El miércoles 10 de abril, María Ardón, madre de la defensora de derechos humanos Gladys Ardón, fue detenida arbitrariamente en su lugar de trabajo en el mercado La Tiendona, con base en una supuesta acusación anónima. Fue liberada horas más tarde, gracias a la denuncia pública, el acompañamiento y la presión ejercida por parte de organizaciones de derechos humanos y diversas expresiones de indignación ciudadana en redes sociales.
Según denuncian estas organizaciones, este hecho podría tratarse de un acto de intimidación contra Gladys Ardón motivado por su labor como defensora de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Gladys es la presidenta de la organización Esperanza SV y embajadora de la campaña “Nuestra voz, nuestro futuro”, la cual está promovida por el servicio de acción exterior de la Unión Europea en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas.
Esta detención se suma a otras recientes relacionadas con personas defensoras de derechos humanos, como la de la defensora buscadora Verónica Delgado, perpetradas en el marco del régimen de excepción impuesto en el país desde marzo de 2022, el cual permite a las fuerzas de seguridad y al sistema de justicia operar con absoluta arbitrariedad e impunidad. Datos recientemente publicados por organizaciones salvadoreñas dan cuenta de que en los dos años de imposición del régimen de excepción se han registrado 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, las cuales se traducen en 16,289 hechos o afectaciones.
Desde la IM-Defensoras condenamos la detención arbitraria de María Ardón y alertamos sobre el carácter intimidatorio de la misma hacia la fundamental labor que desempeña su hija, la defensora Gladys Ardón.
Nos preocupa que, como ya sucedió en mayo de 2023 con la detención arbitraria del hijo de la defensora Vidalina Morales, se busque atacar a las defensoras e inhibir su trabajo a través de agresiones hacia su entorno familiar.
Exigimos garantías para que las defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo en El Salvador en condiciones de seguridad, libres de señalamientos e intimidaciones, así como de las arbitrariedades y abusos posibilitados por el vigente régimen de excepción.
Llamamos a la comunidad internacional a unirse a estas demandas y a mantenerse vigilante de la situación en El Salvador.