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Mesoamérica, 5 de junio de 2019 - El pasado mes de abril, ante la aprobación por parte del Congreso Nacional de las leyes de Reestructuración y Transformación al Sistema de Educación y Salud cuyo fin era el despido masivo del personal de salud y educación, así como la privatización de estos servicios públicos, se inició un ciclo de protestas sociales y presión popular en defensa de ambos derechos que lograron que el Gobierno echara atrás dichas leyes.
Sin embargo, a los pocos días el Consejo de Ministros aprobó unos nuevos proyectos de ley en la misma línea neoliberal que los anteriores. Como respuesta a ello se organizó la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación Pública en Honduras, articulación de organizaciones gremiales, sociedad civil, mujeres, estudiantes, pueblos indígenas, negros y campesinos para fortalecer la lucha por la defensa de la salud y la educación.
Desde su inicio en abril, esta lucha ha estado marcada por fuertes represiones con abuso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y militares, quienes han hecho uso de armas de fuego y han utilizado de manera sistemática y masiva gases lacrimógenos y balas de goma para atacar a las personas que a través de diversas expresiones pacíficas de movilización ejercían su legítimo derecho a la protesta social.
También se han producido múltiples persecuciones de manifestantes que han terminado en golpizas y detenciones arbitrarias, así como ejecuciones extrajudiciales marcadas por la brutalidad de varias personas que han participado activamente en las movilizaciones, todo ello con la finalidad de generar terror y mantener en zozobra a la población que se ha organizado y movilizado para defender sus derechos.
Las acciones en defensa de la salud y la educación se han desarrollado en San Pedro Sula, Siguatepeque, Santa Ana, Tegucigalpa, Talanga, Olancho, Choluteca, Tocoa, Trujillo, El Progreso, Comayagua, Danlí, Santa Bárbara y Ocotepeque, Cortes, Atlántida, La Paz y otros territorios del país.
Según datos a los que ha tenido acceso la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, solo en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Lima se reportan al menos 25 detenciones arbitrarias.
Es un hecho constatado el papel fundamental y mayoritario que las mujeres desarrollamos en los ámbitos de la salud y la educación. La privatización y precarización de estos servicios supone una violencia estructural que afecta especialmente a las mujeres, tanto por las consecuencias que tiene sobre los derechos laborales de las profesionales de ambos ramos, como sobre el derecho de todas las mujeres y sus familias a una salud y educación públicas, gratuitas y de calidad. Por este motivo, las mujeres hondureñas, entre ellas estudiantas, doctoras, enfermeras, madres, profesoras, maestras, defensoras de derechos humanos y muchas otras más están en la vanguardia de esta lucha, lo que también implica que están ampliamente expuestas a la acción represiva del Estado sobre sus cuerpos y su integridad física y moral.
Ponemos énfasis en la criminalización y amenazas de muerte contra defensoras en los diferentes territorios y, en especial, las que ha recibido Suyapa Figueroa, integrante de la coordinación de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación en Honduras.
Por ello, desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras:
- Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de represión y uso de la fuerza para inhibir y vulnerar el legítimo derecho a la protesta de las población hondureña.
- Responsabilizamos al Estado hondureño de cualquier vulneración contra la vida, la seguridad y la integridad física y moral de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta.
- Exigimos la derogación de los decretos que vulneran y privatizan los derechos a la salud y la educación pública, gratuïtas y de calidad.
- Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que exprese su solidaridad con el pueblo hondureño y se mantenga al pendiente de la situación.