El 18 de marzo se llevó a cabo la inauguración de una "Casa Materna" en las instalaciones de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal POPOL NA (Fundación POPOL NA), las cuales habían sido usurpadas y ocupadas ilegalmente por la policía y autoridades del gobierno desde diciembre de 2018. En estas instalaciones, la organización trabajó durante 30 años acompañando a personas campesinas y luchadoras sociales en defensa de los derechos de sus comunidades y la naturaleza.
Siguiendo el mismo patrón, el 23 de diciembre de 2020 se inauguró un Centro de Atención a Personas con Adicciones en las oficinas del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), anteriormente se había colocado en ellas un cártel que indicaba que habían sido confiscadas y pasaban a pertenecer al Ministerio de Salud. En ambos casos, las instalaciones de las organizaciones fueron adjudicadas al Estado de manera ilegal, sin previo aviso, apropiándose de todas las pertenencias que se encontraban en su interior, incluyendo objetos personales.
El origen de estos hechos se remonta al 13 de diciembre de 2018, cuando la Asamblea Nacional canceló de manera arbitraria la personería jurídica de nueve organizaciones de derechos humanos y dos medios de comunicación, entre ellas, el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), Fundación del Río, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Confidencial, 100% Noticias, Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), organizaciones en su mayoría lideradas por defensoras de los derechos humanos, particularmente de las mujeres y la libertad de expresión.
De las organizaciones enlistadas previamente, ninguna enfrentó un proceso judicial o administrativo, tampoco se les permitió el derecho a la defensa y, a pesar de haber interpuestos recursos de amparo y por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, hasta la fecha no han sido resueltos. Desde entonces, las instalaciones fueron ocupadas por fuerzas policiales y antimotines armados. A finales de diciembre de 2020, el gobierno colocó una serie de rótulos en los que anunciaba que los inmuebles ocupados pasaban al Estado y la asignación a supuestos programas pertenecientes al Ministerio de Salud, los cuales se han estado inaugurando en estos dos últimos meses.
Desde la IM-Defensoras condenamos estos actos arbitrarios que vulneran la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos de la población nicaragüense. Exigimos el cese inmediato de la campaña de persecución y represión contra organizaciones feministas y de derechos humanos y movimientos sociales en Nicaragua. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con estas organizaciones y a mantenerse vigilantes ante la profundización de la crisis política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.