Este domingo 7 de marzo, a las 8 AM de Honduras, se llevará a cabo la audiencia inicial en los juzgados de Trujillo, Colón, en la que se determinará si Marianela Solórzano y Jennifer Solórzano, defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), seguirán privadas de libertad arbitrariamente. Ambas compañeras fueron detenidas por la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) el 3 de marzo por la mañana bajo acusación de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras.
En el expediente se las incrimina por los delitos de usurpación de tierras, implicando a otras defensoras y defensores garífunas. Los delitos de los que se les acusa están relacionados con el proceso histórico de resistencia frente al despojo al que ha sido sometido el pueblo garífuna. Empresas y gobiernos han participado en la apropiación ilegal del territorio ancestral del pueblo garífuna, y la titularidad de más de 7 mil hectáreas de tierra en las comunidades de Cristales y Río Negro está respaldada por títulos de propiedad ancestral.
El 4 de marzo, en horas de la mañana, las defensoras fueron presentadas ante el juzgado competente, donde la defensa solicitó medidas alternas a la detención judicial, las cuales fueron negadas. En caso de que no se decrete su libertad, las defensoras serán trasladadas al Centro Penal de Olanchito, Yoro. Marianela es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna organizado en la OFRANEH.
Históricamente las comunidades que integran la OFRANEH han sido objeto de acoso, amenaza de grupos armados, asesinatos y desaparición de líderes comunitarios, entre otras graves violaciones a sus derechos que en los últimos 10 años se han profundizado como resultado de un modelo autoritario y criminal presidido por Juan Orlando Hernández. Hace 8 meses, 5 compañeros garífunas fueron desaparecidos por hombres armados con uniformes de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de Honduras. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y las demás redes y articulaciones nacionales de defensoras de derechos humanos de Mesoamérica, hacemos un llamado a los movimientos sociales, feministas y LGBTI y a toda la comunidad internacional a estar pendientes del desarrollo del proceso y a demandar una audiencia con todas las garantías para las defensoras garífunas criminalizadas.
Exigimos además la liberación inmediata de las compañeras defensoras y responsabilizamos a las autoridades de cualquier daño que las defensoras puedan sufrir. Marianela y Jennifer son defensoras, no son delincuentes.