La Fundación San Alonso Rodríguez, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) y la Parroquia San Isidro Labrador, articuladas en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Publicos de Tocoa, están siendo objeto de una campaña de criminalización en la que se las pretende señalar como responsables del asesinato de dos vecinos de la zona.

Estos señalamientos persisten pese a que el Comité ha lamentado y repudiado públicamente los asesinatos y ha exigido una investigación exhaustiva de los mismos.

A la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras nos preocupa que esta campaña de criminalización tenga como objetivo deslegitimar y reprimir la lucha de resistencia que las personas y organizaciones integrantes del Comité sostienen frente a la actividad de la empresa minera Inversiones los Pinares.

También nos preocupa el clima de violencia generado en la zona, tanto por grupos vinculados a la empresa como por fuerzas de seguridad del Estado que ya han protagonizado diversos actos de desalojo y represión violenta de la protesta social; y que pone en riesgo la integridad física y el derecho a defender derechos de las defensoras de los bienes comunes en Tocoa y Guapinol.