El domingo 28 de febrero, la periodista Kastalia Zapata denunció que fue agredida sexualmente por una agente de policía a través de requisas y tocamientos, acompañados de mensajes discriminatorios y estigmatizadores, al ingresar a dar cobertura periodística a una actividad pública en un hotel de Managua.
Durante los últimos tres años, la represión contra periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua ha ido en escalada. Ello parece responder a una estrategia por parte del Estado para imponer una narrativa oficial afín a sus intereses y callar la labor de fiscalización del poder que se hace desde el ejercicio periodístico, a través de ataques sistemáticos hacia periodistas y medios de comunicación.
Entre los años 2018 y 2020, desde la IM-Defensoras registramos un aproximado de 242 agresiones contra mujeres periodistas, consistiendo en su mayoría en: amenazas, ataques a patrimonio personal, campañas de desprestigio y estigmatización, ciber acoso, intimidación y hostigamiento psicológico, investigación ilegal, retención forzosa, y criminalización. Destacándose también la violencia de género y la de carácter sexual. La mayoría de estas agresiones fueron perpetradas por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales y, en algunos casos, por militares.
Esta situación se puede ver agravada por la promulgación de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley número 1042), ya que existen indicios para pensar que ésta va a ser usada por el Estado como un nuevo instrumento represivo para vigilar y criminalizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en internet.
Desde la IM-Defensoras condenamos la violencia sexual y de género ejercida por la policía contra Kastalia Zapata. Estos actos arbitrarios, misóginos e intimidatorios, vulneran la libertad de expresión e información, así como el ejercicio periodístico independiente.
Exigimos se garantice la libertad de expresión e información en Nicaragua, así como la integridad física, psicológica y sexual de periodistas, sobre todo de mujeres.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a solidarizarse con periodistas y medios de comunicación independientes, y a mantenerse vigilantes ante la profundización de la crisis política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.