Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, FESPAD y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Actividad
Derecho a defender derechos, Derechos de las mujeres
Agresiones sufridas
Obstrucción por parte del Juez al derecho a defender derechos, restricción del derecho a la protesta y la manifestación
HECHOS - La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organizaciones con una larga y reconocida trayectoria de trabajo por los derechos de las mujeres y el derecho a defender derechos en El Salvador, han denunciado que el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco pretende restringir las actividades de apoyo y defensa de los derechos de Imelda Cortez Palacios, quien el año pasado sufrió un parto extrahospitalario y está siendo judicializada bajo el cargo de homicidio agravado en grado de tentativa.
El próximo 4 de julio esta prevista la audiencia preliminar del caso y el juez ha ordenado a la Policía Nacional Civil crear un perímetro para evitar una concentración solidaria de apoyo a Imelda en los alrededores del juzgado. Asimismo, las organizaciones exigen a la Corte Suprema de Justicia que se les permita asistir a las audiencias públicas para vigilar y observar el cumplimiento de las normas internacionales y el debido proceso en el caso de mujeres criminalizadas.
Imelda Cortez, de 20 años, no es autora de ningún crimen, si no víctima de un delito sexual que no fue denunciado hasta el momento del parto extrahospitalario, ya que su embarazo fue consecuencia de reiteradas violaciones por parte de su padastro. El equipo jurídico de Imelda denunció que desde 2017 solicitó a la Fiscalía General que acusara al padrastro por violación sexual, pero la fiscal auxiliar del caso se negó, pues “no le creía”. Finalmente se consiguió girar orden de captura contra el padastro, cuya audiencia inicial fue el 22 de marzo y ahora se está a la espera de la audiencia preliminar.
Desde la IM-Defensoras y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos exigimos al Estado salvadoreño que garantice el derecho al debido proceso de Imelda Cortez, permitiendo la asistencia a las audiencias públicas de las organizaciones que la acompañan. Asimismo exigimos que garantice a estas organizaciones su derecho a defender derechos y a concentrarse y expresar su apoyo y solidaridad con la mujer criminalizada, revocando la decisión de crear un perímetro alrededor del juzgado.
Finalmente, repudiamos el proceso de criminalización que enfrenta Imelda Córtez, por lo que exigimos su inmediata absolución y, de manera general y de acuerdo a la multitud de recomendaciones internacionales de Derechos Humanos emitidas por instancias com la ONU o la CIDH, el cese de la penalización del aborto en El Salvador y la absolución y libertad de todas las mujeres que están injustamente presas, ya sea por haber sufrido abortos espontáneos o por haber ejercido su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
