Los datos analizados para este informe corresponden a dos registros. El primero es el registro de agresiones que llevan la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Sistema Nacional de Registro de Vulneraciones de Derechos a Personas Defensoras de Derechos Humanos en El Salvador a cargo del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), la Asociación Pro-Búsqueda y Tutela Legal Dra. María Julia Hernández. El segundo es un monitoreo de medios que realizaron la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Servicio Social Pasionista (SPASS) de enero de 2021 a abril de 2022.
A través del registro de las organizaciones de derechos humanos se identificaron 246 agresiones, 64 de ellas colectivas (26%); mientras que el monitoreo de medios registró 415 agresiones. En el registro de casos se detecta que el derecho más afectado es a la libertad de expresión y prensa (3 de cada 4 agresiones). En el caso del monitoreo de medios, el principal derecho vulnerado es el derecho a la privacidad, honor e intimidad en 5 de cada 10 personas.
Las principales agresiones registradas son estigmatización o descrédito, así como intimidación, acoso y amenazas (3 de cada 4 agresiones corresponden a algunos de estos tipos), ejecutadas a través de campañas de desprestigio, ataques digitales como hackeos, accesos no autorizados, espionaje y cyberbulling.
Es importante destacar que las defensoras y mujeres periodistas son el grupo que más agresiones sufren: 106, es decir, 4 de cada 10 agresiones son dirigidas a ellas. A éstas se unen las 6 agresiones registradas contra mujeres trans, dando cuenta del contexto misógino en que las defensoras, activistas y periodistas salvadoreñas realizan su labor. El informe también da cuenta de los componentes de género de las agresiones, que en los casos de las mujeres se manifiestan a través de actos de intimidación o acoso que no viven sus pares hombres.
En cuanto a los responsables de las agresiones el informe señala a personas que tienen un cargo público como principales agresores: agentes de seguridad pública, personas que están en la Casa Presidencial, incluyendo al presidente, e integrantes de la Asamblea Legislativa.