En fechas recientes, el Gobierno guatemalteco ha rescindido de manera unilateral y arbitraria el contrato laboral de la defensora María Alejandra Morales en la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), donde se desempeñaba como asesora de comunicación. 

Su despido se ha producido después de que ella promoviera la campaña “Tengo miedo”, la cual buscaba sensibilizar a la población sobre la grave situación de violencia que viven las mujeres y las niñas guatemaltecas. Dicha campaña fue públicamente criticada por el Gobierno, que llegó a impulsar acciones mediáticas para contrarrestarla, incluyendo una campaña de desprestigio contra las organizadoras, basada en la difusión en redes sociales de información privada de éstas con el objetivo de intimidarlas y dañar su imagen.

El despido de María Alejandra no sería el primero relacionado con la campaña “Tengo miedo”, lo que apunta a la existencia de una estrategia gubernamental para silenciar voces divergentes y la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de condicionar los contratos laborales. Ante ello, la defensora ha interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, alegando que el gobierno está vulnerando derechos como la libertad de expresión, a la igualdad, a la no discriminación, a la dignidad, a la privacidad y a una vida libre de violencia.  

Desde la IM-Defensoras nos solidarizamos con María Alejandra Morales y exigimos garantías para que se resguarde su integridad física, moral y emocional y se respeten sus derechos laborales. Asimismo, condenamos la rescisión unilateral y arbitraria de su contrato y denunciamos la omisión y el desprecio con que el gobierno de Guatemala responde ante una problemática tan grave y extendida en el país como es el de la violencia contra las mujeres y niñas.