En este mes de enero 2024 conmemoramos 32 años de la firma de Los Acuerdos de Paz que pone de manifiesto la firme aspiración de todo un país para vivir en paz, y mediante el diálogo, tener un acuerdo de nación para avanzar en la construcción de la democracia y poner fin a más de una década de conflicto armado.

Los Acuerdos de Paz detallan diversos ámbitos en los que habría cambios relevantes como la Reforma a la Constitución Nacional, creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y el Tribunal Supremo Electoral, así como el fin del enfrentamiento armado, todo encaminado a una convivencia democrática y la garantía al respeto a los derechos humanos.

32 años después, el Estado salvadoreño, en vez de avanzar en ese sentido, insiste en negar la esencia de estos Acuerdos y seguir imponiendo mediante las armas, la fuerza y el Estado de excepción, la restricción de los derechos civiles y desvirtuar su responsabilidad sobre el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.

Ni la fuerza, ni las armas, ni gobiernos patriarcales y machistas han demostrado ser efectivos para establecer una paz real ni democrática en nuestro país. No puede existir una auténtica paz ni democracia cuando demandar el cumplimiento de un derecho humano, puede significar cárcel o la pérdida de la vida.

Desde la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos hemos denunciado las diversas violaciones que vivimos como defensoras por nuestra labor, solo entre 2020 y el 2022, registramos un total de 1,176 agresiones en contra de 125 defensoras de diversos territorios del país, sobre todo en el oriente y zona metropolitana, a ello se suma un total de 35 organizaciones que vivieron acoso, vigilancia e incluso allanamiento por parte de autoridades estatales.

Entre las violaciones a las defensoras está el ciberacoso en redes sociales y en plataformas informativas, amenazas, intimidación, criminalización, desprestigio y estigmatización. Los principales perpetradores de estas agresiones son funcionarios públicas - incluyendo al Presidente Bukele -, policías, líderes y fanáticos del partido de gobierno y grupos antiderechos entre otros.

La defensoras que han vivido estas agresiones realizan su labor como sindicalistas, comerciantes, activistas por los bienes comunes, la defensa del territorio, por el derecho al aborto, así como acompañantes de otras mujeres en casos de violencia ya sea en el ámbito íntimo o violencia institucional como las miles de mujeres afectadas por la repercusiones del Estado de excepción.

También las periodistas y comunicadoras han visto afectado su derecho a informar mediante el impedimento para realizar su labor por parte de funcionarios públicos e incluso instituciones que niegan la información pública. Han vivido el intento de criminalización de su labor, estigmatización de su labor de informar, el hostigamiento personal así como a los medios de comunicación y plataformas digitales.

La firma de los Acuerdos de paz reafirmaron el propósito enunciado en el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990 de "terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña".

Para que la paz y la democracia sea una realidad, es fundamental y urgente el respeto a los derechos humanos de toda la población y en todas su dimensiones.