Lejos de cesar, la campaña de represión y hostigamiento contra activistas, periodistas y defensoras iniciada por el gobierno nicaragüense en vísperas de cumplirse, el pasado sábado, 18 de abril, dos años del inicio de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país, se ha recrudecido durante ayer domingo y hoy lunes, cuando la población de Esquipulas, en la isla de Ometepe, ha amanecido con una brutal represión por parte de policías antimotines.
En total, desde el 15 de abril se han registrado al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos agredidas, entre ellas dos mujeres trans y dos mujeres embarazadas. Las agresiones, que incluyen insultos y amenazas de tipo sexual, se han dirigido especialmente contra personas presas políticas excarceladas y sus familias, así como contra madres de personas presas políticas y asesinadas en abril de 2018.
Los ataques, asedios y hostigamientos por parte de policías y paramilitares reportados durante la pasada semana y el mismo sábado 18 de abril, los cuales denunciamos a través de alerta, se reprodujeron durante todo el domingo 19 de abril y continúan este lunes 20.
La situación reviste especial gravedad en Esquipulas, Ometepe, donde el domingo, la policía reprimió y detuvo a diversas personas que estaban instalando banderas azul y blanco en postes de electricidad, tras lo cual se inició una oleada de protestas y represión que esta mañana se ha recrudecido con el uso por parte de la policía de armas de fuego y gases lacrimógenos contra la población.
Desde la IM-Defensoras condenamos todos estos hechos y exigimos el cese inmediato de la violencia policial y paramilitar en contra de activistas, personas presas políticas ex-carceladas, periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general.
Hacemos una llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos oficiales de derechos humanos a reaccionar de manera rotunda ante estos graves hechos y ante la situación de vulneración generalizada y sistemática de los derechos humanos que persiste en Nicaragua, donde dos años después del inicio de la crisis, la represión de la protesta y la persecución política de las voces críticas y de quienes defienden los derechos humanos siguen plenamente vigentes.