El pasado viernes 28 de agosto, durante su conferencia matutina, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo unas declaraciones que provocan la deslegitimación, estigmatización y pueden derivar en la criminalización de medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos que han denunciado las violaciones a derechos humanos y ambientales del modelo extractivista y, más concretamente, las relacionadas con el proyecto conocido como “Tren Maya”.
En dichas declaraciones, el Presidente usó la referencia a las fuentes de financiación -públicas y declaradas ante los mecanismos rendición de cuentas correspondientes- para cuestionar y poner en duda la legitimidad y el trabajo de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Indignación A. C., Diálogo y Movimiento A. C., todas ellas con una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; así como al medio de comunicación de ámbito virtual Animal Político, de amplia circulación en el país.
Estas declaraciones obstaculizan el debate público sobre el megaproyecto del Tren Maya, cuya envergadura e impacto obligan a que el Estado Mexicano asegure condiciones y mecanismos de diálogo que permitan a la población y las organizaciones de la sociedad civil expresar sus opiniones y críticas y vigilar que se cumplan los estándares de derechos humanos en la materia, incluida la cancelación del proyecto por los daños a la población y el medio ambiente. El modelo extractivo ha sido denunciado por movimientos sociales de toda Latinoamérica como una de las principales fuentes de despojo y conflictividad social en el continente.
Aún más preocupante es que cuestionamientos como los hechos por el presidente de la república pueden derivar en procesos de criminalización y agresiones contra las organizaciones y las comunidades que se oponen a dicho proyecto. Recordamos al gobierno que México ha sido señalado reiteradamente por mecanismos internacionales de derechos humanos a causa de los asesinatos y ataques a las personas y organizaciones que defienden el territorio, con especial impacto en las mujeres defensoras de derechos humanos.
Asimismo, al estigmatizar la labor de defensa de derechos humanos, no sólo se incumple la obligación del Estado de proteger a las personas defensoras y promover su labor, sino que también se pone en el punto de mira al resto de colectivos y personas que desarrollan esta labor en el país y se contribuye a legitimar los ataques que desde gobiernos estatales, municipales y grupos de poder se hacen continuamente contra personas defensoras del territorio y otros derechos humanos. No olvidemos que al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas durante el vigente mandato presidencial.
Desde la IM-Defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y Luchadoras exigimos la rectificación por parte del presidente López Obrador, y que ésta venga acompañada del reconocimiento público al trabajo fundamental que desarrollan las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que históricamente han luchado por la democracia y abierto caminos para la justicia, indispensables en todo procesos de transformación social.
