Flor Ramírez
Actividad
Derechos sociales y políticos
Agresiones
Asedio, vigilancia, uso excesivo de la fuerza, violación del derecho a la libertad de movimiento
HECHOS - Desde hace 4 días, efectivos de la policía permanecen frente a la casa de la activista Flor Ramírez, también conocida como Doña Flor, realizando acciones de vigilancia e intimidación.
Este viernes, 27 de marzo, un oficial de policía armado se ha apostado desde las 6 de la mañana en la puerta de la casa y ha impedido la salida de la activista, quien se disponía a comprar alimentos, llegando a usar la fuerza para obligarla a entrar de nuevo en la casa. Ante la demanda de explicaciones por parte de Doña Flor, la policía ha alegado que “ella no puede salir porque es instigadora”.
El 30 de marzo del pasado año, 2019, Doña Flor fue objeto de una violenta detención arbitraria en el marco de una protesta de ámbito nacional. Doña Flor se ha convertido en un símbolo de las protestas contra el gobierno por bailar en las marchas ataviada con un traje típico de Nicaragua, y desde el inicio de la crisis en abril de 2018 ha sido objeto reiterado de ataques, amenazas y hostigamiento, lo que le ha provocado diversas secuelas sobre su estado de salud.
Estos actos de hostigamiento y privación de libertad de movimiento contra Flor Ramírez se suman a los que de manera reiterada y sistemática se llevan a cabo contra otras personas activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo a sus familias, en todo el país, en lo que sin duda es una estrategia del Estado para intimidar, reprimir y desmovilizar las voces críticas con el Gobierno.
Desde la IM-Defensoras repudiamos y condenamos la agresión de que ha sido objeto Doña Flor y exigimos que cesen los actos de asedio y hostigamiento en su contra y que se respete su derecho a la libre circulación, haciendo responsable al Estado nicaragüense de cualquier atentado contra su integridad física, moral o psicológica.
Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que siga al pendiente de lo que sucede en Nicaragua, donde la crisis política y de derechos humanos iniciada en abril de 2018 sigue vigente y los ataques, hostigamientos y persecución política contra activistas y personas defensoras de derechos son sistemáticos y continuos.
