Sobre las 9 de la noche del pasado domingo 18 de octubre, la defensora de los pueblos indígenas Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida arbitrariamente en la caseta de peaje de Amozoc, Estado de Puebla, y tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante unas horas, trascendió que había sido trasladada al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta el momento todavía no ha sido presentada ante las instancias de justicia, lo que supone una violación de sus garantías judiciales.
Esta es la segunda detención arbitraria que sufre Kenia en los últimos cuatros meses. Tal y como denunciamos en su momento, la primera detención se produjo el 6 de Junio, permaneciendo ilegalmente privada de libertad durante 5 días, hasta el 11 de junio, cuando la jueza le concedió seguir con su proceso penal en libertad para determinar su situación jurídica, tras haber sido falsamente acusada de un supuesto robo con violencia de 500 pesos.
Esta nueva detención se produce después de que el pasado lunes 12 de octubre, Kenia participase una la manifestación ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, como integrante del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, en demanda de justicia por el asesinato del también defensor Arnulfo Cerón Soriano.
Kenia Hernández es oficial de las Policías Comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el Estado de Guerrero, partícipe del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos y en el Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y miembro de la Dirección Política Nacional de Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive. Debido a su labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha sido objeto constante de hostigamiento.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, ProDESC, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y la IM-Defensoras exigimos a las autoridades el respeto a la integridad personal de Kenia Hernández, el respeto a sus derechos humanos y a las garantías judiciales con el debido proceso.
