Por Vanessa Cortez Bonilla, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

“La autoridad hizo una vulnerabilidad con mi familia y nosotros, no vieron lo que ella estaba sufriendo con su enfermedad,…  solo a ponerle los años de cárcel, a ella le pegó pena moral y murió, nosotros quedamos solo con mi abuela. Lo que quiero es que el Estado salvadoreño no haga estas injusticias con las mujeres y  con nosotros (los hijos) que de niños quedamos huérfanos”. Así de contundente son las palabras de Santos, hijo de Manuela quien murió de cáncer linfático mientras purgaba una condena de 30 años de cárcel por un delito que no cometió.

Santos tenía nueve años y su hermanito siete cuando su mamá sintió un fuerte dolor pélvico y abdominal y se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de la casa. En ese momento tuvo una emergencia obstétrica, expulsó un feto y se desmayó. La llevaron al hospital adonde ingresó con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia, el personal médico en vez de atenderla con urgencia, la acusó de provocarse un aborto y dio a aviso a la policía. Sin un abogado defensor y sin la menor consideración, fue interrogada y esposada de ambos manos a la camilla. Del hospital salió directo a la cárcel y nunca más volvió a ver a sus hijos.  

Tenía 33 años, era pobre y analfabeta al igual que sus padres a quienes la policía presionó y amenazó con cárcel para que inculparan a su propia hija. 

A trece años de ocurrido estos terribles hechos, el caso de Manuela será ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hoy 10 y mañana 11 de marzo del 2021;  el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto interpusieron una demanda para que el Estado salvadoreño reconozca que en el caso de Manuela hubo una serie de violaciones a sus derechos humanos y los de su familia. 

Las organizaciones querellantes aspiran a que el Estado reconozca su  responsabilidad en un acto público y restablezca  la dignidad de Manuela, “el dignificar su figura, también va a dignificar la figura de muchas mujeres que han transitado del hospital a la cárcel”, dijo Morena Herrera de la Colectiva Feminista, en alusión a las mujeres que actualmente guardan prisión  por haber vivido una emergencia obstétrica. 

Se espera que haya una reparación integral para Santos y su hermano que les garantice restablecer sus proyectos de vida, tratamiento médico y psicológico y tener una vida digna junto a sus abuelos.

El caso de Manuela y El Salvador, constituye un hecho histórico pues además de hacer justicia para ella, se espera que el Estado establezca políticas públicas para evitar que lo ocurrido a Manuela se repita; se pretende lograr que se revisen los expedientes de otras mujeres condenadas injustamente y garantizar que la defensa realizada por abogados de oficio sea efectiva y de esta forma  evitar que las mujeres lleguen a conocer a sus defensores hasta el momento del juicio.  

“El fallo que la Corte plantee es de carácter obligatorio, es vinculante”, explica Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y añade, “Esperamos que se haga justicia en la demanda que interpusimos por tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Manuela. Esperamos que el estado salvadoreño se haga responsable por todas estas violaciones de sus derechos y que se generen medidas de no repetición.”

Los derechos que la Corte reconozca en su fallo crearán jurisprudencia para todos los países de América Latina y el Caribe que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.