En el marco de la audiencia temática llevada a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 16 de marzo, por la situación de los derechos humanos en el contexto de la vigilancia cibernética en El Salvador, como organizaciones de derechos humanos, valoramos que la Comisión haya dado lugar a este espacio, para poner en manifiesto -desde el testimonio en primera persona de las víctimas de estos ataques- el hostigamiento digital que sufren, no solo periodistas y personas comunicadoras de El Salvador, sino también activistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.
Hemos visto con preocupación el progresivo deterioro democrático en El Salvador, el ataque dirigido en contra de opositores al gobierno, y las continúas denuncias de la utilización del software Pegasus con el fin de espiar ilegalmente a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas activistas que ejercen oposición al gobierno.
Esto llevó incluso a que, en febrero del 2021, la CIDH determinara necesario otorgar medidas cautelares a favor de 34 integrantes identificados del Periódico Digital El Faro debido al adverso contexto para el ejercicio periodístico en El Salvador, toda vez que habían sido víctimas de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización- principalmente través de redes sociales- por motivo de su actividad periodística. Sin embargo, el Estado salvadoreño no solamente no ha adoptado medidas para enmendar esta situación, sino que además hemos constatado que el contexto se ha agravado y que el espionaje ilegal contra la ciudadanía salvadoreña continúa perpetrándose.
Estos hechos, se vinculan con otras agresiones digitales que se han registrado y que tienen un claro componente misógino. De hecho, según datos de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el ciberacoso es la principal agresión denunciada por defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. Recién ayer, se emitió una alerta, señalando las amenazas de muerte, violencia sexual y asalto a viviendas y centros de reunión que se hicieron llegar a la Colectiva Amorales y Majes Emputadas, a través del hackeo del número de una de las integrantes de estos grupos.
Lo anterior pone en una situación de vulnerabilidad y desprotección a todas las personas que son críticas u opositoras al gobierno del Presidente Nayib Bukele. A ello, se suma que, en el contexto salvadoreño actual, no se presentan garantías suficientes para estimar que se respetaran los derechos fundamentales de acceso a la justicia, de debido proceso y de protección judicial, ni que tampoco se harán valer los contrapesos institucionales fundamentales en cualquier Estado de Derecho.
La libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos son pilares fundamentales de todo estado democrático, por lo que es inaceptable que la adquisición y operación de un software espía como Pegasus sea una herramienta utilizada en contra de personas disidentes del actual gobierno salvadoreño. La defensa de los derechos humanos y el periodismo crítico e independiente fortalecen la institucionalidad democrática por la que tanto se ha trabajado en El Salvador.
Por todo ello, esperamos que el Estado siga esta vez las recomendaciones de la Comisión, y avance de manera eficiente y efectiva en: 1) el cese inmediato de estos ataques; 2) en el esclarecimiento de los hechos de manera imparcial e imposición de sanciones a quienes resulten responsables; 3) en la protección integral a las víctimas de estos hechos y 4) en el establecimiento de condiciones que garanticen el libre ejercicio periodístico, la plena libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.