El 31 de marzo del 2020, el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Seguridad Pública, decidió modificar las medidas de protección asignadas a una compañera defensora, víctimas de violencia y sus familias.

La defensora y las víctimas tenían medidas cautelares, las cuales fueron retiradas por la Secretaría usando como argumento que deben “mantener la salud de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública” en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. En un documento, entregado por la entidad antes mencionada a la defensora, se le indica que debe llamar a números de emergencia ante una eventualidad.

Hacemos un enérgico llamado al estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública a abstenerse de modificar las medidas de protección a defensoras de derechos humanos y a víctimas de violencia. Recordamos al Estado Mexicano que cualquier consecuencia de una agresión sufrida contra las defensoras y víctimas de violencia que cuentan con medidas cautelares, recae sobre su responsabilidad.

Recordamos al Estado Mexicano y a los Estados de Mesoamérica que no es posible dejar de proteger a quienes nos defienden bajo la excusa de atender la crisis del Covid-19. Las “medidas sanitarias” no deben pasar por encima de los derechos humanos de las defensoras y de las poblaciones más vulnerables de nuestra región.