El pasado 9 de noviembre, por orden del presidente Nayib Bukele, el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador la propuesta de “Ley de agentes extranjeros”. El lunes 16, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la propuesta de ley, quedando esta pendiente de su discusión y aprobación definitiva en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras vemos con preocupación que la aprobación de esta ley podría suponer una grave amenaza para el libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos, al incluir directrices orientadas a controlar, fiscalizar y, llegado el caso, criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y movimiento sociales que trabajan en el país.
Esta propuesta, cuyo contenido por lo general resulta impreciso y ambiguo, establece que los “agentes extranjeros” son “aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses, sean controladas o financiadas directamente o indirectamente por un mandante extranjero”. Estas personas deberán inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros, entidad que tendrá facultades de establecer los requisitos para registrarse, aprobar o denegar una inscripción, así como solicitar información, supervisar y fiscalizar las actividades de los agentes extranjeros, entre otras atribuciones.
Asimismo, cada transacción que estas personas realicen con fondos del extranjero serán sujetas a un impuesto del 40%. En términos de sanciones, quienes incumplan con lo establecido por la Ley, podrán ser multadas por hasta 10,000 dólares estadounidenses y con la cancelación de su personalidad jurídica. Estos nuevos controles financieros estipulados por la propuesta de ley con el supuesto objetivo de supervisar el financiamiento ilícito no tienen ninguna justificación puesto que para tal fin ya existe la “Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos” (Decreto 498).
Tal y como recientemente hemos señalado más de 60 organizaciones de derechos humanos, el contexto en el que se aprobaría esta Ley está caracterizado por una evidente consolidación del autoritarismo, constantes ataques a la separación de poderes y la acumulación de poder por parte del presidente del gobierno y su partido, Nuevas Ideas, así como por una escalada en las campañas de descrédito y otras agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y medios de prensa independientes, incluyendo el uso sistemático del discurso de odio contra las organizaciones, colectivas y defensoras feministas.
Asimismo, hemos observado señalamientos directos por parte de diputados en contra de organizaciones, con amenazas implícitas de que a partir de ahora “se tendrán que ver obligadas a transparentar”; así como señalamientos del presidente Nayib Bukele aduciendo que hay periodistas que son agentes extranjeros por criticar la Ley. Considerando que actualmente la bancada oficialista posee mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y que la aprobación de la Ley sería inminente, todo ello invita a interpretar que la finalidad de esta normativa es la de controlar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.
Todo lo anterior se inserta en una tendencia regional en la que se busca obstaculizar la labor de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales con medidas de naturaleza administrativa que conllevan a procesos de criminalización u obligan de facto al cese de operaciones. Tal es el caso de Guatemala, con la promulgación de la Ley de ONGs, o de Nicaragua, con la aprobación el año anterior de una Ley de Agentes Extranjeros, texto que además de ser similar, se utilizó para provocar que las organizaciones desistieran de continuar con sus actividades.
Es imprescindible recordar que la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y asociación no pueden ser consideradas actividades de injerencia o en contra de la soberanía nacional, por lo cual desde la Red Salvadoreña de Defensoras y la IM-Defensoras exhortamos a la Asamblea Legislativa a actuar de manera acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y abstenerse de aprobar esta normativa que solamente profundizará aún más la situación de riesgo de las personas que se atreven a alzar la voz y exigir rendición de cuentas.
Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a permanecer vigilante, a pronunciarse ante esta evidente amenaza para las defensoras de derechos humanos en El Salvador y a activar las herramientas que tengan a su disposición para evitar la aprobación de esta normativa.