Las 403 integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), nos sumamos a las demandas de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas, para que la Secretaría de Gobernación haga público el número de casos que el Mecanismo Nacional de Protección ha cerrado, así como el de los casos en los que se redujeron las medidas de protección otorgadas, detallando los motivos en que se sustentaron dichas decisiones.
En un contexto tan grave como el que actualmente enfrentan las defensoras de derechos humanos en México, donde durante el primer semestre de este año han sido asesinadas al menos cuatro defensoras y hemos registrado, de manera preliminar, 885 agresiones en contra de 223 defensoras y periodistas, nos resulta altamente preocupante la tendencia recurrente del Mecanismo Nacional de Protección de retirar y/o disminuir medidas de protección a defensoras y periodistas.
Por ejemplo, hemos recabado información y testimonios de varios casos que dan cuenta de un patrón de actuación del personal de dicha instancia que vulnera la seguridad y los derechos de las usuarias. Esta discriminación por razón de género, a la que se suma la racial, la etárea y otras, operadas por funcionarios de las instancias que debían protegerlas, han generado un fuerte impacto en el estado emocional, pisco-social y en la integridad física de estas defensoras y periodistas.
Asimismo, en varios de los casos observados no se atiende a su condición de madres, ni a sus responsabilidades de cuidado en relación con sus familiares, y tampoco se contemplan las amenazas extendidas a su ámbito familiar. Una periodista que se encargaba del cuidado y la manutención de sus hijos, la cual tuvo que separarse de ellos por su situación de riesgo, vio como se le negaba el apoyo alimentario para ellos con el argumento de que no estaban bajo su cuidado. Esta situación no se ha dado entre los defensores varones, a quienes el Mecanismo reconoce su rol de proveedores del sustento familiar. En otro caso, se negó el otorgamiento de botón de pánico para el hijo de una usuaria, el cual posteriormente fue víctima de un incidente de seguridad relacionado con la situación de riesgo de su madre.
A una defensora que tuvo que dejar la vivienda que utilizaba como refugio por unos días para atender un problema de salud de su madre, el Mecanismo no sólo no le proporcionó seguridad, sino que le retiró las medidas relacionadas con su refugio. En un intento por resistirse al levantamiento de la medida, la defensora regresó al inmueble, pero tuvo que abandonarlo porque le fueron suspendidos los servicios de luz y gas.
En un caso de amenazas a un medio de comunicación, pese a que éstas se dirigían en contra de una colaboradora, el Mecanismo otorgó las medidas en primer lugar al titular de dicho medio y, sólo posteriormente, a la periodista; además lo hizo sin consultar con ella su plan de seguridad.
Con relación a las defensoras indígenas, se han identificado situaciones en las que, por razón de su identidad, son menospreciadas por los funcionarios. Algunas de ellas también han reportado haber sido discriminadas por “no tener un título académico”.
En dos casos de retiro de medidas, el personal cuestionó la percepción de la realidad de las compañeras y argumentó que éstas tenían “alterada su percepción de la seguridad”. Además cuestionaron sus proyectos de vida relacionados con la defensa de derechos humanos.
Igualmente se han registrado situaciones de acoso por parte del personal del Mecanismo, cuyos integrantes han desarrollado conductas que no son apropiadas en el marco de una relación profesional. Entre éstas destacan propuestas de encuentros para salir a pasear o comer e, incluso, se ha dado un caso de acoso sexual.
Entre las violencias ejercidas en este marco, las relacionadas con casos de desplazamiento forzado son las que pueden causar más impactos, ya que en éstos las defensoras y periodistas se encuentran sujetas a las condiciones impuestas por el Mecanismo. En estas situaciones las defensoras se han visto sometidas a allanamientos injustificados de sus refugios por parte del personal del Mecanismo, así como a la revisión de sus artículos personales. También han vivido desplazamientos que no contemplan las necesidades de salud y educación de las niñas, niños y adolescentes a su cargo, o han sido alojadas en espacios reducidos que son insuficientes para las familias. Igualmente, sus necesidades sanitarias han sido desatendidas y las despensas que les suministran carecen de material sanitario que permita la gestión de la menstruación.
Varias defensoras usuarias han denunciado que sus quejas son minimizadas y que el personal del Mecanismo las califica de ”exageradas” o “escandalosas”, advirtiéndolas con el retiro de las medidas o proponiéndoles un plan de retorno sin un adecuado análisis de riesgo. También se ha reportado que desde esta instancia se llevan a cabo reuniones a puerta cerrada con representantes de los gobiernos estatales y municipales en ausencia de las defensoras y periodistas, sin que posteriormente tampoco se les traslade la información generada en las mismas.
Además de esta serie de abusos y violencias, muchas de las usuarias con acceso a una asesoría jurídica han tenido que recurrir a la interposición de diversos recursos legales para no perder la protección que el Estado está obligado a proporcionarles.
Por lo anteriormente expuesto, reprobamos estas actuaciones del personal del Mecanismo de Protección y hacemos un llamado urgente a realizar una investigación con perspectiva de género de cada una las denuncias existentes, establecer los mecanismos idóneos para escuchar y recabar los testimonios de las usuarias que han visto vulnerados sus derechos, sancionar a quienes resulten responsables de los hechos denunciados, asegurar el otorgamiento de las medidas oportunas y necesarias y generar mecanismo de reparación integral para quienes fueron y están siendo afectadas.
Firman:
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Grupo Impulsor de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, conformado por:
Ana Karen López Quintana, Tamaulipas Diversa Vihida Trans, A.C.,c Tamaulipas
Aida Isela González Díaz, Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), Chihuahua
Martha Graciela Ramos Carrasco, Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua
Jaqueline Campbell Dávila, Asesora y Coordinadora de Comunicación de la Diócesis de Saltillo / Casa de la Constituyente, Coahuila
Imelda Marrufo Nava, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C., Chihuahua
Leticia Burgos, Red Feminista Sonorense, Sonora
Alicia Leal Puerta, Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León
Lucía Lagunes Huerta, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Ciudad de México
Laura Carlsen, Programa de las Américas, Ciudad de México
Lulú Barrera, Ciudad de México
Dolores González, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Ciudad de México
Clemencia Correa, Aluna, Acompañamiento Psicosocial, A..C., Ciudad de México
María Guadalupe Ramos Ponce Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres México (CLADEM,) Jalisco
Verónica Cruz, Las Libres, Guanajuato
Nora María Vargas Contreras, Equipo Mujeres en Acción Solidaria Michoacán (EMAS), Michoacán
Irinea Buendía, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,. Estado de México
Yesica Sánchez Maya, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, AC, Oaxaca
Diana Damián Palencia, Formación y Capacitación, A.C (Foca A.C), Chiapas
Alma Celia San Martín, Integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Veracruz