María Esperanza Sánchez García

Organización
Movimiento Cívico 19 de Abril - Matagalpa

Actividad
Derechos sociales y políticos

Agresiones
Detención arbitraria, criminalización, torturas, trato cruel e inhumano.

HECHOS - La noche del pasado 26 de enero, la activista María Esperanza Sánchez fue detenida de manera arbitraria por la policía. La detención tuvo lugar en una casa de seguridad a la que la defensora había acudido debido al constante asedio del que era objeto en su casa hogar, en Matagalpa. Ayer, jueves 6 de febrero, María Esperanza fue trasladada a la cárcel de mujeres conocida como “La Esperanza”, donde permanece privada de libertad.

Según denuncia su familia, desde el momento de la detención María Esperanza ha sido objeto reiterado de torturas, trato cruel e inhumano con el objetivo de forzarla a aceptar los delitos que se le imputan.

Maria Esperanza ha participado del activismo cívico desde abril de 2018, cuando estalló la crisis socio-política que sigue vigente en el país. Fue parte del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y más tarde del Movimiento Civico 19 de Abril - Matagalpa y de la Unidad Azul y Blanco (UNAB).

La policía pretende imputarle cargos por tráfico de drogas que ella niega. Según han advertido varias organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, esta parece haberse consolidado como una estrategia del Estado para criminalizar a personas activistas, encarcelarlas y negar su condición de presas políticas. 

María Esperanza padece hipertensión arterial y asma cardíaca,  así como problemas de coagulación debido a una trombosis coronaria que sufrió hace años, por lo que las torturas y las inhumanas condiciones de privación de libertad que enfrenta hacen temer por su estado de salud, la cual ha empeorado en los últimos días.

Desde la IM-Defensoras exigimos el cese inmediato de los actos de tortura y trato cruel e inhumano contra María Esperanza y hacemos responsable al Estado nicaragüense de su vida e integridad física, psicológica y emocional. 

Asimismo, exigimos su liberación y el del resto de personas políticas que siguen privadas de libertad en Nicaragua.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente de lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis iniciada en abril de 2018 persiste mientras el Gobierno sigue vulnerando los derechos fundamentales de la población y exponiendo a activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a un contexto de amenazas, hostigamiento, ataques y limitaciones al ejercicio de su labor.