El domingo 7 de marzo, el juez Camilo Peralta, del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, dictó auto de formal procesamiento contra las defensoras garífunas Jennifer Solozarno y Marianela Solorzano por los delitos de usurpación, amenazas y daños contra de la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA). En una segunda audiencia, a petición del Ministerio Público, el juez también vinculó a Jennifer Solozarno con el delito de desplazamiento forzado en contra de los miembros de la empresa. Todo ello pese a no existir carga probatoria que justificara la imputación contra la defensoras.
Ambas defensoras fueron detenidas de manera arbitraria el 3 de marzo y permanecieron privadas de libertad durante 4 días en las dependencias policiales de Trujillo, hasta que el día 7 se otorgaron medidas sustitutivas a su favor. La audiencia se desarrolló en un clima de fuerte presencia militar y policial a las puertas e inmediaciones del juzgado, registrándose diversos actos de intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas de la comunidad garífuna concentradas en solidaridad con las defensoras. Además, en una flagrante vulneración a las normas nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos, el juez impidió el acceso a la sala a personas defensoras de derechos humanos y hasta la segunda etapa del proceso no se permitió el acceso a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) que habían acudido a la audiencia para desarrollar funciones de observación.
Especialmente grave fue la actitud del Ministerio Público, cuyo representante recurrió a un discurso basado en prejuicios racistas para justificar, ante la ausencia de pruebas y de fundamentos jurídicos, la criminalización de las defensoras y la apertura de procesos investigativos contra integrantes del pueblo garífuna. También resulta sumamente preocupante que éste constituya el segundo caso en que personas defensoras del territorio son acusadas de la comisión del delito de “desplazamiento forzado”. La importancia de este aspecto no solo responde a la gravedad de las penas establecidas por la comisión de este delito (sancionado con 9 años de prisión), sino también por el hecho que facilita la estigmatización de las acusadas, en la medida en que en Honduras, este tipo penal, usualmente se ha vinculado a actos relacionados con el crimen organizado y las maras.
Marianela es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jeninfer es defensora de los territorios ancestrales garífunas. Los delitos de los que se las acusa están relacionados con el proceso histórico de resistencia frente al despojo al que ha sido sometido el pueblo garífuna. Empresas y gobiernos han participado en la apropiación ilegal del territorio ancestral del pueblo garífuna, y la titularidad de más de 7 mil hectáreas de tierra en las comunidades de Cristales y Río Negro está respaldada por títulos de propiedad ancestral.
Históricamente las comunidades que integran la OFRANEH han sido objeto de acoso, amenaza de grupos armados, asesinatos y desaparición de líderes comunitarios, entre otras graves violaciones a sus derechos que en los últimos 10 años se han profundizado como resultado del modelo corrupto y autoritario imperante desde el Golpe de Estado. Hace 8 meses, 5 compañeros garífunas fueron desaparecidos por hombres armados con uniformes de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de Honduras. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y la IM-Defensoras denunciamos que, una vez más, el Estado hondureño está haciendo uso del derecho penal para inhibir y obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y beneficiar a las empresas que explotan los territorios ancestrales; y expresamos nuestro repudio ante el accionar racista de las instituciones de justicia hondureña contra las defensoras y el pueblo garífuna.
Finalmente, hacemos un llamado a los movimientos sociales, feministas y LGBTI y a toda la comunidad internacional a solidarizarse con la OFRANEH y el pueblo garífuna y a mantenerse pendientes del desarrollo del proceso de criminalización que están enfrentado estas compañeras. Marianela y Jennifer son defensoras, no son delincuentes.