1,189 AGRESIONES CONTRA 319 DEFENSORAS y 24 ORGANIZACIONES ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2023
2 defensoras fueron asesinadas durante este segundo trimestre del año, ambas en el estado de Guanajuato, México: Teresa Magueyal Ramírez, defensora buscadora del colectivo “Una Promesa por Cumplir”; e Ivanna Pantoja, defensora trans de los derechos LGBTTTIQ+.
687 de estas agresiones se produjeron en el marco de acciones colectivas de defensa de derechos humanos, afectando a al menos 204 defensoras.
445 tuvieron carácter personal, afectando a 127 defensoras.
57 estuvieron dirigidas contra 24 organizaciones.
El hostigamiento (13%) representa la agresión más frecuente, seguida de amenazas (7%) y desprotección legal ante procesos de judicialización arbitrarios (5%).
Los Estados siguen siendo nuestros principales agresores, siendo responsables de 6 de cada diez agresiones registradas.
2,641 AGRESIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023
UNA MIRADA A CADA PAÍS
En El Salvador, cabe resaltar que durante este primer trismestre de 2023 las agresiones siguen perpetrándose en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022. Destaca el despliegue militar alrededor del territorio de la Comunidad de Santa Marta, ocurrido en mayo. Esta comunidad, histórica por su rol fundamental en la aprobación de la ley contra la minería metálica en El Salvador, está enfrentando la criminalización de sus líderes y ataques contra sus familiares. A esto se suman otras agresiones contra defensoras ambientalistas y líderes comunitarios, así como acoso digital y estigmatización en redes sociales por parte de cuentas de supuestos simpatizantes del partido de gobierno y cuentas troll.
En Honduras, durante este trimestre incrementaron las agresiones contra las defensoras que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente (82%), quienes sufrieron al menos 438 agresiones, de las cuales 420 fueron durante acciones colectivas. No cesan la persecución y los ataques contra el pueblo garífuna, el cual el pasado mes de mayo celebró 226 años de despojo, resistencia y lucha: continúan los asesinatos contra líderes de la OFRANEH; así como los ataques contra la espiritualidad y la cosmovisión garífuna, como la quema de la Casa de Salud Ancestral de la OFRANEH, ubicada en la comunidad de San Juan. Asimismo, se realizó un llamado a la acción por la liberación de Nolvia Obando, criminalizada por defender la tierra, a quien recientemente le fue otorgada la posibilidad de defenderse en libertad tras permanecer presa desde marzo, cuando fue ilegalmente detenida durante el desalojo policial que vivió junto a sus compañeras de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas.
En México, durante este trimestre se registraron agresiones contra las defensoras que defienden el derecho a la información y libertad de expresión (27%). Destaca el ataque sufrido por el portal feminista SemMéxico, cuyo trabajo informativo es la defensa y promoción de los derechos de las mujeres desde unala perspectiva feminista, el cual fue hackeado y objeto de amenazas y mensajes de carácter intimidatorio. Siguen siendo muy significativas las agresiones contra defensoras que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (25%), en la figura de madres y familiares buscadoras. Especialmente doloroso es el asesinato de Teresa Mayaguel, buscadora del colectivo “Una promesa por cumplir”; mientras que resultan muy preocupantes los actos de intimidación y vigilancia al que son sometidas integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
En Nicaragua, está en primer plano las agresiones contra defensoras que defienden el derecho a la participación política y a participar en espacios de toma de decisiones (35%). Desde el mes de marzo se ha identificado un nuevo patrón de redadas territoriales y barriales acompañada de detenciones arbitrarias masivas y criminalización a defensoras de derechos humanos o sus familias. Algunos de estos procesos de criminalización están ligados a medidas sustitutivas distintas a la prisión, pero en la práctica se ha observado que el asedio provoca los mismos efectos y una mayor dificultad de las organizaciones para monitorear su situación. Por otro lado se han documentado agresiones contra quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (27%) que está también relacionado con hostigamientos a familiares de personas defensoras, perseguidas políticas, presas políticas, excarceladas políticas que se ha agudizado desde la excarcelación y destierro de 222 personas presas políticas en febrero. Cabe destacar que ha continuado la política de aniquilamiento de la sociedad civil y la organización popular a través del cierre de organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres y la persecución y criminalización de liderazgos locales y comunitarios. Desde 2018, un total de 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, feministas, niñez y juventud Nicaragüense han sido ilegalmente canceladas, y a 15 de éstas les han sido confiscados sus bienes.
33 AGRESIONES DIGITALES DURANTE EL TRIMESTRE
La violencia contra las defensoras en el ámbito digital cada vez está más presente. Durante este segundo trimestre hemos registrado 33 agresiones digitales a nivel regional:
19 de estas agresiones estuvieron dirigidas contra defensoras en lo personal. Entre las más significativas destacan el ciberacoso o ciberbulling y el hackeo de redes sociales, correo electrónico o página web.
Registramos una agresión de carácter colectivo: la retención, robo o vulneración de equipo y dispositivos contra una comunicadora en El Salvador.
13 fueron perpetradas contra organizaciones, destacando acciones que promueven el odio y la violencia en redes; suplantación, usurpación y robo de identidad electrónica; hackeos y ciberacoso o ciberbulling.
LOS ESTADOS SIGUEN SIENDO NUESTROS PRINCIPALES AGRESORES
6 de cada 10 agresiones registradas durante este segundo trimestre de 2023 fueron perpetradas por actores vinculados al Estado: policía y fuerzas armadas (36%) y autoridades públicas (28%).
Siguen personas desconocidas, tanto físicas como virtuales (17%), vinculadas principalmente al crimen organizado y autoridades públicas.
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