas detenciones no aportan a la justicia en tanto que no se derivan de una investigación exhaustiva y diligente.
Berta Cáceres, feminista y líder indígena lenca, fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por dos pistoleros que irrumpieron en su hogar. Tenía apenas 44 años de edad. Antes, nuestra compañera había sido amenaza de muerte por empleados de seguridad de Desarrollos Energéticos (DESA), empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretende imponerse al norte de Honduras, en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.
En Honduras y en la región mesoamericana no tenemos duda. El asesinato de Berta Cáceres, madre de tres hijas y un hijo y reconocida defensora del territorio, forma parte de una estrategia generalizada que busca paralizar las luchas de defensa de los bienes comunes y de la naturaleza. Atentado que, además, viola el derecho humano que tienen hombres y mujeres a defender los derechos humanos, mismo que los Estados están obligados a garantizar.
El asesinato de Berta Cáceres evidencia los graves riesgos que, en un contexto de violencia estructural, enfrentamos las y los defensores de derechos humanos. Por esta y por muchas otras razones el crimen no debe quedar impune.
Desde la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) reconocemos el legado de la lucha feminista de defensa del territorio de Berta Cáceres y hacemos nuestra la demanda de justicia que, a seis meses del crimen, siguen enarbolando sus familiares y compañeros y compañeras de organización (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), pese a la persecución y represión que ello les ha acarreado.
Respaldamos, asimismo, la exigencia de instalación de una Comisión Independiente de Investigación del caso, así como la cancelación inmediata y definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de todas las concesiones que violan los derechos de las comunidades indígenas.