La policía de Nicaragua arrestó de manera arbitraria a la joven activista transgénero Celia Cruz, de la isla de Ometepe. La detención se dio en medio de una oleada de detenciones y hostigamientos ocurridos desde el 18 de abril, fecha en la que se conmemoraron dos años del inicio de la insurrección pacífica en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Celia realizó una transmisión en vivo, documentando un piquete exprés de protesta, el 19 de abril. Ese día inició el asedio de la policía en su contra y al día siguiente, fue amenazada y hostigada por redes sociales. Personas la acusan además de intento de asesinato, secuestro y tortura contra un oficial de policía.
El pasado lunes denunciábamos agresiones, asedios y hostigamientos por parte de la policía nacional y grupos paramilitares contra al menos 70 mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. En esa alerta, señalábamos en particular la brutal represión ocurrida en la isla de Ometepe iniciada el domingo y que ha continuado hasta hoy.
Desde la IM-Defensoras exigimos la liberación inmediata de Celia y de todas las presas y presos políticos del país, criminalizadas y criminalizados por ejercer su libre derecho a protestar. Recordamos la violencia con la que han sido manejados los arrestos de la policía de Nicaragua contra mujeres trans en el pasado, en un país donde no existe una ley de identidad de género que las proteja las reconozca y respete su identidad elegida.
Condenamos una vez más todos estos hechos y exigimos el cese inmediato de la violencia policial y paramilitar en contra de activistas, personas presas políticas ex-carceladas, periodistas, defensoras de derechos humanos y población en general.
Hacemos nuevamente una llamado urgente a la comunidad internacional y a organismos oficiales de derechos humanos a reaccionar de manera rotunda ante estos graves hechos y ante la situación de vulneración generalizada y sistemática de los derechos humanos que persiste en Nicaragua, donde dos años después del inicio de la crisis, la represión de la protesta y la persecución política de las voces críticas y de quienes defienden los derechos humanos siguen plenamente vigentes.
