Muchas defensoras y organizaciones de América Latina y de Europa estamos muy preocupadas por la situación en El Salvador. En nuestro país asistimos a un progresivo deterioro de los derechos humanos, el autoritarismo se consolida y proliferan los discursos de odio contra quienes ejercen su derecho a informar y a defender derechos humanos.
Muestra de lo anterior son algunos hechos documentados como, por ejemplo:
El intento del presidente, junto al Ejército, de tomarse la Asamblea Legislativa en febrero de 2020; la destitución irregular e ilegal de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República; las reformas inconstitucionales a la Ley de Carrera Judicial, que implican la salida de más de 156 jueces y juezas, y comprometen gravemente la independencia judicial; o la privación ilegal e injustificada de la libertad de miles de personas en los nombrados “centros de contención”, bajo un discurso de contingencia sanitaria por COVID-19.
La situación se ha agravado desde las últimas elecciones, las cuales propiciaron una concentración de poder en manos del presidente Nayib Bukele y su partido, acelerando el proceso de desmantelamiento de los controles institucionales. El gobierno utiliza las instituciones y manipula el discurso público para favorecer intereses de grupos afines y para deslegitimar y acallar a quienes denuncian las sistemáticas violaciones a derechos humanos. Ello va unido a una estrategia de instrumentalización de las redes sociales, apoyada en el uso de bots y otras tácticas de intervención y vigilancia digital, orientadas a controlar los discursos y atacar a las voces críticas con el gobierno.
Mientras tanto, la corrupción profundiza la desigualdad y miles de personas siguen sumidas en la pobreza o huyendo de ella, enfrentando la brutalidad de las políticas migratorias racistas y xenófobas que imperan en la región y exponiéndose a la violencia de los grupos del crimen organizado que operan de manera impune a la vista de las instituciones migratorias.
Las políticas de control territorial mantienen a comunidades enteras bajo el terror de las maras y otros grupos de crimen organizado; y bajo el terror provocado por la acción de las propias fuerzas de seguridad del Estado.
Los índices de feminicidio y las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se mantienen entre los más elevados de Latinoamérica. El aborto sigue estando completamente penalizado y las mujeres enfrentamos penas de hasta 40 años de cárcel por la interrupción de un embarazo, asi sea un aborto espontáneo.
El gobierno ha anulado, de manera unilateral, propuestas de ley importantes y necesarias que ya estaban para discusión en el legislativo, como la Ley de Identidad de Género o la Ley para el reconocimiento y protección integral de personas defensoras de derechos humanos y la garantía del derecho a defender derechos.
En este contexto, toda persona, organización o medio de comunicación que denuncie abusos de poder es señalada como enemiga del Estado, amenazada, hostigada y acosada. Solo entre febrero y mayo de 2021, la Red Salvadoreña de Defensoras, la Asociación de Periodistas de El Salvador y el Servicio Social Pasionista registraron 370 ataques digitales contra periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados por personas funcionarias públicas, desde entornos cercanos al presidente y quienes le siguen en redes sociales.
El Estado salvadoreño debe cesar los ataques, asegurar la separación de poderes y el Estado de derecho y brindar garantías para el ejercicio libre y seguro del derecho a defender derechos humanos, el periodismo independiente y la participación política, especialmente en el caso de las mujeres y personas con identidades sexo-genéricas disidentes.
Instamos a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes de la situación y a pronunciarse haciendo énfasis en los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas.
En El Salvador y en toda Mesoamérica, la libertad de información y expresión y defender derechos humanos, ¡son derechos!
Participan en el video, en representación de sus organizaciones:
Claudia Paz y Paz, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL.
Alejandra Burgos, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
Marusia López, IM-Defensoras.
Joaquín Mejía, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC - SJ y Equipo Jurídico por los Derechos Humanos - EJDH.
Teresa Fernández Paredes, Organización Mundial Contra la Tortura - OMCT.
Catalina Martínez, Centro de Derechos Reproductivos.
Gilda Rivera, Centro de Derechos de las Mujeres - CDM Honduras.
Verónica Ferrari, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones - APC.
Loyda Robles, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho - FESPAD.
Leire Lasa, Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR Euskadi.
Diego Carranza, Instituto de Derechos Humanos de la UCA - IDHUCA.
Sara García, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Mónica Rodríguez, Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.
Marcia Aguiluz, Women’s Link Worldwide.
Gabriela Colocho, Servicio Social Pasionista - SSPAS.
José Ignacio Gómez, Fundación Acceso.
Gabriel Hernández, DIKÉ LGBTI+.
Nancy Fuentes, GRUFIDES y Red Latinoamericana de Defensoras Ambientales.
Alejandra Henríquez, Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe - FAU
Suyapa Gómez, Código SUR.