17 de junio de 2020 - Nosotras, las organizaciones firmantes, hemos realizado un monitoreo constante a la repuesta del gobierno nicaragüense al COVID-19, declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Por ello, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de acatamiento de estándares internacionales referidos a la prevención y control de epidemias por parte del gobierno nicaragüense. En particular, constatamos una reiterada desprotección hacía las personas trabajadoras de la salud en el país, no solo respecto a su salud física y mental en su lugar de trabajo, sino también hacia sus derechos a la libertad de expresión y a no ser despedidas injustamente de sus empleos. Como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado nicaragüense tiene la obligación de comprobar que ha tomado todas las medidas hasta el máximo de recursos que disponga, para garantizar el derecho a la salud de su población y el derecho a unas condiciones laborales justas, seguras y favorables para las personas trabajadoras de la salud.

Según información del Observatorio Ciudadano COVID-19, desde el 4 de junio hasta la fecha, han sido despedidas por el Ministerio de Salud (MINSA) por lo menos 16 personas que laboran en la sanidad pública en Estelí, Granada, Managua y Rivas. Todos las y los profesionales de salud despedidos, firmaron una carta pública el 17 de mayo, instando al gobierno nicaragüense a tomar medidas más serias para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en el país, y haciendo un llamado a la población nicaragüense a quedarse en casa y tomar medidas de precaución y prevención sanitaria.

Es alarmante que algunas de las personas cesadas en sus trabajos recibieran cartas de despido que no contienen el motivo de terminación de la relación laboral. Además, algunos despidos fueron llevados a cabo de manera abrupta y sin reunión previa informativa u oportunidad de defenderse ante el despido. En ese contexto, Amnistía Internacional entrevistó a una doctora que señaló que la directora del hospital simplemente dijo que su despido del día 9 de junio se debió a “órdenes superiores”.

Las personas despedidas no han podido regresar a su lugar de trabajo y hasta ahora no han recibido una compensación por despido. Estos despidos son el último acontecimiento de una serie de represalias, en el entorno laboral, sufridas por el personal de salud desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estos incidentes han incluido la prohibición del uso de equipo de protección personal (EPP) en varias ocasiones, además del acoso e intimidación hacia personas trabajadoras de la salud que han levantado la voz sobre condiciones de seguridad laboral y condiciones adecuadas para tratar pacientes. Estos actos intimidatorios también han sido señalados públicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la fecha, 536 personas trabajadoras de la salud han presentado síntomas consistentes con el COVID-19, y 61 han muerto por causa de COVID-19, según cifras del Observatorio Ciudadano COVID-19 actualizados hasta el 10 de junio. Esta organización, conformada por un equipo multidisciplinario que realiza vigilancia epidemiológica comunitaria en el país, contabiliza 1,398 muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19, cifra que contrasta ampliamente con las cifras publicadas por el Ministerio de Salud para quien sólo hay 55 muertos por covid-19 al 10 de junio.

En este clima de acoso y represalia a personal sanitario, es de relevancia enfatizar que los principios de ética médica son coherentes con los principios de los derechos humanos e incluyen la obligación de asegurar que las personas tomen decisiones informadas sobre su atención médica. Aunque en los entornos de salud hay situaciones en las que retener información y mantener la confidencialidad es de importancia, especialmente cuando está implicada la privacidad de las y los pacientes, los principios éticos relativos a médicos/as y enfermeros/as incluyen explícitamente la responsabilidad del personal médico de señalar las deficiencias en la atención de la salud. Los órganos internacionales que supervisan las normas profesionales en los campos de la enfermería y las profesiones médicas han emitido directrices específicas sobre la obligación ética de alzar la voz en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Además, es muy importante que la voz del personal médico sea escuchada y que sus críticas sean valoradas y tomadas en cuenta. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el personal sanitario necesita participar activamente en diálogos sobre medidas de salud pública, sobre todo porque es el que debe aplicar esas medidas y el que conoce las necesidades prácticas y los problemas. Asimismo, ONUSIDA, la agencia de la ONU sobre la pandemia de VIH-SIDA, ha compartido lecciones desde la lucha contra el SIDA que enfatizan la imperiosa necesidad de proteger a las personas trabajadoras de la salud e incluir sus perspectivas en cualquier diseño de combate contra una pandemia. Estas directrices y aprendizajes deben ser implementados por el gobierno que Usted dirige, para asegurar una respuesta que proteja el derecho a la salud de toda la población de Nicaragua.

De igual manera, el Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo (1982), establece en su artículo 5 que no será considerado un motivo justo de despido el cesar la relación laboral de una persona trabajadora que ha denunciado anomalías en el entorno de trabajo o hacia las autoridades.

Los recientes despidos de personal de salud se ubican dentro de un contexto de represión estatal que inició en Nicaragua en abril 2018 y que, a la fecha, continúa. En ese marco, las organizaciones firmantes rechazamos las repetidas represalias e intimidaciones hacia personas defensoras de derechos humanos, incluyendo los reiterados actos intimidatorios hacia profesionales de salud en particular. Estos actos abarcan despidos a varios profesionales de la salud durante estos últimos dos años, además de la intimidación y asedio policial denunciado por representantes de la Unidad Médica Nicaragüense, que sigue hasta el día de hoy.

Tomando en cuenta las preocupaciones planteadas, hacemos un llamado urgente al gobierno nicaragüense para que cese de inmediato los actos intimidatorios hacia personal de salud, incluyendo los despidos arbitrarios a quienes levantan la voz para exigir mayor protección sanitaria y transparencia en el contexto de COVID-19. De igual manera, hacemos un llamado para que las autoridades hagan efectivo el derecho que cada trabajador y trabajadora tiene de buscar un remedio efectivo contra su despido, lo cual comprende la posibilidad de reinstalación en los casos de despidos injustificados.

En este contexto, reiteramos nuestro interés de recibir información oficial sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han convertido en una constante en su país. Igualmente, le exhortamos a que detenga la represión y la política gubernamental que castiga con despidos y hostigamientos al personal de salud que solo pide una política de salud integral frente a la pandemia.

Atentamente,

Amnistía Internacional

Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)