Integrantes Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán
Actividad:
Defensa del territorio
Agresión enfrentada:
Criminalización
HECHOS - La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán denunció mediante un comunicado que el Poder Judicial, a través del Ministerio Publico, el pasado 24 de abril extendió orden de captura en contra de 9 de sus integrantes: Ceyda Xiomara Alemán, Yenis Sulay Rodríguez, Nolvia Liseth Berrios, Jaime Adali Cabrera del Cid, Carlos Omar Espinoza, Walter Ernesto Cárcamo, Ángel Joel Guevara, Santos David Palma y Erick Antonio Rivera.
Dicho requerimiento se deriva de una denuncia por “usurpación” interpuesta por la Empresa Agropalma, la cual el 21 de mayo de 2014 despojó de sus tierras a las familias campesinas de la cooperativa Trinidad del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), a través de la fuerza policial y militar. Ello pese a que, según informa la Plataforma Agraria, las familias campesinas son las legítimas dueñas de las tierras desde que les fueron adjudicadas a través del proceso de reforma agraria.
En el marco de este conflicto, en septiembre del 2012 fue asesinado al apoderado legal de MARCA, Antonio Trejo Cabrera, crimen que continua en la impunidad; y 20 meses después fueron despojados de manera violenta las familias, resultando encarceladas 15 personas, entre ellas 3 beneficiarias de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH (MC50-14), ampliadas el 6 de diciembre de 2016 y que en la actualidad se extienden a 123 personas, 4 de las cuales tiene órdenes de captura, incluído el coordinador de la Plataforma Agraria.
Desde la IM-Defensoras exigimos al Estado hondureño la revocación de las órdenes de captura y el cese inmediato del proceso de criminalización contra las 9 personas integrantes de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán encausadas, así como que garantice su seguridad, la de sus familias y la del resto de integrantes de la Plataforma.
También hacemos un llamado a organizaciones e instancias internacionales a estar pendientes de la situación de persecución, criminalización y hostigamiento y asesinato contra las personas defensoras del territorio en el Bajo Aguán.
