Este 9 de febrero de 2022, ocurrieron dos eventos que ponen en evidencia la vinculación del Poder Judicial con grupos de poder empresarial como es el caso de la familia Facussé a quienes favorecen a través de la criminalización, despojo y violencia contra comunidades y  defensoras que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.

Es el caso de las más de 120 familias de la Comunidad Indígena Lenca Tierras del Padre, quienes fueron desalojadas violentamente por parte de un contingente de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales con al menos 600 efectivos visiblemente armados, dicha acción fue promovida por la Empresa Inmobiliaria Siglo XXI S.A., cuyo dueño es Mario Facussé Handal quién acusa de delincuentes y estafadores  a los pobladores, y niega  su identidad indígena lenca. Hay que decir que en el desalojo varias defensoras fueron golpeadas y las niñas y niños están sufriendo de crisis nerviosas importantes. La comunidad se encuentra bajo asedio policial 

La misma mañana de este miércoles, tras retrasar la audiencia del fallo por más de una hora, negar la transmisión del juicio y militarizar el juzgado, los jueces que integran el Tribunal de Sentencia de Trujillo, Franklin Marvin Arauz, Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar, condenaron a seis de los ocho defensores del Río Guapinol y San Pedro.

Lenir Pérez, dueño de Inversiones Los Pinares (ILP), empresa que acusa formalmente a los defensores de Guapinol, es el esposo de la hija de Miguel Facusse, empresario y terrateniente conocido en la zona como "el palmero de la muerte" por la introducción de Palma africana a gran escala y sus vínculos en los conflictos campesinos que han causado muerte y destrucción en la zona.  

La familia Facussé ha estado vinculada a actividades empresariales que atentan contra los derechos y los bienes comunes y públicos de la población hondureña, destacándose entre ellas la derivada de la actividad extractivista y de contratos ilegales con las instituciones estatales desde hace más de 40 años. Sabemos que además forman parte de ese 3% de personas que controlan la actividad productiva de un país, en el que más del 70% de la población se encuentra en pobreza extrema. 

Con estos hechos, se pone en evidencia la conexión entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los intereses que representa y defiende esta familia, quienes sólo en este día, expulsaron a más de 120 familias de su comunidad ancestral y están criminalizando a seis defensores y comunidades que protegen sus bienes comunes. 

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras demandamos al Estado de Honduras que investigue la vinculación entre Mario Facussé, Lenir Pérez y toda la familia Facussé con las autoridades del Poder Judicial involucradas en ambos casos. Exigimos se detenga este proceso de despojo y criminalización contra los y las habitantes de la comunidad “Tierras del Padre” y se libere a los  defensores de Guapinol que han sido condenados injustamente.

Demandamos al Estado Hondureño se respete el convenio 169 del cual es firmante y en el que se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas al derecho ancestral a la tenencia de su territorio. 

El cese de la persecución judicial contra defensores y defensoras de la tierra y el territorio y se les restituyan sus derechos y se indemnice por los daños de distinta naturaleza que ha generado está actuación en las familias de ambas comunidades. 

Igualmente, hacemos un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social, así como a organismos internacionales, a pronunciarse de inmediato ante estas arbitrariedades y respaldar a las comunidades de Honduras que se encuentran en indefensión frente a grupos de poder económico.