La represión migratoria es un mecanismo utilizado en Nicaragua desde 2018 para agredir a activistas y personas defensoras de derechos humanos que se ha vuelto más frecuente durante los dos últimos años. Se expresa, principalmente, a través de tres modalidades: el destierro, las retenciones migratorias y el hostigamiento migratorio.

A través de un mapeo preliminar, desde la IM-Defensoras hemos identificado más de 140 casos de personas afectadas por este tipo de violencia, de los cuales 96 tuvieron lugar en 2021 y 2022. Casi la mitad de estas agresiones (60) estuvieron dirigidas contra mujeres defensoras de derechos humanos, activistas o familiares de defensoras.

Al menos 16 defensoras y/o familiares de éstas han sido desterradas de Nicaragua desde 2018

Hablamos de destierro cuando el Estado niega, de forma arbitraria e ilegal, la entrada al territorio de Nicaragua a una persona con nacionalidad nicaragüense y/o con residencia en el país. Hasta la fecha hemos registrado 16 casos de defensoras y/o familiares de éstas que han sido desterradas. En la mayoría de casos, se trata de defensoras que por uno u otro motivo, ya sea personal o laboral, habían salido del país y al regresar las autoridades migratorias les negaron el ingreso.

El destierro es una forma de violencia que tiene un impacto brutal sobre las vidas de las defensoras y sus familias. Muchas defensoras, de un día para el otro, quedan separadas de sus hijos e hijas, de las personas que tienen bajo su cuidado, de sus familiares y seres queridos; no pueden regresar a su casa, a su trabajo, a sus luchas, a sus tratamientos médicos y rutinas de vida.

Esta forma de violencia no solo atenta contra la Constitución nicaragüense (Artículo 31: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 22, numeral 5: “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”); sino que implica una vulneración absoluta de los derechos fundamentales de las defensora afectadas, quienes se ven despojadas de facto de su nacionalidad y ciudadanía – por ejemplo al no poder renovar su pasaporte – quedando en un limbo administrativo, como extranjeras en Estados con leyes migratorias estrictas y de esencia xenófoba, expuestas a una situación de gran precariedad, vulnerabilidad y desprotección.

Además, el destierro tiene un profundo efecto “ejemplarizante”. Muchas defensoras han manifestado tener miedo a ser desterradas cada vez que salen de Nicaragua, así como una sensación de incertidumbre constante y el temor a que en cualquier momento pueden ser expulsadas del país, lo que genera desmovilización, inhibición y silenciamiento. También genera problemas en sus relaciones familiares, así como graves afectaciones en sus hijos e hijas, quienes al igual que el resto de su familia, sufren de ansiedad y angustia.

Impactos psico-sociales de la represión migratoria y muerte civil

Con retención migratoria nos referimos a los casos en donde arbitrariamente el Estado despoja a un ciudadano o ciudadana, ya sea de manera permanente o temporalmente, de su pasaporte o lo anula. Es la agresión de este tipo más frecuente, suponiendo casi la mitad de los casos registrados (45).

Finalmente, con hostigamiento migratorio nos referimos a los casos en donde el Estado actúa a través de interrogatorios o retenciones temporales en puestos fronterizos, no renueva el documento de identificación y/o impone medidas de firma periódica para que la persona tenga que estar yendo a migración, así como dilaciones injustificadas, entre otros.

Hasta la fecha, hemos registrado 17 casos de este tipo.

Entre las principales afectaciones de los diferentes tipos de represión migratoria sobre las defensoras hemos identificado el desarraigo familiar y la desestabilización de las redes de las defensoras. A estas se añaden estrés, problemas psico-emocionales por temor a agresiones en su contra o en contra de su familia, somatización, impotencia, desgaste emocional, angustia por no poder ver a familiares, ira, impotencia, ansiedad, pérdida de sueño; o miedo a perder su patrimonio: casa, vehículo, entre otras.

Otro impacto especialmente grave es la “muerte civil” a la que se ven empujadas las personas a quienes, por ejemplo, no les han renovado pasaporte o residencia. Esto afecta tanto a las defensoras desterradas como a las que han sido víctima de hostigamiento o retención migratorias. Para todas ellas, no disponer de pasaporte o permiso de residencia vigente conlleva impedimentos para renovar permisos de trabajo o tarjetas del banco, o para contar con cédulas u acceder a servicios públicos básicos, entre otros.