Los pasados días 18 y 19 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva oleada de cancelaciones ilegales de la personería jurídica de organizaciones del país. En esta ocasión la medida afectó a 44 organizaciones de diferente ámbito, entre las cuales se encuentran 6 organizaciones feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres: el miércoles 18 fueron canceladas la Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia (ACCIÓN YA) y la Asociación Centro alternativo para mujeres sobrevivientes de violencia IZEL; y el jueves 19, la Asociación Coordinadora de Mujeres Rurales, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM) y la Asociación por la Humanización de la Vida (AHV- Colectivo Gaviotas). Con estas 6, ya van 40 las organizaciones feministas y que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres canceladas de manera ilegal por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018.

Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Entre las canceladas durante estos últimos días incluso hay organizaciones que se habían inscrito bajo la arbitraria y ampliamente denunciada Ley de Agentes Extranjeros.

La cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.

Desde la IM-Defensoras reiteramos el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Ello en un país donde donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad​​​​​; y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica.

Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de sus integrantes.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres en Nicaragua.