FOTO: Oxfam
En el marco del 25 de noviembre, ofrecemos datos sobre la violencia que enfrentan las defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
También hacemos un llamado a los Estados para que este 25 de noviembre el derecho de las mujeres a manifestarse y protestar sea garantizado y respetado en toda la región.
Según datos de nuestro Registro mesoamericano de agresiones contra defensoras, el pasado año se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Hacemos públicos estos datos en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La mayoría de estas agresiones (500) tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos; y se dieron en el espacio público, principalmente en la calle (56%); mientras que una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto. En tres de cada cuatro agresiones, identificamos elementos de discriminación por razones de género.
Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras de una vida libre de violencia, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferente nivel. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.
Una mirada a los países
En México, documentamos un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas, en cuyo marco se produjeron limitaciones, impedimentos y/ o ataques por manifestarse pacíficamente, violencia física y verbal, amenazas, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual (que implican tocamientos y desnudos no consensuados o coercitivos) durante acciones colectivas por la defensa del derecho a una vida de violencia. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país (38%).
En Nicaragua, se registraron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas (58%). Destacan las agresiones perpetradas por autoridades públicas que utilizan la legislación para retirar la personería jurídica e impedir la libertad de asociarse y el acceso a recursos financieros de organizaciones sociales. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, afectando tanto a las defensoras como a las mujeres víctimas de violencia que eran acuerpadas y acompañadas legal o psicológicamente por dichas organizaciones.
En Honduras, documentamos 70 agresiones contra 15 defensoras del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Destacan el hostigamiento y amenazas de agresión personal a defensoras que defienden este derecho. Casi la mitad de estas agresiones (47%) fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.
En El Salvador, las agresiones documentadas contra quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia (14) fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigidas a organizaciones, teniendo lugar en la calle (limitar el derecho a movilizarse, agresiones físicas y hostigamientos) y en el ámbito digital (hackeos, vigilancia y acceso no autorizado a cuentas o redes). Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado. En todas las agresiones registradas se identificaron elementos de violencia de género.
Las defensoras, actoras clave en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Las defensoras del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y procuran albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones. Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasa de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.
Finalmente, hacemos un llamado a los Estados para que este 25 de noviembre, el derecho de las mujeres a manifestarse y protestar sea garantizado y respetado en toda la región.