Ayer jueves 2 de julio, a las 6:30 de la tarde, la abogada y compañera Defensora de Derechos Humanos, Astrid Ramos, fue agredida y detenida de manera arbitraria por elementos de la Policía Nacional departamental de Comayagua, cuando ejercía su labor de representación legal y defensoría de Derechos Humanos.

Mientras la defensora daba acompañamiento legal a una persona que había sido detenida sin explicación alguna, fue también privada de su libertad por miembros policiales, quienes hicieron caso omiso a su condición de abogada y defensora y sin mediar palabra, haciendo un uso desmedido de la fuerza, la sometieron y encarcelaron junto con su representado, alegando una violación al decreto que, con excusa de la crisis sanitaria, mantiene restringidas múltiples garantías constitucionales de la población hondureña.

La defensora fue retenida durante cuatro horas y media en la posta policial, negándosele el derecho a realizar llamadas telefónicas, y siendo objeto de amenazas y agresiones verbales por parte de los elementos de la fuerza pública.

Al hacerse presente un compañero defensor de derechos humanos, la compañera Astrid fue puesta en libertad, bajo la condición de “no presentar la denuncia”, pretendiendo de esta manera, ocultar la arbitrariedad e ilegalidad del accionar de la policía nacional.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, condenamos estos hechos que ponen en evidencia la vulnerabilidad en la que, en tiempos de pandemia, nos encontramos las personas y organizaciones que tenemos como función principal la protección de los derechos humanos.

Hacemos un llamado enérgico al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de DDHH, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, quién no está cumpliendo su función de garantizar la protección de las defensoras en el ejercicio de su labor.