11 de junio de 2020 — Las organizaciones internacionales firmantes nos sumamos a la consternación de víctimas, familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos locales ante las graves violaciones de derechos humanos ocurridas recientemente en el estado de Jalisco. Particularmente, en tanto estas violaciones podrían ser consecuencia de un uso excesivo de la fuerza de corporaciones policiacas tanto para implementar las medidas de contención sanitaria como para reprimir la protesta social.
Según información oficial, el pasado 05 de mayo, Giovanni López Ramírez habría muerto bajo custodia oficial de elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, México, De acuerdo con la información reportada, la detención de Giovanni habría ocurrido en el contexto de implementación de medidas para contener la emergencia sanitaria del COVID-19; específicamente en lo relacionado al uso obligatorio de cubre bocas en espacios públicos en esa entidad. Las circunstancias de la muerte del señor López se sabría hasta un mes después solo tras su filtración en redes sociales.
Días previos al incidente letal que privó de la vida a Giovanni López, organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) alertaban acerca de la posibilidad de que las disposiciones derivadas del acuerdo para atender la pandemia podrían conducir a la comisión de violaciones de derechos humanos. Según información del CEPAD, 72 personas fueron arrestadas tras 4 días de implementación de las medidas por supuestamente agredir a elementos de seguridad pública tras haber sido exhortadas a utilizar tapabocas. Entre el 19 de abril y el 12 de mayo esta cifra habría alcanzado 400 personas tan solo en la capital del estado.
Tras conocerse la muerte de Giovanni, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco se iniciaron distintas movilizaciones sociales de protesta entre el 4 y 6 de junio de 2020. El gobierno estatal reconoció públicamente la actuación irresponsable de órganos del Estado.
Entre las violaciones de derechos humanos denunciadas por diversas organizaciones estarían la comisión de decenas de detenciones arbitrarias; algunas de ellas con elementos que podrían constituir desaparición forzada, en tanto que, según la información en medios de comunicación y de ONGs, durante horas, se desconoció el paradero de por lo menos 23 personas tras las movilizaciones del 05
de junio en las inmediaciones de la fiscalía estatal. También existe registro documental de que la policía de Jalisco hizo uso desproporcionado de la fuerza frente a todas las movilizaciones del período referido. Además, testimonios de víctimas, denuncias de familiares e información de sociedad civil indican que decenas de personas habrían sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes que, de comprobarse, incluso podrían configurar tortura.
Resaltamos también las restricciones a la libre expresión y labor periodística que se registraron en las movilizaciones; y las amenazas contra personas defensoras que brindaban asesoría y acompañamiento legal. También llamamos la atención sobre declaraciones desde el poder ejecutivo estatal que minimizan la gravedad de las agresiones y que desacreditarían la protesta. Estas declaraciones fueron replicadas por algunos medios de comunicación, lo cual podría perjudicar la percepción pública sobre la legitimidad del reclamo social y la seguridad de personas defensoras.
Si bien saludamos que el gobierno del estado haya reconocido algunas de estas violaciones de derechos humanos, lamentamos que, aun con ello, se hayan presentado nuevas detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes en la movilización del 6 de junio. Igualmente preocupantes resultan las afirmaciones del gobernador sobre que las irregularidades habrían sido consecuencia de una infiltración en la policía estatal; y la advertencia de que en la manifestación de ese día podría haber habido presencia del crimen organizado, sin cumplir con el deber que les correspondería de anunciar o adoptar medidas para garantizar la libre expresión y la protesta social.
Por todo ello, las organizaciones firmantes instamos a:
– Que las investigaciones en curso sobre la muerte de Giovanni López y sobre los acontecimientos en el marco de las manifestaciones, incluyendo el 4 y 6 de junio, se conduzcan con debida diligencia, de manera oportuna y deriven en la sanción de todas las personas responsables, brindando así justicia para las víctimas y sus familiares;
– La apertura de carpetas de investigación desde la Fiscalía General de la República por la posible comisión de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes; y que se agote la línea de investigación por desaparición forzada en los acontecimientos del 5 de junio, cumpliendo con los estándares internacionales en la materia.
– Que los mecanismos constituidos para el esclarecimiento de los hechos referidos cuenten con efectiva participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales para la construcción de garantías de no repetición. Especialmente, aquellas destinadas a establecer mecanismos de control sobre el uso de la fuerza de los elementos de seguridad, como le ha ordenado previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano.
– Garantizar que cualquier medida que se implemente para la contención de la pandemia tenga como eje fundamental el respeto a los derechos humanos.
– Garantizar el derecho a la libre manifestación, libre expresión y defensa de derechos humanos, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen estos derechos, incluyendo a periodistas y personas defensoras.
Organizaciones firmantes:
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Latin America Working Group
CEJIL
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Amnistía Internacional
Robert F. Kennedy Human Rights
Protection International Mesoamérica