El pasado 24 de marzo, con el pretexto de enfrentar la crisis generada a escala global por la pandemia COVID-19, el gobierno de Nicaragua, las organizaciones patronales y los sindicatos oficiales que operan en las llamadas Zonas Francas donde se ubican las empresas maquiladoras, firmaron un acuerdo que supone una flagrante vulneración de los derechos laborales de las personas que trabajan en las maquilas, en su mayoría mujeres, y un agravamiento de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica en la que ya de por sí se encuentran estas trabajadoras y sus familias. 

En líneas generales, dicho acuerdo facilita a las empresas la ejecución de despidos y la aplicación de reducciones de sueldo y horario. Se hace evidente que en el marco de la crisis sanitaria, la agudización de las condiciones de precariedad que enfrentan estas trabajadoras implica exponerlas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en materia económica como de salud.

En este sentido, en nuestro pronunciamiento “COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana” ya alertamos sobre la necesidad de que, ante la crisis vigente, los Estados deben implementar “políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas”.

A la preocupación por los contenidos y consecuencias de este acuerdo, se suma la indefensión en la que se encuentran las trabajadoras nicaragüenses de cara a oponerse al mismo, negociar y exigir se respeten sus derechos laborales. Ello como consecuencia de la clausura de los espacios de representación no alineados con el gobierno, así como de la persecución política y ataques sistemáticos que enfrentan quienes se organizan para defender derechos humanos o posturas diferentes a las oficiales. 

Por todo ello, desde la IM-Defensoras exigimos a las empresas y al Estado que se respeten los derechos laborales y sociales de todas las trabajadoras de las maquilas y que se prioricen éstos sobre los intereses de las empresas. 

También exigimos al Estado que garantice tanto a las propias trabajadoras como a las personas y organizaciones que las defienden el derecho a defender derechos.

Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para se mantenga vigilante de lo que sucede en Nicaragua, donde nos preocupa que la crisis generada por el COVID-19 puede convertirse en un nuevo instrumento del Gobierno para profundizar la grave crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.