En Nicaragua, trece defensoras de derechos humanos pasarán este fin de año privadas de libertad e incomunicadas de sus familias.
Cuatro de ellas se encuentran en una situación preocupante, viviendo torturas sistemáticas y aislamiento desde hace más de 6 meses. Son Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez. Esta última, además, enfrenta un mayor riesgo al estar presa en el pabellón de varones.
Les prohíben ver a sus hijos e hijas, las interrogan constantemente, les alimentan mal, no les proveen atención por enfermedades crónicas. Las someten a alteraciones sensoriales, no les brindan abrigo y las tienen en aislamiento.
El miedo y el silencio son parte de las consecuencias de la política de terror impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluye hostigamientos, detenciones, allanamientos, coerción financiera y vigilancia a todo lo que represente una amenaza para su gobierno corrupto, autoritario, neoliberal y misógino.
Entre el 2018 y 2021, en la IM-Defensoras hemos registrado una cifra preliminar de 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Más de cien fueron detenciones arbitrarias.
Urge que la comunidad internacional se solidarice con estas 13 defensoras, denuncie lo injusto de su situación y exija su inmediata libertad y la del resto de 167 personas presas políticas en Nicaragua.