En horas de la madrugada de este domingo 27 de marzo, a solicitud del presidente Nayib Bukele la Asamblea Legislativa de El Salvador ha decretado el régimen de excepción en todo el país. Esta medida, en virtud del artículo 29 de la Constitución, permite restringir o suspender el derecho de reunión y asociación y los derechos que amparan a las personas detenidas, así como intervenir las comunicaciones de los considerados grupos delictivos.
Si bien el aumento de la violencia en el país, que es el motivo esgrimido por el presidente para decretar esta medida, genera mucha preocupación y es necesario emprender acciones a fin de evitar que esta situación continúe y se agrave, el régimen de excepción conlleva un grave riesgo para la población y, de manera especial, para las defensoras de derechos humanos, quienes durante el gobierno de Nayib Bukele han visto cómo la violencia, la criminalización, la estigmatización y las arbitrariedades por parte de las autoridades han implicado constantes obstáculos a su labor y violaciones a sus derechos.
También resulta muy preocupante la propagación de narrativas, desde el gobierno y actores afines al mismo, que pretenden desacreditar y desprestigiar la labor de las defensoras de derechos humanos acusándolas de proteger a los grupos criminales con el discurso de derechos humanos, lo cual las expone a una situación de mayor riesgo.
Cabe recordar que, tal y como documentamos en la IM-Defensoras y otras organizaciones nacionales e internacionales, en el marco del régimen de excepción decretado durante la emergencia sanitaria en 2020 se produjeron numerosas arbitrariedades y violaciones a derechos fundamentales, entre ellas detenciones arbitrarias y prolongadas privaciones de libertad de defensoras de derechos humanos.
Desde la IM-Defensoras expresamos nuestras preocupación ante la imposición del régimen de excepción y la suspensión de garantías constitucionales que ello conlleva, así como nuestra intención de mantenernos vigilantes y denunciar cualquier arbitrariedad o vulneración de derechos contra las defensoras salvadoreñas de derechos humanos.
Al Estado salvadoreño le demandamos que garantice que todas las medidas que tome para enfrentar la crisis de violencia que vive el país tengan en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.
Llamamos a la comunidad internacional a tomar conciencia y denunciar la gravedad de la situación, a acuerpar a las defensoras salvadoreñas y sus organizaciones y a mantenerse vigilante.