Durante la mañana del jueves 2 de febrero, la Dirección Policial de Investigación desalojó a la comunidad indígena de Nueva Esperanza, en el Edén, Comayagua, y destruyó sus casas y cultivos usando maquinaria pesada. Hace dieciocho meses la comunidad indígena, integrada por al menos 20 familias con más de 20 niños y niñas, ocupó estas tierras. Anteriormente a esta ocupación, el Instituto Nacional de Agricultura (INA), con promesas de reubicación, les hizo salir de otra tierra donde la comunidad estuvo asentada de manera pacífica, pero fue un engaño. Como lo expresan las agraviadas, tienen que recuperar tierra porque no tienen para trabajar y para vivir decentemente.

El desalojo se realizó a solicitud de la Universidad Nacional de Agricultura, asentada en Comayagua. En este momento todas estas familias están en la calle y sus trabajos y escasos bienes han sido destruidos.

Nos sumamos a la denuncia del COPINH quien manifiesta la falta de cumplimiento de la Policía y las instituciones públicas a las medidas emitidas por la CIDH que significa respetar y proteger a toda su membresía.

Llamamos a las instancias gubernamentales responsables del bienestar de estas comunidades para que se haga responsable de esta situación.

Instamos a la Secretaría de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras que intervengan para salvaguardar la integridad de estas familias.

Alertamos a la opinión nacional e internacional por estos actos que suceden en un ambiente de violencia agravada hacia personas que pertenecen a comunidades indígenas y luchadores por la tierra en Honduras.