El pasado jueves, 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras aprobó, sin lugar a discusión, una serie de reformas al Código Penal que agravan las penas por delitos, como los de usurpación y desplazamiento forzado, usualmente utilizados por el Estado y las empresas extractivas para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos, especialmente contra defensoras de la tierra y el territorio miembras de organizaciones campesinas, pueblos indígenas y garífunas y movimientos sociales.

Cabe recordar que estos han sido los tipos penales usados durante el año en curso para detener arbitrariamente, criminalizar y judicializar a defensoras garífunas integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) como Marianela Solórzano y Jennifer Solórzano y Silvia Bonilla, así como otras defensoras en otras partes del país. 

Resulta preocupante que estas reformas se produzcan a dos meses de las Elecciones Generales, contexto en el que se podrían producir grandes movilizaciones populares, como las que tuvieron lugar en el marco de las elecciones de 2017, las cuales el Estado reprimió con todo lujo de violencia y violaciones graves a derechos humanos de la población. Al respecto, incluso instancias internacionales de derechos humanos como la OACNUDH han advertido sobre la amenaza que estas reformas representan para el legítimo ejercicio de la protesta social y la defensa de los derechos humanos. 

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunciamos esta nueva arbitrariedad del Estado hondureño para profundizar en la represión de la protesta social y la criminalización del legítimo ejercicio y defensa de derechos humanos en el país.

Llamamos a la comunidad internacional a unirse a la denuncia y a mantenerse al pendiente de la situación en Honduras durante las próximas semanas y en el marco de las elecciones previstas para el 28 de noviembre.