Para: Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

3 de febrero de 2021

Excelencia,

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS DEBE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL REFUERZO DEL MONITOREO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA

Nosotras, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, hacemos un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH o Consejo) para que adopte una resolución durante su 46º período de sesiones, renovando el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH o Alto Comisionado) para monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El mandato sigue siendo crítico dada la continua negativa de Nicaragua a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos, y la reciente evaluación de la Alta Comisionada que determina que, hasta ahora, “no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. Instamos a su delegación a que trabaje con otras para alcanzar una resolución firme sobre Nicaragua, que renueve plenamente el mandato del Alto Comisionado y establezca claros criterios de cooperación. La resolución debería enviar un claro mensaje de que la comunidad internacional apoya a las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación.

A pesar de los esfuerzos de la ONU y de la región por abordar la crisis, la situación de los derechos humanos en Nicaragua sigue siendo crítica. En 2020 han continuado los reportes de graves violaciones de los derechos humanos, como detención arbitraria, tortura y malos tratos, hostigamiento, denegación de justicia, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y los constantes esfuerzos para silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. Como señaló la OACNUDH, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones feministas y de mujeres, líderes y lideresas de comunidades, pueblos indígenas y periodistas independientes siguen siendo objeto de ataques, estigmatizaciones, intimidaciones, amenazas e incluso de asesinatos.

Durante el último año, la Asamblea Nacional aprobó leyes propuestas por el partido de gobierno que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, y a postularse a cargos públicos y a votar en elecciones justas y libres. Estas incluyen la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, promulgada en diciembre, así como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos por la Asamblea Nacional, promulgadas en octubre.

En enero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional que permitiría la prisión perpetua para “delitos graves” cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”. La amplia definición de la enmienda podría abrir la puerta a nuevos abusos, ya que el gobierno ha acusado a menudo, sin fundamento, a críticos y opositores políticos de cometer “delitos de odio”, aunque no están definidos por la ley.

Las personas defensoras de derechos humanos y otras críticas del gobierno continúan siendo objeto de detenciones arbitrarias, intimidación, campañas de difamación en línea, acoso, vigilancia y agresiones. Las personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor está por venir. Muchas creen que, en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, las constantes violaciones de los derechos humanos se intensificarán a medida que el gobierno trate de silenciar cualquier forma de oposición y prevenir cualquier forma de participación política.

Como señaló la Alta Comisionada en su actualización del 45º período de sesiones del Consejo (septiembre de 2020), la respuesta de Nicaragua a la pandemia de COVID-19 “ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, sigue evidenciando la necesidad de mayor transparencia y difusión de la información”^[1]. A pesar de las recomendaciones de salud pública de las organizaciones internacionales, en las primeras fases, el gobierno convocó a reuniones masivas en lugar de garantizar la distancia social. Cientos de trabajadores migrantes y solicitantes de asilo de Nicaragua que buscaban regresar al país en el contexto de la pandemia enfrentaron considerables obstáculos impuestos por el gobierno. Las autoridades siguen negándose a cooperar con los mecanismos de monitoreo de derechos humanos regionales e internacionales. Desde que expulsaron a personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la OACNUDH en 2018, continúan bloqueando el acceso de estas organizaciones al país. Dos años después de la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), las autoridades de Nicaragua constantemente han omitido “responder las solicitudes expresas de la CIDH sobre asuntos o situaciones específicas”, particularmente con relación a la implementación de medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano.

Dada la continua negativa de Nicaragua a cooperar con el sistema regional o internacional o a tomar medidas para mejorar la grave situación de los derechos humanos, resulta evidente que la situación sigue cumpliendo los “criterios objetivos para la actuación del CDH” (véase nuestra visión general al respecto en el anexo). Estos criterios se elaboraron para ayudar a identificar las situaciones que requieren la atención del Consejo de Derechos Humanos en una declaración conjunta dirigida por Irlanda en el 32º período de sesiones, y reafirmada además por declaraciones conjuntas dirigidas por los Países Bajos en el 35º período de sesiones, Australia en el 37º período de sesiones, Fiji en el 40º período de sesiones del Consejo y las Islas Marshall durante el 43º período de sesiones del Consejo.

Por consiguiente, instamos al CDH a que adopte una resolución cuando se reúna en su 46º período de sesiones para:

• Renovar y reforzar el mandato de monitoreo y presentación de informes de la OACNUDH, y garantizar que cuenta con los recursos adecuados: La continuidad del monitoreo reforzado y la presentación de informes de la OACNUDH sigue siendo esencial para hacer frente a la impunidad por los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante y desde las protestas de 2018 a nivel nacional, y para poner freno a posibles nuevas violaciones, incluso en relación con las elecciones presidenciales de 2021. Estos esfuerzos son fundamentales para apoyar la labor de la sociedad civil y hacer frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que subyacen a la crisis en Nicaragua.

• Encomendar a la Alta Comisionada a que informe periódicamente al CDH sobre la situación de Nicaragua en el contexto de los diálogos interactivos, incluyendo un diálogo interactivo adicional reforzado en torno a las elecciones previstas para noviembre de 2021.

• Establecer parámetros claros para la cooperación de Nicaragua, cuyo incumplimiento por parte de Nicaragua llevaría a que el CDH adoptara un marco más robusto en 2022, incluido con respecto al acceso de la OACNUDH, los procedimientos especiales, y otros observadores de derechos humanos.

• Instar a Nicaragua a que implemente las recomendaciones de la OACNUDH, las medidas de protección y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y les permita el acceso al país: la Alta Comisionada señaló en su actualización al CDH45 que “la mayoría de las recomendaciones [formuladas en su] informe de septiembre de 2019 […] aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones”. La Alta Comisionada instó nuevamente “al Gobierno a implementar estas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021” y a “reanudar una cooperación efectiva con [su] Oficina, incluso autorizando una misión al país”.

• Responder con firmeza al informe que la Alta Comisionada presentará en el 46º período de sesiones: La resolución debería tener en cuenta el informe, y condenar las violaciones reportadas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que se están cometiendo, e instar al Gobierno a que adopte medidas concretas y con plazos definidos para implementar las recomendaciones.

• Expresar apoyo a las personas defensoras de derechos humanos: Representan el último frente para vigilar y documentar las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional en el país. También es necesario mencionar explícitamente las categorías de personas defensoras en situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular defensores y defensoras de los pueblos indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente, de las mujeres y de las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales, así como periodistas, personas previamente encarceladas, y sus familias.

• Abordar las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto del COVID-19.

Esperamos que su delegación desempeñe un papel activo para garantizar una respuesta que esté en consonancia con el hecho de que Nicaragua sigue sin tomar medidas para superar la crisis de los derechos humanos en el país, y lograr que se comprometa con los actores internacionales o regionales de derechos humanos.

Le ruego acepte, Excelencia, la garantía de nuestra más alta consideración,

Amnistía Internacional
Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro Nicaraguese de los Derechos Humanos (CENIDH)
CIVICUS: Alianza Global de la Sociedad Civil
Colectivo de Derechos Humamos Nicaragua Nunca Más
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Front Line Defenders
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras)
Human Rights Watch (HRW)
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unidad de Registro (UDR)
Washington Office on Latin America (WOLA)