Activistas feministas, defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de Bianca Alexis

Actividad
Derecho a la verdad, justicia y reparación; derecho a la libertad de expresión; derecho a una vida libre de violencia.

HECHOS - La tarde del lunes 9 de noviembre, policías municipales de la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, dispararon contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas feministas, familiares de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado y personas manifestantes que se habían congregado frente al palacio local de gobierno para exigir justicia por el feminicidio de Bianca.

Los policías municipales realizaron disparos al aire y hacia las personas que ejercían su derecho a la protesta social, ante una problemática tan grave y extendida en todo el país como es la violencia feminicida. Se cuenta con información de que las periodistas agredidas son Cecilia Solis, corresponsal de Energy F.M.; Edith Selene Huidrobo González, reportera de televisión del Grupo Sipse; Alejandra Carol Galicia Ocaña, corresponsal de La Silla Rota y Adriana González Varillas, corresponsal del Universal; además de los periodistas Roberto Becerril, de La Verdad, y Santiago Rodas, reportero gráfico de la agencia Quadratín, y la defensora Wendy Galarza, de la Colectiva Conversatorio Feminista de Cancún, con herida de bala en la pierna.

También se tiene constancia de que al menos tres personas presentaron heridas de bala, cuatro reportaron lesiones de consideración, ocho personas fueron  detenidas y  un número indeterminado de personas fueron golpeadas mientras intentaban huir del lugar en medio de la balacera.

Medios de comunicación locales han denunciado el papel desempeñado por la Guardia Nacional en el momento de la represión armada, señalando que su decisión de no intervenir durante la misma para proteger a la población la hace responsable de los hechos por omisión.

Nos consta que a primeras horas de este martes 10 de octubre se reportó la destitución de Eduardo Santamaría, Director de la Policía Municipal y Tránsito de Benito Juárez (Cancún). También es importante destacar que el jefe de la policía municipal de Benito Juárez, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien anteriormente había sido jefe de la policía en los estados de Tijuana y Baja California y coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Morelos, tiene antecedentes de uso excesivo de la fuerza pública contra la población.

La indignación y exigencia de justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado se produce después de que la búsqueda y desaparición de esta joven se diera por concluida con el hallazgo de su cuerpo sin vida, el cual presentaba muestras de extrema violencia.

Resulta muy preocupante que este acto de represión perpetrado por cuerpos de seguridad del Estado genere una escalada en la brutalidad, al incluir el uso de munición letal contra las personas manifestantes, y se sume a otros que se han venido repitiendo durante los últimos meses en distintos lugares del país, específicamente dirigidos contra activistas feministas, mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas que ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Desde la IM-Defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Comunicación e Información de la Mujer A.C., la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) condenamos estos hechos, exigimos una investigación exhaustiva de los mismos y que se deslinden y depuren todas las responsabilidades implicadas.

Hacemos un llamado al Gobierno Federal, Estatal y municipal a realizar las diligencias necesarias para atender de manera pronta, y pedimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas su inmediata actuación.

A las personas responsables de estas instituciones, así como a medios de comunicación y población en general también llamamos a evitar estigmatizar, criminalizar y reprimir el activismo feminista y a las cada vez más numerosas mujeres y organizaciones que luchan y trabajan por los derechos de las mujeres en un país azotado por la violencia machista y feminicida, la impunidad y la dificultad para acceder a la verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas y sus familiares.