El pasado 11 de marzo, la Policía Nacional Civil detuvo en su casa a la defensora Verónica Delgado. Tras diez días de estar detenida, el viernes 22 de marzo el juez decretó su libertad provisional con medidas sustitutivas, pero hasta hoy sigue privada de libertad. A Verónica la están criminalizando por supuestos cargos de “agrupación ilícita”. Esto sucede en el marco del régimen de excepción impuesto por el gobierno desde marzo de 2022, el cual permite a las fuerzas de seguridad actuar con total arbitrariedad.

Verónica es una defensora del derecho a la verdad, justicia y reparación, integrante del “Bloque de Búsqueda”, que busca a su hija Paola Jimena Arana, desaparecida desde el 26 de mayo de 2022 cuando tenía 17 años. La detención de Verónica se produjo dos días después de que, junto con otras integrantes del “Bloque de Búsqueda”, participara en la marcha por el Día Internacional de la Mujer de San Salvador, mostrando fotografías de sus familiares desaparecidas.

Verónica vive en la zona de Lourdes, Colón, la cual ha sido muy estigmatizada por la presencia de pandillas. La desaparición de su hija se produjo poco después de que ésta pasara trece días privada de libertad tras ser detenida, durante el primer mes del régimen de excepción, en una redada junto con otras personas jóvenes. Desde entonces no ha dejado de buscarla.

En el marco del vigente régimen de excepción, muchas madres y otras familiares se han convertido en defensoras del derecho a la verdad, la justicia y reparación. Sus procesos de organización colectiva y su labor se han hecho fundamentales, pues ellas son las que denuncian y dan visibilidad a las múltiples arbitrariedades y violaciones a derechos humanos, poniendo rostro y nombre a las víctimas: hijas, hijos, hermanas, hermanos, parejas, etc. Por ello resulta sumamente preocupante que se las criminalice y se las estigmatice como “pandilleras”; así como que se señale falsamente como “defensoras de delincuentes” a las organizaciones que las acompañan. 

La complejidad del grave problema de seguridad de El Salvador no puede ser abordada desde una perspectiva estrictamente punitivista y, mucho menos, sin garantizar los derechos fundamentales de la población a defenderse frente a las arbitrariedades que puedan producirse en el marco de un régimen de excepción durante el cual, tal y como han venido denunciando diversas organizaciones de derechos humanos, se han cometido de forma sistemática. No menos preocupante es que dicho régimen de excepción pueda ser usado para legitimar la criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos. 

Desde la IM-Defensoras exigimos la liberación inmediata de Verónica Delgado y hacemos responsable al Estado salvadoreño de cualquier vulneración a su integridad física y personal. 

Demandamos que el Estado garantice que organizaciones y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad y sin ser expuestas a discursos estigmatizantes; pues en el marco del régimen de excepción esta labor es fundamental para defender los derechos de quienes son víctimas de arbitrariedades. 

Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a la demanda de libertad para Verónica Delgado y a mantenerse al pendiente de la situación en El Salvador. 

También invitamos a la población, dentro y fuera del país, a solidarizarse con las madres buscadoras y el Bloque de búsqueda, exigiendo que no se criminalice su labor para encontrar a sus familiares.