El jueves 28 de abril, el Ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, realizó unas declaraciones públicas en las que vinculaba a las personas y organizaciones que tienen previsto marchar este 1 de mayo, Día del Trabajo, con los intereses de las “pandillas”, amenazándolas con actuar contra estas personas y organizaciones según lo sancionado por el Régimen de Excepción vigente.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo, las cuales adquieren carácter oficial al haber sido replicadas desde las redes sociales del propio Ministerio, tienen un evidente carácter intimidatorio y suponen una grave vulneración al ejercicio del derecho a marchar. Además, profundizan en la difamación y estigmatización de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, al vincularlas a grupos delincuenciales, lo que supone colocarlas en una grave situación de riesgo, exponiéndolas a ataques de diversa índole y a actuaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del vigente Régimen de Excepción. Cabe recordar que éste permite restringir o suspender el derecho de reunión y asociación y los derechos que amparan a las personas detenidas, así como intervenir las comunicaciones de los considerados grupos delictivos entre otras vulneraciones a derechos fundamentales.
El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, fecha en que cada año la población trabajadora de El Salvador y de todo el mundo sale a las calles a reivindicar los derechos laborales aún por conquistar y a defender los alcanzados a través de las luchas históricas de la clase trabajadora organizada. Usar el pretexto del Régimen de Excepción para inhibir estas marchas es una nueva muestra de un manejo arbitrario y autoritario para silenciar las voces críticas con el Gobierno e inhibir, obstaculizar y reprimir la labor de quienes defienden derechos humanos en el país.
Desde la IM-Defensoras repudiamos las declaraciones del Ministro de Trabajo y exigimos al Estado salvadoreño que cumpla con su deber de garantizar el derecho a marchar de la población salvadoreña, haciéndolo responsable de cualquier vulneración a los derechos y a la integridad de todas las personas que participen en las marchas.
Junto con la Red Salvadoreña de Defensoras nos mantendremos al pendiente y monitoreando el desarrollo de las marchas, denunciando cualquier violación a derechos humanos que se pudiera producir.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante de la situación.