Los registros de la IM-Defensoras, UDR y UDJ reflejan una suma agregada de 916 actos de hostigamiento en los últimos 6 meses contra defensoras de derechos humanos, personas excarceladas y sus familias
De éstos, 416 se produjeron durante el mes de abril, en el marco de la conmemoración del aniversario del estallido social de 2018.
Datos extraídos de los sistemas de registro de agresiones de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Unidad de Registro (UDR) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), demuestran que el pasado 6 de mayo el Gobierno de Nicaragua ofreció una versión tergiversada de la realidad al negar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la veracidad y el carácter sistemático de los hostigamientos y otras agresiones perpetradas por la policía y personas afines al gobierno contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, excarceladas políticas y sus familiares. Ello sucedió en el marco de una audiencia para el seguimiento al cumplimiento a las medidas provisionales otorgadas al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Durante los últimos seis meses, los registros de la IM-Defensoras, UDR y UDJ reflejan una suma agregada de 916 actos de hostigamiento, documentados en 14 de los 15 departamentos del país y en las dos regiones autónomas, que evidencian que el Estado de Nicaragua promueve una política de persecución generalizada y sistemática contra ciertos grupos de interés para obstaculizar sus labores de fiscalización al poder del Estado y denuncia de violaciones a derechos humanos. Los dos grupos de los que estas organizaciones tienen registros son mujeres defensoras de derechos humanos, personas que son o han sido presas políticas y familiares de estas últimas. Cabe destacar que 12 de los hostigamientos registrados estuvieron dirigidos contra el CENIDH y la CPDH, contradiciendo la versión y la tergiversación de la realidad ofrecida por la representante del gobierno nicaragüense.
Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, la IM-Defensoras ha documentado un aproximado de 529 actos de hostigamiento contra un total de 121 defensoras de derechos humanos. De éstos, 231 se produjeron durante el mes de abril, en el marco de la conmemoración del aniversario del estallido social de 2018. Las agresiones estuvieron dirigidas contra defensoras que defienden un amplio espectro de derechos (derecho a la verdad justicia y reparación, derecho a una vida libre de violencia, derechos a la información y la libertad de expresión, derecho de defender derechos, derecho a la salud, defensa de tierra territorios y recursos naturales, derechos de los pueblos indígenas). Desde la UDR y UDJ han documentado un total de 387 hostigamientos a personas excarceladas (308) y familiares de personas presas políticas (77). Del total de hostigamientos dirigidos a estos grupos, 185 se produjeron en abril. De los hostigamientos documentados 310 han sido en domicilios.
El análisis de las tres organizaciones también hace patente cómo la práctica sistemática, dirigida y reiterada de estos hostigamientos por parte del Estado está generando graves impactos sobre todos las dimensiones de la vida de las personas que los sufren y sus familias: obstaculización de las labores de defensa de derechos humanos y fiscalización al poder del Estado que ejercen estos grupos; precarización de sus medios de vida, en tanto que vulneran su derecho al trabajo; así como consecuencias psico-emocionales en las personas hostigadas y sus familias, especialmente hijos e hijas, como estados de hipervigilancia y ansiedad. Otra afectación importante está siendo la muerte civil, tanto personal como organizacional, por la falta de acceso a servicios públicos, así como por la aprobación de leyes como la ley de agentes extranjeros que limitan y criminalizan la labor de estos grupos.
Estas estrategias de represión de Estado, no son nuevas, se han visto utilizadas por otros regímenes autoritarios en el pasado, y buscan no solamente desmovilizar a personas y grupos dirigidos y sus familias, como los que acabamos de describir, sino también a la sociedad en general. La consolidación de esta estrategia represiva por parte del Estado de Nicaragua nos preocupa especialmente en el contexto de este año electoral, por lo que hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar vigilante de la situación en Nicaragua.